La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe inaugurará este martes el flamante "Anexo Palacio de Justicia", ubicado en Avenida General López 2.761 de la ciudad de Santa Fe. El acto está previsto para las 11 y contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales, provinciales y locales.
En medio del conflicto entre la Corte y los Ministerios Públicos, se inaugura el nuevo edificio de Tribunales
El acto se realizará este martes a las 11, en Avenida General López 2.761, con la presencia del gobernador Pullaro. El Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa interpusieron un recurso judicial para frenar la distribución de oficinas en el nuevo edificio.
29 de junio 2026 · 20:07hs
Corte Suprema: se inaugura el anexo de Tribunales en medio de un conflicto institucional.
Sin embargo, la ceremonia llega envuelta en un severo conflicto institucional. Las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD) no estarán presentes en el acto, según confirmaron ambos organismos a UNO Santa Fe, en señal de rechazo a la distribución de espacios resuelta unilateralmente por el máximo tribunal provincial.
Un conflicto que escala
La disputa tiene como eje central la asignación de oficinas en el nuevo complejo de más de 22.000 metros cuadrados cubiertos. El MPA, con el respaldo del MPD, interpuso un recurso de revocatoria acompañado de un pedido de medida cautelar de "no innovar" contra la Corte Suprema, con el objetivo de congelar cualquier mudanza o reasignación de espacios antes de la inauguración.
La presentación llegó como respuesta al último intento del máximo tribunal por destrabar el conflicto. La Corte, encabezada por su presidente Rafael Gutiérrez, había ofrecido formalmente ceder el sexto piso de la nueva estructura y transferirles el edificio completo de Peatonal San Martín 2651 —donde hoy funciona el Fuero Laboral—. Pero tanto la fiscal general María Cecilia Vranicich como la defensora provincial Estrella Moreno Robinson rechazaron tajantemente la propuesta, al considerarla un apartamiento de las condiciones pactadas originalmente en 2021.
"Los edificios se pagan con dineros públicos. El Estado provincial se endeudó para pagar el Centro de Justicia Penal. Debemos estar ahí no por bienestar nuestro, sino para dar la respuesta que tenemos que dar desde el sistema de justicia penal", argumentó con firmeza Moreno Robinson.
Los tres ejes de la impugnación
El recurso presentado por los ministerios públicos cuestiona las resoluciones de la Corte —Actas Acuerdo n.° 4 y n.° 23— a través de tres argumentos de alta sensibilidad jurídica, financiera y política.
El primero es la arbitrariedad y ruptura de convenios: los ministerios públicos señalan que el alto tribunal modificó de forma unilateral el destino de los planos de obra, que ya contaban con un diseño y un cableado informático preadjudicado para la Fiscalía y la Defensa en los pisos cuarto y quinto.
El segundo involucra la Constitución provincial: el recurso invoca la Cláusula Transitoria Décimo Sexta de la nueva Carta Magna santafesina, aprobada a fines de 2025, que prohíbe expresamente alterar el uso o destino de los bienes afectados al Ministerio Público sin el consentimiento explícito de sus autoridades.
El tercero apunta a un presunto desvío ilegal de fondos públicos: la construcción del anexo se financió a través de un crédito específico de la Ley Provincial 13.543, cuyo objeto exclusivo era el "Centro de Justicia Penal de Santa Fe". Los recurrentes advierten que destinar ese espacio a juzgados del fuero Laboral o Civil desvirtúa la finalidad legal del endeudamiento.
Peligro de daño irreparable y reserva federal
Dada la velocidad de los plazos —la inauguración oficial es este martes— el MPA fundamentó la urgencia de la medida cautelar bajo el concepto jurídico de periculum in mora (peligro en la demora). Los fiscales advierten que si otras dependencias ajenas al fuero penal toman posesión física de las oficinas en disputa, el perjuicio operativo sobre las investigaciones criminales de la ciudad será irreversible.
El litigio además podría escalar más allá de la provincia. En el tramo final del documento, el MPA dejó asentada la reserva para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluso ante tribunales internacionales, denunciando un avasallamiento institucional que afecta la división de poderes y el acceso a la justicia penal en la capital santafesina.
El nuevo edificio, presentado por la Corte como un hito para la administración de justicia provincial y como la salda de "una deuda histórica" en infraestructura judicial, abre sus puertas este martes con un conflicto institucional que promete no resolverse en el corto plazo.
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