En la ciudad de Santa Fe hay 730 personas en situación de calle: la mayoría son jóvenes de entre 19 y 35 años

Este lunes se presentaron los datos preliminares del tercer Registro Nacional de Personas en Situación de Calle (Renacalle), relevamiento que en la ciudad de Santa Fe estuvo a cargo de la Red Puentes, junto a distintas instituciones y universidades.

“El objetivo principal es contabilizar, describir y caracterizar a las personas que viven en situación de calle, para traducir todo este trabajo en políticas públicas que se ajusten a las necesidades y características de esta población en particular”, explicaron los organizadores durante la presentación en la UTN.

El informe arroja un dato preocupante: 730 personas se encuentran actualmente en situación de calle en la ciudad, lo que representa un 12,5% más que en 2024, cuando se habían contabilizado 648. En 2023 el registro había alcanzado a 505.

Quiénes son

Del total, el 52,9% son jóvenes de entre 19 y 35 años, y se relevaron 86 mujeres, entre ellas cinco embarazadas. También se identificaron al menos 40 menores de 18 años.

Otro dato revelador: 257 personas afirmaron estar por primera vez en situación de calle. Cuatro de cada diez llevan menos de un año viviendo en esta condición, mientras que seis de cada diez arrastran una trayectoria de calle de al menos seis años.

Las principales causas que explican el abandono de sus hogares son los conflictos familiares y/o territoriales (287 casos) y los consumos problemáticos o situaciones de salud mental (147 casos).

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Educación y trabajo

El 72,9% no finalizó los estudios obligatorios y 56 personas no saben leer ni escribir.

En materia laboral, la precariedad es evidente: el 41,5% indicó no haber realizado ninguna actividad en la última semana, aunque más de la mitad manifestó estar en búsqueda activa de trabajo sin éxito. Las ocupaciones más frecuentes son cuidacoches, limpiavidrios, albañiles, cartoneros, carreros, recicladores, vendedores ambulantes o feriantes.

Además, el 47,3% de la población afirmó no recibir ningún tipo de ayuda, y del resto, más de la mitad depende de organizaciones sociales para sobrevivir.

Salud y consumos

La situación sanitaria es crítica: el 63,7% hace más de un año que no se realiza un chequeo médico, y un 18% declaró tener algún tipo de discapacidad, aunque el 63% no posee el Certificado Único de Discapacidad.

En cuanto a consumos, el 68,4% afirmó usar algún tipo de sustancia, lo que implica un aumento de 10 puntos respecto de 2024. De ellos, un 62,5% reconoció que su consumo es problemático, aunque solo el 42% recibió algún tipo de ayuda. Y en 8 de cada 10 casos, esa asistencia provino de organizaciones sociales y comunitarias, no del Estado.

Violencia en la calle

Otro eje alarmante del relevamiento es la violencia sufrida por las personas en situación de calle: el 60,2% afirmó haber sido víctima de agresiones, lo que representa un aumento del 10% respecto de 2024.

-El 67,5% identificó a la policía provincial como responsable.

-El 50,4% a la Guardia de Seguridad Institucional (GSI).

-Y un 10,1% a Gendarmería.

Entre las mujeres entrevistadas, el panorama es aún más grave: el 61,6% declaró haber sufrido violencia de género y el 66% nunca recibió ayuda ni asistencia.

Además, el relevamiento expone la falta de recursos y redes de contención: el 31,4% no sabe dónde pedir ayuda, un 20% no tiene lugares cercanos a los que acudir y otro 20% directamente tiene miedo de hacerlo.

“Un problema estructural sin políticas sostenidas”

Los investigadores remarcaron que este es el tercer año consecutivo en el que realizan el relevamiento en la ciudad, con el fin de generar información confiable que sirva como insumo para políticas públicas.

“Lo que muestran los números es una tendencia sostenida al aumento y una complejización de la problemática. No se trata solo de más personas en la calle, sino de más jóvenes, más mujeres y más familias enteras con menores a cargo. El Estado no está dando respuestas reales”, advirtieron desde la Red Puentes.

Por último, insistieron en que la mayoría de las ayudas provienen de organizaciones sociales y que la intervención estatal es limitada y fragmentaria: “Si analizamos la película completa, queda claro que la situación es cada vez más crítica y que los derechos básicos de estas personas —techo, salud, educación y trabajo— están siendo vulnerados sistemáticamente”.