"Despojar de los fueros a Traferri sería un antes y un después en la Justicia de Santa Fe"

La causa de juego clandestino provocó una crisis institucional en la provincia de Santa Fe, cuando la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) demostró la participación de policías, el fiscal regional de Rosario y un fiscal subalterno. El senador de San Lorenzo, Armando Traferri, fue señalado como organizador de la banda, pero no se lo pudo imputar porque la Constitución provincial (escrita en 1962) prevé fueros extraordinarios.

En diálogo con el programa Todo en UNO (de 7 a 9 en UNO 106.3), el fiscal de Delitos Complejos del MPA, Matías Edery, contó que el viernes pasado: "Presenté un recurso ante la Corte Suprema de la Nación para zanjar cualquier duda sobre la interpretación de las normas constitucionales y procesales que estamos cuestionando y que son las que nos impiden avanzar con la investigación de corrupción política respecto del legislador”.

“En Santa Fe las investigaciones de corrupción de los legisladores no se pueden desarrollar mientras los legisladores están en ejercicio de su función. Para nosotros esta cuestión es grave y coloca a la provincia en un escalón por debajo de lo que son estándares de investigación de corrupción que tiene el país y las convenciones internacionales, y por eso queremos que la Corte nacional zanje esta situación; esperemos que coloque a Santa Fe en el lugar que se merece en la lucha contra la corrupción”, explicó Edery.

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La Corte Suprema provincial ratificó en febrero la constitucionalidad de los fueros absolutos de los legisladores provinciales, impidiendo que Traferri sea citado a audiencia imputativa. El senador del departamento San Lorenzo fue señalado como organizador de los casinos ilegales. “Uno ve habitualmente legisladores nacionales que se presentan ante los jueces, incluso la misma vicepresidenta está siendo llevada a juicio y va cada vez que se la cita. Mauricio Macri asumió procesado a presidente y ninguna de esas instancias evitó que puedan ejercer sus funciones”, ponderó el fiscal.

Y remarcó: “Creemos realmente que la provincia de Santa Fe tuvo una oportunidad histórica de mostrar el camino en una materia que hoy es de las más importantes en cuanto a las investigaciones, que es la corrupción, y realmente adoptó un argumento conservador que coloca a Santa Fe a la saga de lo que es hoy la legislación nacional”.

“Creemos que Santa Fe y los santafesinos nos merecemos que nuestros funcionarios públicos rindan cuenta de la misma manera que los funcionarios nacionales”, agregó.

Según el fiscal a cargo de la causa, junto a Luis Schiappa Pietra, la causa ya ha avanzado mucho en estos dos años y solo resta definir la responsabilidad del senador Traferri. “Por lo único que hoy no está imputado en la causa es por la defensa corporativa que hacen sus pares”, aseguró. Además, expresó que “no es adecuado” que Traferri sea parte de la Junta Provincial de Seguridad. “La gente evidentemente va a perder mucho la confianza en este tipo de reuniones y en este tipo de circunstancias”.

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“Alvarado pudo subsistir por más de 12 o 13 años como uno de los lideres de narcotráfico de Santa Fe porque tenía un gran componente estatal y un gran componente policial que amparaban sus actividades”, advirtió Edery.

El próximo viernes los fiscales de la causa tendrán una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, convocada para analizar la actitud argentina y de la provincia de Santa Fe frente a la corrupción. “Las trabas a las investigaciones de corrupción generan responsabilidad internacional de los Estados, y lo empezamos a ver con este proceso que abre la comisión”, opinó Edery.

Finalmente, confirmó que despojar de los fueros al senador Traferri constituiría un antes y un después en la Justicia santafesina: “Para las investigaciones de corrupción, para el saneamiento institucional, para mostrar que el sistema penal no es selectivo y solamente investiga a las cuestiones mundanas, sino que puede investigar cuestiones muy importantes como la corrupción política”.

“La corrupción política termina repercutiendo en toda la sociedad. El dinero que tiene que ir para escuelas y seguridad va hacia otros lugares y la sociedad termina sufriendo un montón. Creemos que sí es un antes y un después”, concluyó.

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