Divulgación de material sexual infantil: la jueza afirmó que "la fiscalía nunca mencionó que el acusado trabajaba en el hospital Alassia"

La jueza santafesina María Celeste Minniti explicó los motivos por los cuales el empleado del Alassia, acusado de participar de una red de divulgación de material sexual infantil, concurrió este lunes a trabajar a dicho hospital.

La magistrada ordenó la liberación del hombre 48 horas después de haber sido detenido y acusado. Justificó su accionar afirmando que "la fiscalía nunca mencionó que el acusado trabajaba en el hospital Alassia".

El imputado es Matías J., detenido el pasado martes por la mañana en 1º de Mayo al 3000 en la capital santafesina, en el marco de un operativo nacional e internacional denominado "Aliados por la infancia".

El dato llamativo es que este lunes, quien fuera acusado de tales cargos se apresentó en su lugar de trabajo en el nosocomio infantil de barrio Roma, puesto que no pesaba sobre él una limitación para hacerlo.

El hecho de que no se hayan tomado medidas cautelares en la audiencia imputativa para que el acusado no pueda asistir a su ámbito laboral en el hospital de niños donde se atienden menores de 14 años de edad causó resquemor, teniendo en cuenta los cargos de partícipe de una red que difunde material sensible de menores.

José Busiemi/UNO Santa Fe

"De haberse sabido las medidas cautelares hubiesen sido con otro alcance"

En este contexto, la jueza María Celeste Minniti dialogó con LT10 sobre su decisión y justificó: "Con la nueva reforma del Código Procesal Penal las audiencias son públicas, los jueces cuando resolvemos lo hacemos en base a la información que nos dan las partes. No tenemos escritos a la vista, nos nutrimos de la información que hay de cargos del imputado y cual es su defensa al momento de la audiencia en base a lo que las partes nos dicen, sin tener ninguna documentación. Las partes tienen que hacer un esfuerzo y demostrar de que tienen la prueba necesaria para acreditar de que el hecho probablemente se cometió".

Minniti afirmó que en el momento de tomar la decisión de dejar en libertad al individuo desconocía su condición de empleado del Alassia. Sobre esto expresó: "En realidad la fiscalía solicitaba una imputación mucho más gravosa que consideré que por el momento no se encontraba acreditada. Mas allá de eso, desde la fiscalía nunca se mencionó que esta persona trabajaba en el hospital Alassia. No fue referido ni de parte de la fiscalía, ni de la defensa. De haberse sabido, las medidas hubiesen sido con otro alcance".

Jueza María Celeste Minniti.

Postura del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud afirmó a UNO Santa Fe que este mismo lunes, luego de que se haya presentado en su puesto de trabajo en el Alassia "se aseguró que se pudiera retirarse del mismo y no se reintegre en lo inmediato".

La cartera sanitaria aguarda nformación que solicitó al MPA para definir las medidas preventivas en un proceso disciplinario, que se iniciaría con esas precisiones sobre la causa.

Al ser consultada sobre una posible razón por la cual pueda pesar la decisión de la fiscalía de no acreditar la condición de empleado del hospital de niños, la jueza reconoció: "Desconozco, son estrategias de las partes. Esos otros datos se piden a la hora de hacer lo que se llama "el conocimiento de visu, que es cuando se realiza una condena por ejemplo para saber las capacidades que tiene una persona, saber cual es su grado de formación, etc".

La magistrada remarcó: "Cuando se hace una audiencia imputativa generalmente se piden los datos de identidad para corroborar que quien se está tratando en ese momento es la persona que se dice imputar, no se le piden todos los datos. Yo no puedo decir como hubiese sido mi resolución, era un dato que yo desconocía".

Allanamientos

El pasado martes se llevó a cabo una serie de allanamientos en Argentina y en otros países en el marco de la tercera operación internacional “Aliados por la Infancia”, que tiene como objetivo desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil que operan a nivel mundial. Como resultado, detuvieron a 15 sospechosos.

En total, hubo 33 procedimientos que estuvieron impulsados por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U. S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Ambas instituciones cooperan mutuamente para combatir la explotación sexual de menores a partir de la utilización del sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)” y “Child Protection Sistem (CPS)”.