“La marcha del 18F fue hecha por las viudas de la cajita feliz”

Así se refirió Marcelo Saín, experto en seguridad y exinterventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a los sobres que cobraban políticos, personal de la Justicia y periodistas de la ex-Side. 
7 de marzo 2015 · 21:59hs

Marcelo Saín es licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales. Actualmente es diputado en la provincia de Buenos Aires y profesor en las universidades de Quilmes, Villa María y San Andrés, y en la maestría de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa de la República Argentina.

Patricia Bullrich visitó la ciudad, y recorrió la peatonal junto a Poletti, Pullaro y otros dirigentes del espacio.

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Imagen ilustrativa. Siembra en la provincia de Santa Fe.

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Saín publicó nueve libros y es socio activo del Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo que tuvo un rol protagónico en el proceso de discusión para la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y en la introducción de cambios al proyecto original presentado por el Ejecutivo.

Saín fue también creador e interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y hoy es uno de los especialistas más reconocidos en Servicios de Inteligencia y seguridad. En su paso por Santa Fe, habló con Diario UNO sobre la promulgación de la ley de reforma de la ex-Side y de los puntos más polémicos; del rol que tuvo la PSA en la crisis policial y política que se desató tras el encarcelamiento de Hugo Tognoli, quien en 2012 era el jefe de Policía de la provincia.

—El jueves pasado el gobierno publicó en el Boletín Oficial la creación de la AFI y dio 120 días para ponerla en funcionamiento. ¿Le parece un plazo razonable?

—Creo que sí, en función de que las actuales autoridades de la Secretaría de Inteligencia (SI) vienen desarrollando un proceso de depuración y reordenamiento institucional hacia el interior. Habría que medir bien, ya que (en 120 días) le van a quedar 4 o 5 meses a este gobierno, si es razonable designar una persona en un organismo de esta índole, o que las actuales autoridades continúen hasta el final del mandato y dejar que el primer director de la AFI sea designado por el futuro gobierno.

“Esto implica algo novedoso –continuó–, y creo que se le da poco valor, y es el hecho de que si bien la designación es del Poder Ejecutivo, se lo somete a discusión. Será la primera vez que un funcionario encargado no solamente de la AFI sino de todo el sistema de inteligencia nacional vaya discutir y a dar cuenta al Parlamento, y a la sociedad en su conjunto, sobre cuáles son las estrategias y las políticasque se van a adoptar en esa materia”. 

—La oposición expresó que va a derogar la ley de creación de la AFI. ¿Cuál es su opinión?

—Creo que es una pena. En los últimos cinco años se presentaron, en Senado y en Diputados, unos 32 proyectos de reforma de la ley 25.520 (inteligencia nacional). Ninguno fue presentado por el oficialismo, son todos de la oposición. Hubiera sido muy interesante que la oposición participara delas reuniones de la comisión (en el Senado) para poder mejorar el proyecto, porque al fin y al cabo, sectores vinculados al oficialismo, o al Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales), terminamos generando cambios sustantivos al proyecto del Ejecutivo. Por ejemplo, la primera versión del proyecto abría la posibilidad de que las Fuerzas Armadas hicieran tareas de inteligencia en materia de criminalidad compleja, y se introdujeron cambios sustantivos. Ahora, en Diputados hubo aportes muy interesantes, sin ir más lejos, y no pretendo apuntalar su candidatura como intendente de Rosario, pero la verdad que el diputado (Pablo) Javkin tuvo una muy buena intervención, con consideraciones que daban cuenta de que manejaba el tema y tenía un buen diagnóstico de los problemas que había.

—Por el contexto institucional y político, ¿era el momento de hacer la reforma?

—La crisis que da lugar a esta reforma, no es algo que los actores políticos manipularon. Las crisis abren oportunidades, algunas mayores, otras menores, pero son oportunidades en la medida que los actores interpretan que tienen la posibilidad de introducir cambios y reformas institucionales. El Gobierno podría haber continuado con este esquema hasta fin de año, pero optó por una reforma que yo diría que es parcial, en el sentido de que no compromete integralmente al conjunto del sistema, pero aún así son cambios que muchos de los cuales eran proclamados por la oposición y por gran parte de los que fuimos operadores del sistema institucional de seguridad pública. Por ejemplo, somos muy sensibles y prestamos mucha atención al control de la hasta hoy Secretaría de Inteligencia, pero no prestamos atención que la Policía Federal Argentina, que tiene en su seno un cuerpo de informaciones desde 1963, y que hoy tiene más de 2.000 componentes, y es un sistema de inteligencia clandestino que está abocado al espionaje social y político.

Y sus miembros, que no son de la dotación de oficiales y suboficiales de la policía, sino que tienen un régimen especial de personal, tienen la facultad legal de poder ser contratados por cualquier otro organismo estatal. De esa dotación era Ciro James, el espía de Mauricio Macri, y también la secretariaprivada de Gustavo Belis cuando era concejal de Buenos Aires. Vamos a ver si el Gobierno en estos meses tiene capacidad para desarticular ese sistema de información. Estos agentes no trabajan para la Presidenta, trabajan para el jefe de la Policía, o para sí mismos, como gran parte de los servicios

de inteligencia del mundo.  

—¿Esta ley limita la cantidad y el tipo de información que el Congreso le puede pedir al director de la AFI?

—La interposición del secreto al control parlamentario no responde a las prescripciones de la ley. El defecto está en la reglamentación, en el decreto 950/02 que, a mi modo de ver, legislaba. Interponía reglamentaciones que se contraponían con el contenido de la ley. Allí había una prescripción que establecía el carácter secreto de la identidad de los agentes de inteligencia, de las operaciones, e inclusive del gasto. Nada de todo eso estaba establecido en la ley, con lo cual, esa interposiciónpodría haber sido discutida jurídicamente en tribunales, y nunca se hizo. Hubo una indisposición del

sistema político en su conjunto para controlar la Side. Ahora, ¿por qué había una devoción por encubrir con el halo del secreto toda la actividad de la Side? Porque eso era un gran bastión de financiamiento de sectores de la política, del periodismo, y de sectores de la Justicia penal a través de la cajita feliz, que siguió hasta hace dos meses.

“La primera fuerza que hace un barrido de análisis de lo que es el narcotráfico en Rosario fue la PSA,juntando ocho causas y haciendo un análisis mínimo que ya daba cuenta del mapa de la protección policial al narcotráfico en Rosario. Eso lo tiene que hacer el sistema de inteligencia. Lo que quiero señalar es que esto no se hacía, ¿entonces adónde iba todo el abultado presupuesto? Segunda consideración sobre los gastos reservados: la mayoría del gasto no tiene ninguna justificación de que sea secreto. Como tampoco tiene que ser secreta la dotación del personal.

Secretas son algunas actividades, y quizás la identidad del personal de algunos operativos, cuyo conocimiento público de identidad pone en tela de juicio una operación de inteligencia. Secreto es que no es información pública, pero no que no pueda ser supervisado por las propias autoridades administrativas, o por el Parlamento. La mayoría de la actividad de un organismo de inteligenciaes de carácter público, y no se va a tener más o menos seguridad, o mejor o peor inteligencia si se publica en el Boletín Oficial cuál es la dotación del personal de inteligencia y cuáles son las jerarquías. De hecho la PSA que tiene un muy buen sistema de  analistas de inteligencia, es público. No es secreto, cobran su sueldo con la Banelco en la mano”, argumentó.

Coqui Toum / Diario UNO 

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