Creció el número de mujeres asistidas y rescatadas de la trata

El año pasado 171 mujeres fueron asistidas y rescatadas en operativos realizados en todo el territorio provincial por la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Seguridad.

Al respecto, la directora del área, Mónica Viviani, destacó que el crecimiento en los resultados positivos de los procedimientos –comparando el bienio 2011/2012– tiene que ver con “el apoyo que recibimos desde el Ministerio de Seguridad, sobre todo en el aspecto logístico, en la consolidación de nuestro equipo y en haber afianzado el trabajo conjunto con los tribunales de Santa Fe, Rosario y de otras jurisdicciones judiciales de la provincia”.

Del total de mujeres asistidas y restituidas a sus hogares durante el año pasado, el 21 por ciento de ellas son de origen extranjero, mayoritariamente de República Dominicana y de Paraguay. “La situación de vulnerabilidad que estas mujeres atraviesan en sus países es totalmente diferente a las que pueden vivir acá, a pesar del sometimiento y de la actividad que realizan. Las víctimas suelen manifestar que son madres y que tienen problemas económicos, situación que las lleva a aceptar alternativas laborales precarias, ambiguas o engañosas”, precisó Viviani, sobre este fenómeno, que sobre todo se visualiza en los procedimientos realizados en el sur de la provincia.

Las víctimas de trata y de delitos conexos suelen ser muy jóvenes. Según los resultados obtenidos en 2012 por la Dirección de Trata de Santa Fe, el 11 por ciento de las mujeres rescatadas no tenían más de 18 años; en tanto que las más grandes no superaban los 30.

Las cifras también son elocuentes respecto a los explotadores –regentes o administradores– de los sitios allanados. Durante el año pasado fueron detenidas 60 personas, de las cuales el 45 por ciento son mujeres, situación llamativa, ya que las víctimas de trata y de delitos conexos también son mujeres. “Creo que es un círculo, porque estas mujeres que hoy son detenidas y que actúan como regentes o encargadas en su momento también fueron sometidas y vulneradas por los explotadores, hombres o mujeres que ejercían el poder sobre ellas”, dijo Viviani al explicar la inversión de roles que se produce regularmente con mujeres que de víctimas pasaron a ser victimarias.

El año pasado se realizaron 32 allanamientos en departamentos privados y locales comerciales con rubros distintos a los declarados en Cañada de Gómez, Ceres, Melincué, Pérez, Rafaela, Recreo, Rosario, San Carlos, Santa Fe y Santo Tomé.

El 84 por ciento de esos lugares fueron clausurados. No obstante, algunos de ellos fueron allanados y clausurados en más de una ocasión. “Esto depende no sólo de nosotros como Dirección y del Juzgado, sino también del compromiso que tiene que tener el municipio donde se allana” indicó Viviani.

En tal sentido, explicó que “hemos compartido procedimientos con municipios y comunas con resultados positivos” y mencionó que “algunos de ellos sancionaron ordenanzas que prohíben la habilitación de cabarets, wiskerías y negocios similares”.

En tanto que en Arroyo Aguiar, San Gregorio y Vera se realizaron el año pasado procedimientos por pedido de paradero de menores de edad.

Viviani precisó que al momento de allanar un negocio “en primera instancia se detecta quiénes son las víctimas, los potenciales clientes prostituyentes y los encargados o regentes”.

Luego, lo inmediato es sacar de ese lugar a las víctimas para llevarlas a un sitio seguro –por lo general una dependencia del gobierno provincial o municipal– para asistirlas y contenerlas junto con un equipo conformado por un abogado, una asistente social y un psicólogo. El propósito es transmitirles a las mujeres tranquilidad y seguridad a partir de una evaluación individual.

Luego se da intervención a otros organismos del Estado, como la Secretaría de Derechos Humanos; la Subsecretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; Dirección Provincial de Políticas de Género; el Centro de Atención a la Víctima y la Defensoría del Pueblo.

Cumplida dicha instancia, las menores de edad son restituidas a sus progenitores y a las mujeres mayores de edad se les facilita la vuelta a su hogar.

Viviani indicó que hay dos tipos de investigaciones que se llevan adelante desde la Dirección a su cargo, previo a un procedimiento. Una es la proactiva, que “son las que realizamos de motus propio por tener conocimiento que en un determinado lugar se estaría cometiendo un delito de trata o cualquier otro delito conexo, sin necesidad de que alguien haga una denuncia”, explicó.

La otra modalidad corresponde a las investigaciones reactivas, que “son las que nos llegan directamente por denuncia de un ciudadano, o por alguna investigación ordenada por un juzgado o por alguna fiscalía en un hecho concreto y determinado”, agregó.

En ambas instancias, “desde la Dirección reunimos todos los elementos justos y necesarios para determinar si ese delito realmente corresponde a trata o a delitos conexos que está dentro de la legislación vigente”, y luego se procede, señaló Viviani.

El 19 de diciembre del año pasado, el Congreso de la Nación realizó modificaciones a la ley nacional N° 26.364 de prevención y sanción del delito de trata de personas.

Entre otros cambios, se introdujo el ofrecimiento como uno de los elementos que configuran el delito de trata; se eliminó el consentimiento de la víctima como atenuante, se agravaron las penas para los victimarios, se estableció el modo en que debe tomarse declaración a las víctimas y se dispuso la creación de organismos para la lucha contra la trata de personas, entre otros puntos.

Viviani celebró las modificaciones introducidas porque “se agrega el tema del ofrecimiento y se deroga el consentimiento, esto es muy importante porque antes hablaban solamente de menores. Ahora la ley es más amplia y es mucho más dura la pena”, señaló.

La directora de Trata consideró que “lo del consentimiento es fundamental, porque antes llegábamos y las chicas nos decían que estaban ahí por su propia voluntad. Hoy no vale más eso”.

“Es muy importante tener en cuenta la vulnerabilidad, porque hay algunos factores y carencias que en algunos casos son aprovechados por los explotadores regentes que van induciendo a la potencial víctima para que se introduzca en este mundo”, precisó.

Por último, Viviani reflexionó que las modificaciones introducidas a la ley nacional “van a tener un efecto muy positivo para nuestro trabajo y para ayudar en la concientización de la sociedad, que puede colaborar en la lucha activa contra esta aberrante forma de esclavitud que es la trata de personas. Con la nueva ley podemos convocar a la sociedad para enfrentar entre todos este flagelo y ampliar la mirada sobre esta problemática”.

La Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas es un organismo que depende de la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos, del Ministerio de Seguridad de la provincia.

Fue creada en 2007 mediante resolución de la jefatura de policía, en mayo de 2012 pasó a depender operativamente del Ministro de Seguridad y en octubre de dicho año se dispuso su actuación bajo la órbita de la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos.

Tiene dos delegaciones, una en la ciudad de Santa Fe, que cubre el centronorte de la provincia; y otra en Rosario, que abarca la zona sur.

El área también realiza actividades de concientización, como la distribución de folletería; y charlas en escuelas de la provincia.

Para obtener información y hacer denuncias comunicarse al teléfono 0342 4619923, internos 6233/6234; o al correo electrónico [email protected]