Golpe al mercado ilegal: en la ciudad de Santa Fe el robo de cables y metales cayó más del 80%

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó los resultados del plan estratégico de fiscalización de desarmaderos y comercios de metales, arrojando cifras que marcan un punto de inflexión en la seguridad urbana. La estrategia, que combina el control administrativo con la persecución penal, logró desplomar los índices de robos que afectaban servicios esenciales como la luz, el agua y la telefonía.

A través de una acción coordinada entre los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Justicia y Seguridad, la provincia se enfocó en un objetivo claro: desarticular la rentabilidad del delito. Sin puntos de reventa ilegal, el robo de cables y metales pierde su motor económico.

Rosario y Santa Fe: números que hablan de una nueva realidad

El informe comparativo entre 2024 y 2025 muestra descensos que superan, en promedio, el 80% en las dos ciudades más importantes de la provincia:

En Rosario: el robo de cables se desplomó un 93%, mientras que la sustracción de metales (picaportes, placas, piezas de cementerios) cayó un 86%.

En la ciudad de Santa Fe: la reducción fue del 83% en cables y del 80% en metales.

Este impacto se tradujo de inmediato en una mejora de la infraestructura pública y una disminución de los reportes en el sistema de emergencias 911 por cortes de servicios.

El fin de la informalidad

Uno de los pilares del éxito radica en la regularización del sector. Según detalló Gerardo Rodríguez, director provincial de Desarmaderos, al inicio de la gestión solo había 38 establecimientos registrados. Hoy, tras una política de inspecciones y clausuras, se incorporaron 51 nuevos comercios al sistema formal.

“Estamos cerrando espacios a la informalidad que alimenta el mercado ilegal de autopartes y metales”, afirmó Rodríguez, destacando que empresas como la EPE, ASSA y compañías de telefonía ya reportan una baja sensible en el vandalismo.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, enfatizó que estos resultados responden a una política de "Estado presente" y al uso eficiente de los recursos. "No son resultados aislados, sino parte de una política sostenida que combina decisiones firmes y coordinación con los gobiernos locales", sostuvo el funcionario.

El plan integral continuará con inspecciones permanentes y el seguimiento de la trazabilidad del material, asegurando que cada kilo de metal comercializado en la provincia tenga un origen lícito y comprobable.