Casas tomadas: la provincia presentó su informe a la jueza

El gobierno de la provincia presentó este miércoles un escrito ante la jueza Sandra Valenti –que entiende en la causa de las usurpaciones–, como respuesta a un pedido de la magistrada, que solicitó la realización de informes relativos a la situación en los barrios Santa Rita II y Las Delicias, donde se ocuparon de forma irregular los planes habitacionales de 180 y 84 viviendas, respectivamente. Asimismo, el Estado ratificó su decisión de dialogar y resolver la situación de aquellas familias que tienen reales necesidades, siempre y cuando abandonen las viviendas.

El escrito, firmado por la directora provincial de Vivienda y Urbanismo Alicia Pino, deja en claro que “en fecha 4 de abril un grupo de personas, que se trasladaban en colectivos urbanos de la línea 18, usurparon mediante la utilización de violencia y con el fin de apropiarse, destruyendo cerco perimetral y forzando las puertas de aquellas viviendas que las poseían, el predio propiedad del Estado Provincial, el que se encontraba cercado y con policía adicional como custodia, encuadrando esta acción en lo tipificado por el artículo 181 inciso 1º del Código Penal” (delito de usurpación).

Asimismo, el informe indica que el predio usurpado (el primero de ellos, de 180 viviendas) presentaba al momento de la ocupación un avance del 77,31por ciento en el rubro vivienda y del 32,7 por ciento en infraestructura, por lo que las viviendas no se encuentran en condiciones de habitabilidad.

“En cuanto a las medidas de seguridad, desde 2009 a la fecha, la dirección de Vivienda y Urbanismo se encuentra abonando adicionales por guarda policial, mientras se avanzaba con los trámites de rigor para retomar la conducción de la obra”, prosigue el escrito.

El primer acuerdo

Más adelante, Pino relata que luego de tomar conocimiento de la usurpación, la DPVyU formuló la denuncia pertinente, concedió audiencia a los usurpadores y mantuvo reuniones con el Ministerio de Seguridad.

“En tal sentido se suscribió un acta en fecha 4 de abril, con el único objetivo de lograr la desocupación de las viviendas y de este modo hacer cesar los efectos del accionar ilícito”, reza el escrito, para luego afirmar que “en el transcurrir de ese día se verifica la consolidación de la usurpación, mediante el arribo de más ocupantes, muebles, conexiones clandestinas de luz y agua, valiéndose de un abuso de confianza derivado del desconocimiento de lo acordado, no verificándose voluntad de desocupación pacífica de las viviendas, sino que se agravó la situación, lo cual dio origen a que la DPVyU tuviera por decaída el acta acuerdo, por el incumplimiento de los ocupantes”.