El gobierno impulsa la desregulación inmobiliaria: en Santa Fe advierten por riesgos en los controles y la protección al consumidor

El anuncio del Gobierno nacional de avanzar con un proyecto de desregulación del mercado inmobiliario abrió un debate en el sector y generó reacciones en distintas provincias.

En Santa Fe, referentes de la actividad plantearon cuestionamientos a la iniciativa y pusieron el foco en el rol de los colegios profesionales y las garantías en las operaciones.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, viene impulsando cambios estructurales en el sector. Entre los puntos que cuestiona se encuentran los honorarios mínimos, la matriculación obligatoria y las barreras de ingreso a la actividad, bajo el argumento de que limitan la competencia y encarecen las operaciones.

La intención oficial es avanzar hacia un esquema más abierto, con menor regulación y mayor peso del mercado.

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Frente a este escenario, el presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) e integrante del consejo consultivo del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, Jorge Pighin, planteó reparos sobre el diagnóstico. “Nunca se puede desregular algo que nunca estuvo regulado”, afirmó, y explicó que la intervención de corredores inmobiliarios no es obligatoria en el país, por lo que cualquier particular puede realizar operaciones sin intermediación profesional.

En ese sentido, señaló que los corredores participan en alrededor del 40 % del mercado de alquileres y operaciones, lo que, a su entender, evidencia que la actividad no funciona bajo un esquema cerrado.

Pighin también puso el foco en el encuadre legal y constitucional. Recordó que las provincias tienen potestad sobre el control de las matrículas profesionales, y que en el caso de Santa Fe, la Constitución reconoce a los colegios profesionales como entidades de control. “Hay que ver qué se propone concretamente y cómo se articula con las facultades provinciales”, indicó.

Uno de los ejes del planteo del dirigente es el impacto que una eventual desregulación podría tener en los usuarios. “¿Estamos preparados como sociedad para una desregulación total?”, se preguntó, y vinculó el rol del corredor con la seguridad jurídica en operaciones que involucran ahorros, créditos y patrimonio familiar.

En esa línea, advirtió sobre los riesgos de un mercado sin controles: “Así como hoy cualquiera puede operar por fuera del sistema, también existen estafas”, señaló, al tiempo que planteó interrogantes sobre los mecanismos de resguardo para consumidores en un esquema más flexible.

El referente inmobiliario también defendió el rol de la intermediación profesional al señalar que los propietarios y compradores buscan respaldo técnico y ahorro de tiempo en gestiones complejas, como la verificación de documentación, la confección de contratos o la administración de inmuebles.

Tecnología, regulación y un debate abierto

Al mismo tiempo, reconoció que el sector atraviesa un proceso de cambio vinculado a nuevas tecnologías, digitalización y modalidades de comercialización, aunque sostuvo que ese proceso requiere adaptación y regulación.

Finalmente, Pighin planteó la necesidad de avanzar en instancias de diálogo. Indicó que desde la Federación buscarán acercar posiciones con el Gobierno nacional y analizar el contenido del proyecto una vez que ingrese formalmente al Congreso.

El debate, por ahora, permanece abierto y suma interrogantes sobre el alcance de la reforma, el rol del Estado y el impacto en uno de los mercados más sensibles: el acceso a la vivienda.