Con demoras y burocracia la Nación no compensa a la EPE

A principios de junio pasado la provincia adhirió al Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas, a partir del cual la EPE suspendió durante 2014 cualquier incremento en el precio de la luz y en contrapartida la Nación financiará las obras que estaban previstas para este año. Sin embargo, hasta ahora solo enviaron 20 millones de pesos –el compromiso es de 700 millones– y hay preocupación en Santa Fe, tanto por la demora en la remisión de recursos como por las barreras burocráticas que deben sortear en cada trámite.

En diálogo con Diario UNO, el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, dijo que hasta ahora “costó bastante” y es “muy complicado” acelerar los términos del acuerdo porque su implementación tiene un alto componente burocrático. Según contó, la Nación solicitó que las empresas de energía hagan licitaciones que no superen los 20 millones de pesos y como control requiere la certificación de las obras.

Aun cumpliendo con esos requisitos, luego hay que desandar el espiral de requerimientos y papelería que se necesitan para cada trabajo o compra de material. “Se trata de un proceso muy lento el que está previsto en el Plan de Convergencia y, además, a nosotros nos obliga a tener mucha gente del ministerio y de la EPE trabajando en cada trámite en particular. Es un seguimiento constante, de día a día, que se debe hacer con nuestros pedidos”, se quejó el funcionario.

De todas formas, confía que el cambio de algunas autoridades en el orden nacional –en Enarsa– ayuden a generar un sistema administrativo más ágil y fácil para la certificación de las obras y la presentación de documentación. “Desde junio solo nos entregaron 24 millones de pesos de todo lo que hemos mandado, y ya hemos hecho varias presentaciones de certificados por 20 millones. Igual, nosotros estamos al frente de una empresa que pensamos recuperar como nunca antes, tanto en instalaciones, como equipamientos y recursos humanos”, añadió.

Por ese motivo, el ministro dijo que “es indispensables hacer las obras de las licitaciones” ya que el plan de recuperación de la EPE no puede tener demoras para no afectar a los usuarios. En 2014, el gobierno de Santa Fe había previsto en unos 1.050 millones de pesos los recursos necesarios para afrontar las inversiones –750 millones en obras y compra de materiales y otros 300 millones por los acuerdos salariales– y la idea era financiarlo con el presupuesto vigente y una actualización de las tarifas.

Mientras se hacían los análisis de costos en abril y mayo apareció el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas, que primero el Estado provincial no quiso firmar y después aceptó cuando se limaron algunos números. Hasta ese momento Santa Fe tenía la intención de aumentar entre el 20 y el 22 por ciento el precio de la luz, pero optó por no hacerlo en tanto y en cuanto la Nación se encargaría de financiar sus inversiones. Para ese entonces la EPE tenía en la calle 350 millones de pesos licitados que quedaron afuera del convenio.

“Más allá de todo lo que pase, el doctor(Antonio) Bonfatti está decidido a hacer todas estas obras y ejecutar todos los trabajos. Hasta diciembre de este año no podemos hacer ningún tipo de ajuste tarifarios y por eso esperamos que se cumplan los compromisos porque la EPE es una máquina de invertir recursos”, evaluó el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, y dijo que “de algún lado va a tener que salir el dinero”.

“Ni (el Ministerio de) Economía ni el gobernador nos dijeron que paremos. Estamos viendo qué sucede con este convenio, pero a Edenor y a Edesur (las prestadoras privadas de Capital Federal y el conurbano) le pagan el sueldo. Nosotros vamos a seguir presentando certificados por 20 millones de pesos, algo así como 55 o 60 millones de pesos al mes. Vamos a abarrotar las oficinas nacionales de papeles y por eso un grupo importante de funcionarios de la EPE está dedicado exclusivamente a eso”, concluyó Antonio Ciancio.

“Nos ha costado mucho a los santafesinos que esta empresa permanezca en la órbita del Estado, por lo tanto, no podíamos arriesgarnos a desfinanciarla. No obstante, siempre expresamos la voluntad de acordar el congelamiento de la tarifa, teniendo en cuenta estas salvedades”, fue lo que dijo el gobernador Antonio Bonfatti a comienzo de junio pasado cuando firmó el programa de convergencia con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Subsidios a los privados

En el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente hay malestar porque por un lado la Nación demora la cancelación de sus compromisos del programa de convergencia eléctrica, pero por el otro, financiará el pago de los salarios de los trabajadores de las prestadoras privadas de Capital Federal.

La semana pasada Edenor y Edesur informaron que sus ingresos no les alcanzan para pagar los sueldos del personal y, por eso, le pidieron auxilio al Gobierno. Entre los argumentos figuraban el incremento de costos por la inflación, los acuerdos paritarios y la imposibilidad de ajustar tarifas para cumplir con sus obligaciones.

A partir de un acuerdo con ambas empresas, indicaron fuentes periodísticas en Buenos Aires, Edesur pudo abonar los salarios con esos recursos. En total, habría recibido unos 650 millones de pesos del Estado nacional para cubrir los aumentos salariales entre mayo de este año y abril del próximo.

De acuerdo a las mismas fuentes, algo similar ocurrirá con Edenor, que tiene necesidades mayores. No obstante, los problemas para hacer frente a los sueldos no son los únicos que acusan esas distribuidoras. A principios de mes, proveedores de materiales denunciaron que no les pagaban por los insumos.