Conflicto por el nuevo edificio de Tribunales: el MPA presentó un recurso de revocatoria contra la Corte y exige frenar el traslado de oficinas

La inminente inauguración del nuevo edificio anexo del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Fe, fijada para el próximo 30 de junio de 2026, quedó envuelta en un severo conflicto institucional que sumó un nuevo capítulo de enfrentamiento. Lejos de llegarse a un acuerdo por la distribución de las oficinas, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el respaldo del Ministerio Público de la Defensa (MPD), interpuso un recurso de revocatoria acompañado de un pedido de medida cautelar de "no innovar" contra la Corte Suprema de Justicia de la provincia, con el objetivo de congelar cualquier mudanza o reasignación de espacios.

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La presentación judicial de los órganos penales llegó como una respuesta drástica e inmediata al último intento de la Corte por destrabar el conflicto. El máximo tribunal, encabezado por Rafael Gutiérrez, había ofrecido formalmente ceder el sexto piso de la nueva estructura y transferirles el edificio completo de Peatonal San Martín 2651 (donde hoy funciona el Fuero Laboral). Sin embargo, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora provincial Estrella Moreno Robinson rechazaron tajantemente la propuesta al considerarla un apartamiento de las condiciones pactadas originalmente en 2021.

Las dos posturas en la disputa por el nuevo anexo judicial

La mudanza de los fueros al mega complejo de más de 22.000 metros cuadrados cubiertos detrás de los tribunales tradicionales abrió una profunda grieta de criterios administrativos y constitucionales.

“Los edificios se pagan con dineros públicos. El Estado provincial se endeudó para pagar el Centro de Justicia Penal. Debemos estar ahí no por bienestar nuestro, sino para dar la respuesta que tenemos que dar desde el sistema de justicia penal”, argumentó con firmeza la defensora general Moreno Robinson.

Los tres ejes de la impugnación del MPA

El escrito presentado ante las autoridades judiciales esmerila las resoluciones de la Corte Suprema (Actas Acuerdo n.° 4 y n.° 23) a través de tres argumentos de alta sensibilidad jurídica, financiera y política para la provincia:

Arbitrariedad y ruptura de convenios: los ministerios públicos señalan que el alto tribunal modificó de forma unilateral el destino de los planos de obra que ya contaban con un diseño y un cableado informático preadjudicado para la Fiscalía y la Defensa en los pisos cuarto y quinto.

Violación de la reforma constitucional de 2025: el recurso invoca de manera taxativa la Cláusula Transitoria Décimo Sexta de la nueva Carta Magna santafesina, aprobada a fines del año pasado. Dicha norma prohíbe de manera expresa alterar el uso o el destino de los bienes e inmuebles afectados al Ministerio Público sin que medie un consentimiento explícito de sus autoridades.

Presunto desvío ilegal de fondos públicos: los recurrentes recuerdan que la construcción del anexo se financió a través de un crédito específico de la Ley Provincial 13.543, cuyo objeto exclusivo era el "Centro de Justicia Penal de Santa Fe". Bajo esa línea, advierten que mudar a ese espacio físico a juzgados del fuero Laboral o Civil desvirtúa la finalidad legal del endeudamiento.

Alerta de "daño irreparable" y reserva del Caso Federal

Dada la velocidad de los plazos reglamentarios —la inauguración oficial contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro este martes—, el MPA fundamentó la urgencia de la medida de "no innovar" bajo el concepto de periculum in mora (peligro en la demora). Los fiscales advierten que si otras dependencias ajenas al fuero penal toman posesión física de las oficinas en pugna, el perjuicio operativo sobre las investigaciones criminales de la ciudad será irreversible.

El litigio promete escalar por fuera de las fronteras de la bota santafesina. En el tramo final del documento, el MPA dejó asentada la reserva para acudir de forma directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluso ante tribunales internacionales, denunciando un avasallamiento institucional que afecta de manera directa las garantías de la división de poderes y el acceso a la justicia penal en la capital de la provincia.