Megaestafa inmobiliaria en el departamento La Capital: los damnificados cuestionan el fallo contra el martillero

Diego Parisse, señalado como uno de los jefes y organizadores de una asociación ilícita vinculada a una megaestafa inmobiliaria, fue condenado este lunes a tres años de prisión de cumplimiento condicional en el marco de un juicio abreviado. El fallo también incluye restricciones, como la prohibición de contacto con las víctimas y los demás imputados.

Además, Parisse deberá realizar reparaciones económicas por un total de $1.570.000 y 11.239 dólares, que serán distribuidos entre las víctimas de seis defraudaciones. También se le impuso una multa de $630.000, el pago de costas por $1.893.100 y la donación de 4.000 dólares a entidades de bien público.

La causa se remonta a 2018, cuando el grupo liderado por Parisse ofrecía inmuebles inexistentes a través de redes sociales en zonas como Sauce Viejo, Santo Tomé, Santa Fe, Colastiné Norte y Arroyo Leyes. La modalidad consistía en simular identidades de supuestos vendedores para realizar operaciones fraudulentas de compraventa de terrenos.

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Descontento entre los damnificados

Ricardo Veglia, abogado de un grupo de damnificados, expresó su desacuerdo con la resolución judicial. En diálogo con LT10, afirmó: “Habría que preguntarles a las víctimas qué sensación les queda. Con este fallo, se diluye la posibilidad de esclarecer el caso”.

El letrado destacó que la asociación ilícita enfrentaba acusaciones por múltiples delitos, entre ellos falsificación de documentos, ejercicio ilegal del corretaje y estafas. “Hay pruebas de sobra, pero estamos desesperanzados porque vemos cómo el caso se desmorona”, señaló.

Veglia también cuestionó el rol de otros imputados, como Emiliano Chacón, señalado como el encargado de captar víctimas a través de redes sociales. Según el abogado, aunque algunos medios lo describen como “community manager”, su función principal era atraer posibles compradores hacia la estafa.

La fiscalía identificó alrededor de 100 damnificados, pero Veglia aseguró que la cifra es mucho mayor. “Sabemos de personas que aún están evaluando presentar su denuncia y de otras que no lo harán. Las inversiones varían entre 10.000 y 100.000 dólares, y en algunos casos se entregaron vehículos como forma de pago”, detalló.

Rechazo al juicio abreviado

Catorce de los representados por Veglia manifestaron su oposición al proceso abreviado, pero su pedido fue rechazado. “Estamos viendo cómo los responsables principales obtienen penas mínimas. Esto no solo afecta a las víctimas, sino también a la confianza en la Justicia”, concluyó.

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