Criticaron el operativo desalojo en el barrio de viviendas Santa Rita II

 Ayer, diferentes organizaciones sociales cuestionaron el desalojo que se realizó el miércoles en el barrio Santa Rita II. Indicaron que no se cumplieron con los puntos que había marcado la jueza Sandra Valenti para el operativo e insistieron con que es necesario abrir espacios de diálogo con las familias que todavía quedan ocupando el predio.

Cabe recordar que el miércoles por la mañana se dispuso un operativo en el que cinco familias fueron retiradas, por la fuerza pública, de las viviendas que ocupaban en barrio Santa Rita II. Sólo en uno de esos casos hubo inconvenientes y una mujer resultó herida. Luego, fue detenida. En los demás, las familias abandonaron pacíficamente los inmuebles y el gobierno les facilitó un albergue para pasar un tiempo hasta que encuentren otra vivienda.

Si bien para el gobierno el operativo se realizó con normalidad –a excepción de ese único caso–, diferentes agrupaciones sociales, que habían acompañado a las familias que usurpaban esas casas, emitieron un comunicado en el que criticaron las acciones encaradas.

“Diferentes organizaciones políticas, de derechos humanos, sociales, territoriales, culturales, estudiantiles y barriales denunciamos públicamente y legalmente que el gobierno provincial realizó el 8 de enero de 2014 un procedimiento de desalojo sin cumplir los requisitos fijados por la señora jueza, doctora Sandra Valenti y pedimos la investigación del supuesto delito de desobediencia judicial”, indicaron en el documento.

Y detallaron las violaciones que detectaron y que registraron en una serie de videos que luego colgaron en YouTube. “Destacamos algunas desobediencias concretas que son de fácil comprobación. No se asignó vivienda a ninguno de los desalojados; no estaba identificado el personal que no era policial; había más policías que ocupantes; las mujeres fueron desalojadas por personal masculino; la Subsecretaría de la Niñez no labró el acta ni informe pormenorizado ninguno; no hubo puestos sanitarios, ni ambulancias, ni enfermería, ni agua; la Secretaría de Derechos Humanos no supervisaba el respeto a los derechos humanos de las personas de acuerdo a su función; y la ONG que se hizo presente no tiene vinculación ni trayectoria en derechos humanos, es una asociación vecinal del barrio Liceo Norte”, enumeraron.

Más diálogo

El comunicado fue firmado por la Corriente Clasista y Combativa (Mesa Provincial y Nacional), la Secretaría Nacional de Acción Social CTA, el MOI-CTA (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos), MEDH (Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos), Madreselva, el Centro Cultural y Social El Birri, el Colectivo de Acción Territorial El CUCO (barrio Cabal y Las Lomas), Liberpueblo, ALDE (Frente Estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL), Senderos (Agrupación de Trabajo Social), revista y movimiento cultural Pandora, Anusate (Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad de ATE), Federación de Estudiantes Secundarios Organizados, CEEIS (Centro de Estudiantes de la Escuela Industrial Superior), CEEB (Centro de Estudiantes de la Escuela Bustos), Agrupación Iyambae, Revista Quimera, Juventud Comunista Revolucionaria, MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), PO (Partido Obrero), PCR (Partido Comunista Revolucionario), PTP (Partido de los Trabajadores y el Pueblo).

Por último, los referentes de las organizaciones manifestaron que desean que, con las familias que aún quedan en el lugar, se trabaje de otra manera, con más comunicación.

“Reiteramos que los siguientes pasos sean a través de una mesa de diálogo con las familias que se encuentran ocupando sin la actuación de la fuerza pública para no generar los hechos de violencia que pasaron en ese día”, remarcaron.

Documentos

Los referentes de las agrupaciones también difundieron una serie de links de YouTube donde colgaron los videos de cómo registraron ellos las actuaciones de la policía y de las dependencias del Poder Ejecutivo que participaron en el operativo.

Cabe destacar que se llegó a esa medida el miércoles, tras instancias anteriores de negociación donde otros ocupantes de las viviendas optaron por retirarse voluntariamente y accedieron a beneficios económicos.