Durante tres semanas de fines de 1994 la ciudad de Santa Fe sufrió la peor cara del calor y la oscuridad de su historia. La Empresa Provincial de la Energía (EPE), que por esos tiempos veía como inminente la privatización, tuvo una falla el 20 de noviembre en el cable OF en Suipacha y 9 de Julio que dejó sin electricidad a casi toda la capital provincial. El desgaste de un servicio precario hasta ese momento con permanentes cortes en el servicio no provocó masivas movilizaciones en las calles para reclamar, pero sí dejó una marca imborrable en la memoria santafesina.
La oscura historia detrás del edificio sin terminar de 9 de Julio y Suipacha
Hubo anuncios de comenzar la reconstrucción, pero hay una batalla entre supuestos compradores. El prontuario de quien se presenta como el reconstructor, detenido en las últimas horas
Por Bárbara Favant
10 de febrero 2021 · 11:03hs
El edificio Sol III tiene una larga y oscura historia.
El segundo piso del edificio Sol III, ubicado en 9 de Julio y Suipacha.
Bardina señaló el punto de la falla del cable OF, el 4 de febrero, a UNO.
Mario Bardina, delante del edificio Sol III.
Entre muchos otros sucesos causados por intermitentes suspensiones en el servicio, largas horas, por casi un mes, ocurrió que la construcción del Edificio Sol III se detuvo para siempre. La EPE –cuyo presidente era Antonio Caro– responsabilizó a la empresa constructora de Eduardo y María Cristina Poux de la destrucción del cable OF por el edificio de once pisos que se estaba levantando en esa esquina céntrica. Después de siete años de litigio, los Poux resultaron absueltos por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y demandaron a la EPE por 13 millones de pesos en 2003. Nunca se supo la razón real de cómo el cable OF se salió de servicio. Al ser consultado por UNO Santa Fe sobre en qué quedó esta situación judicial, Poux se negó a confirmar si hubo o no una resolución a esa última demanda y también a hablar de esa construcción en la actualidad en general. “Hace 15 años que no tengo nada que ver con ese edificio, es un tema del pasado”, dijo y señaló a quien salió en los medios locales a anunciar su reconstrucción como “delincuente”, sin dar más argumentos.
Extenso prontuario
Mario Bardina, de 59 años, convocó a distintos medios este 4 de febrero para anunciar que después de 27 años, el edificio de 9 de julio y Suipacha, continuará la construcción. En el lugar había por lo menos seis albañiles y trabajadores de la construcción que se encontraban limpiando la abandonada obra. Se presentó como el apoderado legal y dueño del 70 por ciento del inmueble. “Tengo la posesión desde 1997 con boletos de compra venta”, dijo a UNO.
Durante casi tres décadas, vecinos y comerciantes cercanos al Sol III hicieron numerosos reclamos sobre disturbios dentro de la edificación, usurpaciones ilegales, contaminación por todo tipo de residuos y presencia preocupante de roedores, entre muchos otros problemas.
Si se ingresa hoy al edificio, el olor a orina y mugre se impregna en la ropa que se tenga puesta. Las paredes están tapadas de grafitis hasta el último piso. No hay aberturas, ni piso, ni cielorraso, ni pintura, ni barandas en las escaleras. Solo paredes peladas y picadas. La mayor parte de los caños de agua y gas fueron arrancados. Los baños todavía tienen casi todos los azulejos. Los vidrios de los techos de los espacios comunes ya no existen. Y los fantasmas de tres ascensores son precipicios sin advertencias. Quedan colchones y retazos de frazadas enredadas entre botellas de gaseosa y lavandina en algunos monoambientes. Más alto se sube en el edificio, más espectacular es la vista de la ciudad. Se planificó para que haya locales comerciales en la planta baja, monoambientes, dúplex y un penthouse en el último piso. Además, hay cocheras para once vehículos.
Con gentileza, Bardina acompaña el recorrido, habla alegremente del futuro y posa con una sonrisa frente a la fachada pocas veces vista por el público general del edificio Sol III. Advierte que seguramente aparecerán otros supuestos propietarios pero que eso no le preocupa porque tiene "todos los papeles". Cambió los cercos de obra y explicó que fue a través de un canje con una empresa publicitaria, pero hoy no todas las planchas nuevas tienen cartel. Aseguró que por un trato con dos empresas constructoras, se arrancaría con la reedificación en dos meses. En la Municipalidad de Santa Fe confirmaron a UNO que no hay ninguna solicitud de permiso para la construcción en ese lugar.
Bardina no habló del lado oscuro de su extenso prontuario. Estuvo preso varias veces por diferentes delitos durante las últimas dos décadas. En 2001 fue uno de los protagonistas del primer fallo condenatorio dictado en el país por evasión fiscal. Según informaron ese año los diarios La Capital y La Nación, estuvo detenido en la cárcel de Las Flores desde 1999 hasta que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces José Escobar Cello, Rodolfo Hintermeister y Ramiro Puyol, lo declaró culpable y lo condenó a cinco años de prisión por los delitos de evasión simple y evasión agravada por la utilización de interpósitas personas. Bardina y Héctor Huguenet –el otro condenado– eran operadores en el mercado comercializador de granos y habían efectuado diversas ventas de cereales entre 1994 y 1998, pero no las ingresaban al fisco en concepto de IVA. Se calculó que evadieron casi dos millones de dólares en esa época. Hasta ese momento Bardina se había destacado como un importante corredor de cereales y se lo conocía en el ambiente como un “hábil negociador”. Salió en libertad condicional en 2002 y cumplió esa condena.
En 2009 la Justicia lo procesó, lo detuvo y luego condenó por el delito de “privación de la libertad coaccionante”, es decir: secuestro, en los casos de los empresarios Salvador Marcelo Boscarino y Jorge Saccone. Después apeló, hubo idas y vueltas judiciales que en el medio lo liberaron, en 2016 le dieron 11 años de prisión y en 2018 la Cámara de Apelaciones confirmó la condena. También tuvo varias denuncias por usurpación y estafas de las que salió siempre ileso y en algunas fue sobreseído. El abogado Daniel Bocco, que fue su defensor, lo denunció en 2009 por “amenaza de muerte”. En varios medios santafesinos y nacionales señalan que la primera vez que cayó preso fue en 1996 al ser imputado por el delito de “privación ilegítima de la libertad” por el Juzgado de Instrucción Tercera y al poco tiempo quedó libre bajo fianza. También fue detenido en 2004 por una causa en la Justicia Correccional de Tostado “por usurpación”.
Valeria Caggiano estaba casada con Bardina. El 26 de noviembre del 2008 la encontraron asesinada de 15 puñaladas en la cochera en la que dejaba su auto, ubicada en 1º de Mayo al 1000 en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. Tenía 38 años. Él nunca llegó a ser imputado. En el marco del caso lo allanaron y quedó detenido por tenencia de armas de fuego con documentación irregular pero no por el caso. En ese momento, agrupaciones de mujeres –La Verdecita, Cepsgen y Las Diversas– junto con concejales y autoridades del Inadi de esa época apuntaron desde un principio el caso como un femicidio y señalaron a Bardina como el culpable. Denunciaron que Valeria tenía varias denuncias contra él por violencia y que había al menos cuatro mujeres más que también lo habían denunciado. Incluso se supo con los años que Valeria le había iniciado dos juicios: uno por alimentos (por una hija en común), y otra en la que habría solicitado una división de bienes. Se especuló también con ahorros en dólares, plazos fijos en el exterior y propiedades en común como motivación del crimen pero nunca se probó nada, ni hubo imputados o detenidos por el hecho. Los jueces y fiscales del caso cambiaron varias veces en los últimos 13 años. El asesinato quedó, hasta hoy, impune.
Una denuncia más
El 4 de febrero el abogado Horacio Crespo denunció a Bardina por usurpación del edificio de 9 de Julio y Suipacha. En diálogo con UNO explicó que él adquirió la mitad del edificio en una subasta judicial en 2005. “Más legal no pueden ser los papeles que tenemos porque se hizo todo a través del Poder Judicial”, sostiene Crespo que en coincidencia con Poux cataloga a Bardina como “delincuente”. La investigación la llevan adelante las fiscales María Gabriela Arri y María Lucila Nuzzo. Esta semana personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) hizo una inspección por orden de fiscalía en el Sol III. Desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron a UNO que Bardina fue detenido este miércoles por la noche y que el viernes lo espera una audiencia imputativa. Aún no se dio a conocer la calificación legal que será atribuida al hombre. También allanaron su vivienda de Saavedra al 1400 donde secuestraron documentación de elementos informáticos, de almacenamiento de datos y teléfonos celulares.
Liliana Cosentino cuenta que es la dueña del otro 50 por ciento del Sol III y que adquirió la mitad del inmueble en 2009 en una subasta judicial. A UNO, le dijo: “Lo remató el banco Suquía, que es donde compraron también los Crespo. Ese año fui a la subasta, pregunté cómo estaba el expediente y me explicaron que quien compraba lo hacía libre de deudas. No había ningún inconveniente, como abogada ya lo sabía que comprando así se purgan todas las deudas. Fui la mejor oferente y se me adjudicó el inmueble. Se pagó, se aprobó la subasta y se comunicó al Registro de la Propiedad para que los acreedores de Poux no afectaran el inmueble. Y después me enteré que Crespo hizo lo mismo. Es decir que cualquiera que se sienta con derechos contra Poux tendría que ir contra él y no contra el edificio porque se subastó”.
“Pagamos estos años absolutamente todos los impuestos que son carísimos: agua, API, TGI. Nunca lo abandonamos, estamos con la posesión efectiva del inmueble, con todo pagado. Estábamos viendo qué íbamos a hacer, si terminarlo nosotros o con alguna empresa pero nos agarró la pandemia. Ahora, sorpresivamente nos encontramos con este hombre que es un usurpador, no tiene ningún elemento. Dice que él le compró a Poux, pero el edificio se subastó”, agregó Cosentino.
Al ser consultados por las escrituras, Crespo respondió que está “todo legal” y Cosentino explicó: “Puedo hacer la escritura ahora o dentro de cinco años, porque la subasta certificada equivale a una escritura. El registro es solo para publicidad para terceros. Por eso el juez notifica que aprobada y pagada la subasta, los impuestos, el registro tome conocimiento que quedó desapoderado Poux, no se puede desconocer que ya no es de Poux”.
Además, Cosentino observó: “Y está cometiendo otro delito que es el de vaciar de materiales el edificio. Saca perfiles, puertas y carga en camiones y se lo lleva. Otra cosa ridícula que dijo es que tiene posesión hace 20 años, ¿por qué rompió todo el cerco para entrar? También afirmó que no hay planos y que está regularizando, pero la subasta se hizo con los planos. Los tengo yo. Como abogada de 40 años de profesión creo que deberían haber desalojado el edificio rápidamente, sin importar si sabían o no quiénes son los dueños. Hay que desocupar rápido para evitar daños y después ver los papeles. Están poniendo en riesgo al vecindario con esta persona”.
La dirección
Al ser consultados Bardina, Crespo y Cosentino sobre cuál es la dirección real y legal del edificio el primero dijo que no la sabía, el segundo que al no estar terminado el edificio no tenía nominación catastral y la tercera que no podía decirlo. UNO Santa Fe pudo conocer que la dirección es Suipacha 2792.
Fue allí donde hubo un pedido de conexión de energía eléctrica a principios de febrero en la EPE de parte de Bardina. Crespo hizo una presentación por usurpación. El caso se encuentra en Asuntos Jurídicos de la empresa donde se analiza la situación registral del edificio y no dio de alta el servicio. Incluso ante denuncias de que se llevan adelante trabajos de construcción, la EPE hizo una inspección y se detectó que hay en el lugar un grupo electrógeno, pero no conexiones ilegales.
Desde el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia de Santa Fe confirmaron a este medio que el inmueble figura hasta hoy a nombre de Eduardo Poux, con la aclaración “construido sin habilitación parcial. Inmueble con mejoras detectadas y no declaradas. Debe ser regularizada”.
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