El Senado autorizó la emisión de letras al gobierno provincial

El Senado santafesino aprobó ayer, con algunos cambios que introdujo el PJ, el mensaje del Poder Ejecutivo por el cual la provincia podrá emitir Letras o Pagarés para afrontar obligaciones en el corto plazo. La unánime media sanción –a diferencia del texto original– también contiene un artículo nuevo que favorecerá a los municipios y comunas, que en conjunto podrían tener un ahorro cercano a los 170 millones de pesos, porque no deberán aportar a la Ley Nº 26.075 (de Financiamiento Educativo).

En ese sentido, tal como lo había adelantado Diario UNO en su edición del pasado miércoles, los legisladores del justicialismo y del FPCyS autorizaron a que el gobierno de Antonio Bonfatti pueda endeudarse hasta un tope de 556.365.000 pesos –100 millones más de lo que había pedido el Ministerio de Economía de Santa Fe– de acuerdo a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley 12.510 de Administración Financiera.

Asimismo, el segundo artículo del mensaje faculta al Poder Ejecutivo a “ceder como garantía recursos propios o provenientes del Régimen de Coparticipación Federal Ley 23.548”. El mensaje original ponía como garantía los recursos que derivara la Nación para la Caja de Jubilaciones; ése fue otro de los cambios acordados entre los senadores del oficialismo y de la oposición.

En el proyecto que ahora pasó a la Cámara de Diputados se establece que las Letras o Pagarés estarán eximidos de todos los tributos provinciales y su devolución total no podrá pasar del 30 de noviembre próximo. De esa manera, explicaron desde el Frente Progresista, se garantizará que la operación no se constituya en una deuda consolidada, ya que se cancelará definitivamente dentro del mismo ejercicio. Así lo había propuesto el ministro de Economía, Ángel Sciara.

A su vez, se remarcó que los 556 millones de pesos que podrá tomar la provincia del sistema financiero incluyen amortización, intereses, comisiones y gastos, por lo cual el monto real disponible será menor a esa cifra. “Recordemos que es un pedido para financiamiento de corto plazo. No significa un endeudamiento que pueda extenderse más allá de 2012”, explicó el senador radical Hugo Marcucci.

Además, defendió la mencionada herramienta de emisión y remarcó que también las provincias vecinas se valieron de ese mecanismo. “Es un instrumento que se le da al Ejecutivo para que pueda llevar adelante una administración más eficiente. Es una práctica que, habitualmente, otras provincias llevan adelante. Córdoba tiene, en el presupuesto 2012, 830 millones de pesos autorizados. La provincia de Buenos Aires, 3.000 millones de pesos”, manifestó.

La negociación

El punto clave que permitió al oficialismo y a la oposición llegar a una votación unánime, fue la inclusión de un monto adicional para municipios y comunas como forma de compensar –al menos en parte– los descuentos que realiza la provincia para el Fondo de Financiamiento Educativo. El pedido inicial del PJ era de alrededor de 170 millones extras, pero sólo fueron 100 millones más, aparte de los 456 millones del mensaje original del Poder Ejecutivo.

“La provincia transferirá con carácter no reintegrable un aporte adicional mensual a favor de municipios y comunas de la asignación específica efectivamente percibida en cada mes con destino al gasto en educación, en el marco de la Ley 26.075 (Financiamiento Educativo)”, dice el artículo sexto del proyecto aprobado.

Dicha norma obliga a los 362 municipios y comunas de Santa Fe que aporten al mencionado rubro, pero durante 2008, 2009 y 2010 el gobierno de Hermes Binner –mediante sucesivos decretos– se hizo cargo de cancelar esos compromisos para descomprimir las situaciones financieras de los pueblos y ciudades. Este año, donde los déficits cruzan a todas las gestiones y gobiernos, el PJ ideó ese punto para ayudar con las finanzas de todos los pueblos y ciudades.

La decisión de destinar una parte de los recursos para las localidades surgió luego de la visita que la semana pasada hicieron intendentes y presidentes comunales del justicialismo a la Legislatura. Allí, reclamaron a los diputados y senadores de su partido que la aprobación del mensaje del Ejecutivo no sea a costo político cero para la Casa Gris, sino que haya un guiño para ellos, más aún después del acuerdo paritario con la Festram.

Finalmente, el séptimo artículo determina que la liquidación a las localidades se hará en el mismo mes en que se realicen las transferencias del Gobierno Nacional. Y el noveno artículo establece que el Ejecutivo deberá priorizar la cancelación de deudas con el sector no financiero –deuda flotante– y con municipios y comunas; y la otra prioridad será saldar –dentro de los 60 días de promulgada la ley– la deuda que haya acumulado al 31 de marzo con las localidades en concepto de Fondo de Obras Menores.