"Fue una ilegalidad tras otra", dijo Nadia Schujman, exfuncionaria del Ministerio de Seguridad

El avance de la causa de espionaje ilegal que sacudió la escena pública santafesina generó un áspero cruce entre investigados e investigadores: mientras exfuncionarios del Ministerio de Seguridad advierten que “no encontraron ni una carpeta” y que “la causa se va a caer porque está armada”, los fiscales aseguran que “se corroboró la existencia de gran cantidad de evidencia”.

Este lunes se realizó la apertura y digitalización de la documental secuestrada el viernes 26 de noviembre en la sede de la capital provincial y de Rosario de la cartera de Seguridad, en el marco de dos investigaciones que tiene a su cargo la Unidad Fiscal Especial (UFE) de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.

“La diligencia comenzó alrededor de las 9.30, y se extendió hasta las 18.30, se llevó a cabo en la sede de la UFE de Delitos Complejos en la ciudad de Santa Fe y contó con el control de los abogados defensores de las personas investigadas”, explicaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

Nadia Schujman, extitular de la Agencia de Control Policial, dijo a Rosario 3 que los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez “salieron a la pesca en una causa inventada y plagada de irregularidades”.

La exsecretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, abogada de la agrupación Hijos y profesional querellante en causas por delitos de lesa humanidad en las últimas dos décadas denunció que no hubo orden escrita para avanzar con el procedimiento, que se llevaron sin orden su teléfono y objetos personales, que no hubo testigos y que las actas eran irregulares.

“Fue una ilegalidad tras otra. Puede haber una desprolijidad en un accionar pero no así, esto fue ilegalidad. Quedé en shock”, dijo Schujman, que consideró que “la causa se va a caer”.

Entrevistado este martes por LT8, el abogado de Schujman, el exministro de Justicia Juan Lewis, dijo: “No encontramos nada que pudiera comprometer desde ningún punto de vista una hipótesis delictiva”.

“Había pilas y pilas de papeles, carpetas y muchas de ellas tenían fechas hasta del año 2012, lo que habla de una búsqueda improvisada”, agregó.

Para Lewis, lo que hicieron los fiscales es una “excursión de pesca”. “Es cuando un fiscal sale a investigar a una persona sin saber bien por qué ni para qué; interviene teléfonos, allanamientos, sin una hipótesis concreta, porque algo va a encontrar; y esto es un hostigamiento ilegal, está prohibido”, advirtió.