Debate político sobre si debe haber Fuero Penal de la Niñez

A instancia de la Universidad Nacional del Litoral, se organizó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales una jornada de debate sobre la necesidad de sancionar un Código Procesal Penal Juvenil para la provincia de Santa Fe. Especialistas en derechos de niñez y adolescencia brindaron sus puntos de vista y también se presentaron dos proyectos: uno del diputado justicialista Eduardo Toniolli, y el otro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La idea central de la iniciativa que presentó el dirigente del Movimiento Evita es la creación del Fuero Penal de la Niñez (uno en el sur y otro en el norte de la provincia), Colegios de Primera Instancia de la Niñez (uno en el sur y otro en el norte), Cámaras de Apelación Penal de la Niñez (una en el sur y la otra en el norte), fiscales de Niñez (dependiente del Ministerio Público de la Acusación) y defensores de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Por su parte, el anteproyecto que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe enviará en los próximos días a la Legislatura contiene muchas similitudes ideológicas con el texto de Toniolli pero no habla de la creación de un fuero propio. Según lo expresado a Diario UNO, el objetivo es utilizar el mismo Código de Procedimiento Penal para adultos en los menores en conflicto con la ley penal, teniendo en cuenta las especialidades del caso.

“Nosotros concebimos al derecho que regula la situación de los jóvenes no como algo diferente sino como un derecho penal especial”, opinó el ministro Juan Lewis. O sea que no se pensó en un régimen procesal penal juvenil con procedimientos propios, distintos al sistema de adultos, sino en una herramienta complementaria porque los jueces estarán obligados a resolver la culpabilidad o no del chico acusado.

“No nos hemos dado a la tarea de hacer un régimen procesal penal enteramente distinto a lo que es el proceso penal en la provincia de Santa Fe, sino que sólo se regula la especialidad. Es decir, se toma como base la línea procedimental del sistema de adultos y se regulan aquellas cosas que en virtud de la especialidad de régimen penal juvenil deben ser hechas de una manera distinta”, explicó el funcionario.

Sin embargo, el legislador del PJ consideró que el proyecto del Ejecutivo no ayudará a que la Justicia tenga en cuenta la especialidad del caso (se juzga a un menor) sino que acentuará “la adultización” del proceso. Allí radica la gran diferencia que tienen ambos códigos, y que también divide las opiniones de los especialistas.

Por ejemplo, Emilio García Méndez se acerca más a la postura del gobierno y el defensor penal juvenil de La Plata, Julián Axat, a la mirada del kirchnerista. En ambos casos se respetan las premisas emanadas de la ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; de la Convención de los Derechos del Niño; y de otras convenciones internacionales en las que el país es firmante.

Con estado parlamentario

Otro aspecto en el que no hay coincidencias entre Toniolli y Lewis refiere a las “medidas socioeducativas”. El oficialismo quiere que ese tipo de resoluciones no dependan del juez (que sólo tendría que juzgar las responsabilidades penales) sino de áreas específicas del Ejecutivo provincial que trabajen en la temática, y el kirchnerismo deja esa facultad en manos del juez de Garantías.

“En los casos en que se determine la responsabilidad de un chico (de 16 a 18 años) en la comisión de un hecho calificado por la ley como un delito, el juez de Garantías deberá evaluar la aplicación de medidas socioeducativas”, dice el texto que ya presentó Toniolli en la Cámara baja. Entre esas posibilidades están la “amonestación severa en presencia de sus padres, tutor o guardador y el defensor; disculparse con la víctima o sus representantes a opción de éstos; reparación del daño o lesión ocasionados por el delito; y adopción de oficio o profesión a partir de la asistencia a talleres de enseñanza o capacitación”.

Para ello, “el juez tendrá en cuenta para la imposición de las medidas, la edad, desarrollo físico y capacidad de cumplirlas”. Además, se prevé que en todos los casos deba “intervenir el Equipo Técnico Interdisciplinario y se comunicará la decisión a la autoridad de aplicación administrativa a cargo del control de la ejecución de la medida”.

Con el objetivo de no desvirtuar el peso de las penas, se indicó en la iniciativa de Toniolli que “las medidas socioeducativas a aplicar deberán ser proporcionales a la gravedad del hecho cometido”, pero que esas medidas “nunca consistirán en privación de la libertad”. Incluso se prevé que “la privación de libertad sea sólo una medida de último recurso” y aplicada “por el período más breve posible, debiendo cumplirse en instituciones específicas para niños, separadas de las de adultos, a cargo de personal especialmente capacitado teniendo en cuenta las necesidades de su edad”.

Por último, es de remarcar que el Código Procesal Penal Juvenil que está desarrollando el gobierno formaría parte –con la particularidades propias del caso– del Código Procesal Penal de adultos, que comenzará a regir íntegramente a partir del 10 de febrero de 2014, y el proyecto del kirchnerista Eduardo Toniolli es un procedimiento con más de 110 artículos y un sistema sólo para menores en conflicto con la ley penal.