La investigación por los cortes de la Uocra ya está en la justicia federal

Los bloqueos de las principales vías de tránsito generan profundos conflictos de derechos y atribuciones ya que, tanto la posibilidad de manifestarse y expresarse libremente, como el derecho a transitar sin restricciones por el territorio son garantías fundamentales reconocidas por la Constitución Nacional y por tratados internacionales. El dilema de fondo, entonces, es cómo jerarquizar estos derechos y determinar cuál tiene mayor peso cuando ambos entran en conflicto.

Quien deberá hacerse cargo de resolver los problemas generados a partir de los dos cortes de la semana pasada (18 y 19 de julio) sobre la avenida Alem a la altura de calle Mendoza, protagonizados por integrantes de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) será la Justicia Federal. Así lo determinó el fiscal Walter Rodríguez, al hacer lugar a la denuncia que presentó la Municipalidad de Santa Fe, a través del fiscal Esteban Gaggiamo, porque el lugar donde se produjeron los cortes pertenecen a la red nacional de caminos, donde el gobierno nacional tiene jurisdicción exclusiva.

En su escrito, Gaggiamo destacó que el corte fue total (ya que también se bloquearon los accesos laterales) y que se quemaron cubiertas provocando daños que fueron constatados por autoridades municipales. Según el denunciante, dicha interrupción de las vías de comunicación y transporte generó graves inconvenientes en el tránsito vehicular en zonas neurálgicas de la ciudad, dado que el corte de tránsito en la indicada arteria afectó particularmente la actividad del transporte interurbano de pasajeros, en razón de la cercanía que existe con la estación terminal de ómnibus General Manuel Belgrano, con el consiguiente caos vehicular y la afectación de los derechos individuales de los habitantes.

La denuncia adjuntó material fotográfico que demostraba el daño provocado en la carpeta asfáltica a raíz de la quema de neumáticos y la explosión de bombas de estruendo. En este sentido, se consideró además que se vio vulnerado el derecho a gozar de un ambiente sano y el derecho a la salud, producto del humo ocasionado a raíz de la modalidad de protesta. Otra consecuencia tuvo que ver con la gran cantidad de cenizas que terminó en los desagües, justamente en momentos en que la ciudad se encuentra en emergencia hídrica. Para el fiscal federal, la competencia de su fuero surge porque el sitio donde ocurrieron los sucesos está incorporado dentro del inventario vial de la red nacional de caminos (Ruta Nacional A007) un lugar donde el gobierno nacional tiene absoluta y exclusiva jurisdicción.

En este sentido, y ante la posibilidad latente de que se reiteren episodios recomendó Walter Rodríguez: “Sugiero que los miembros de la fuerza de seguridad y funcionarios judiciales intervinientes compatibilicen su labor”, y agregó que se debe aplicar el protocolo de actuación elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que se observa en este tipo de temática para procurar un uso responsable del espacio publico, para el caso de establecerse un nuevo entorpecimiento en la comunicación vial y eventuales afectaciones a los derechos de quienes no participan de la concentración.

“Atendiendo a que la tarea preventiva consiste en evitar la consumación del delito, o disponer su cese, las fuerzas de seguridad deberán analizar los lineamientos trazados a partir de una política de Estado, que se traduce en el uso mínimo de la fuerza, entablar diálogos a fin de lograr el cese o morigerar los efectos de la protesta y evitar la aparición de actitudes violentas, tanto de manifestantes como de transeúntes, de suerte que puedan contemplarse también los derechos de quienes no participan del episodio, disminuyendo al mínimo posible la afectación de las actividades”, concluyó Rodríguez.