Clubes históricos de la Isla Sirgadero en pie de lucha contra intereses privados y el avance de irregularidades

La ribera de la ciudad de Santa Fe, particularmente la zona noroeste de la Isla Sirgadero, se convirtió en un campo de batalla silencioso donde la tradición náutica y social de los clubes históricos se enfrenta a la especulación inmobiliaria y a la impunidad de los ocupantes ilegales.

El principal reclamo de los referentes de las históricas instituciones deportivas como el Yacht Club Santa Fe, Tribu Guácharos y Los Tobas, es unánime: "Frenar el desastre ambiental, las irregularidades edilicias y las usurpaciones".

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Desde el Yacht Club Santa Fe, una de las entidades náuticas más emblemáticas de la ciudad, Leandro Cinaglia, miembro de la CD, resumió el panorama como una "lucha de años": "Llevamos 25 o 30 años con la misma problemática".

El club enfrenta una usurpación histórica en un terreno con escrituras en regla, un conflicto que se eterniza en la Justicia. "Sabemos que los tiempos de los clubes no son los mismos que los tiempos de la justicia", lamentó.

Pero el problema no solo es la defensa de lo propio, sino la imposibilidad de crecer para atender la creciente demanda náutica de la ciudad. Cinaglia explicó que la falta de un "título perfecto" en una porción de tierra indivisa, propiedad del club, les impide construir una guardería náutica vital para embarcaciones mayores a 20 pies, un segmento que hoy no encuentra lugar en Santa Fe.

El Yacht Club Santa Fe, Tribu Guácharos y Los Tobas, alzaron la voz contra la avanzada de ocupas y privados

Usurpación, desastre ambiental y vías de acceso anuladas

La situación se vuelve más dramática al descender en la escala de recursos. El arquitecto Marcelo Cerati, presidente de la Agrupación Tribu Guácharos —una entidad con 91 años de existencia—, traza un panorama de deterioro irreversible. "Hubo sucesivas usurpaciones de distintos tipos, el lugar se desmejoró de tal manera que perdió toda la fisonomía natural que tenía", explicó.

Cerati denunció una serie de "acciones maliciosas" que incluyen "impacto ambiental, elevaciones y alteos desmedidos y usurpación de espacios públicas". El presidente de la Agrupación Tribu Guácharos señaló que hasta el acceso natural por la playa, que en sus escrituras figura como el ingreso histórico, fue desvirtuado. Actualmente, la institución lidia con un ocupa que "se instaló con la familia aprovechando justamente todas estas cuestiones de ilegalidad".

Por otra parte, la avanzada de los privados llegó a su punto más álgido en el Club Náutico Los Tobas. Ángel Piedecasas y Ricardo Blanche detallaron cómo "un alteo realizado por un privado les quitó la salida al río y la vista histórica del Puente Colgante".

"Nos metieron 300 camionadas de tierra y sacaron la playa o la costa pública", denunció Piedecasas. Según explicó el presidente de Los Tobas, este bloqueo impactó directamente en su masa societaria, que pasó de 250 a 100 socios, obligándolos a subsistir a base de rifas, polladas y alquileres del salón para poder pagar servicios básicos.

Con el Decreto Nº 2819/23, el Gobierno provincial determinó oficialmente la Línea de Ribera a fin de esclarecer los límites del dominio público y del privado.

"Somos los payasos de la fiesta"

La frustración se concentra en la omisión de la ley por parte de muchos actores con fuertes intereses inmobiliarios. Ricardo Blanche, uno de los gestores de la lucha de Los Tobas, sentenció: "La problemática de la isla es que cualquiera hace cualquier cosa, cualquiera hace lo que se le antoja".

Blanche hizo referencia al desastre ambiental: "Hubo una extracción de 30.000 metros cúbicos de tierra del medio de la isla para altear la costa y todo ocurrió ante los ojos de las autoridades".

La indignación es palpable: "Seguimos siendo los payasos de la fiesta. Somos los que pedimos permiso para trabajar", afirmó Blanche, quien tardó siete años en obtener todas las habilitaciones para instalar su guardería náutica.

Los referentes concluyeron en afirmar que "solo el cumplimiento de la ley puede mejorar la situación". "Hay una omisión a una ley que es muy clara, no a una, a dos leyes y un decreto. Y la omisión es un delito", sentenciaron los referentes de los clubes náuticos quienes cansados de los reclamos, se animaron a visibilizar un conflicto que amenaza con borrar la identidad náutica y social de la ribera santafesina.