Microtráfico: ya son 111 los búnkers de droga derribados en la provincia de Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación supervisaron este jueves el derribo de un nuevo búnker utilizado para la venta de estupefacientes, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico. Con esta intervención, ya suman 111 los puntos de venta de droga inactivados en toda la provincia desde la puesta en marcha de la normativa, a fines de 2023, al inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El procedimiento se concretó en un inmueble ubicado en Presidente Roca al 900, en el barrio San Sebastián, en la ciudad de Puerto General San Martín, departamento San Lorenzo. El operativo fue coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y fuerzas de seguridad provinciales.

El lugar había sido allanado el pasado 26 de marzo durante un megaoperativo desarrollado en las ciudades de San Lorenzo y Puerto General San Martín. En ese procedimiento participaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), grupos tácticos de la Policía de Santa Fe y la Prefectura Naval Argentina.

Durante ese operativo se realizaron seis allanamientos, con un saldo de ocho personas detenidas, además del secuestro de casi dos kilos de cocaína fraccionada y más de 12 millones de pesos.

La investigación es encabezada por la fiscal Luisina Paponi, quien solicitó el derribo del inmueble durante una audiencia de cese de estado antijurídico, al considerar acreditado que el lugar funcionaba como punto de venta de drogas y foco de conflictividad en la zona.

Un punto de venta menos

El secretario de Seguridad de la provincia, Omar Pereira, sostuvo que estas intervenciones “apuntan a desarticular los lugares donde se concentra la violencia vinculada al narcomenudeo”. En ese sentido, explicó que la Ley de Microtráfico permite actuar sobre estos puntos que suelen estar asociados a balaceras y otros delitos, y que, según lo disponga la Justicia, la intervención puede implicar el derribo, el cerramiento o la clausura del inmueble.

Por su parte, el fiscal Aquiles Balbis señaló que el domicilio intervenido era identificado como un punto de venta de estupefacientes y también como lugar de reunión de personas vinculadas a distintos hechos delictivos. Además, detalló que la investigación incluyó múltiples allanamientos en la zona, donde se logró el secuestro de más de 6.000 dosis de droga.

Balbis agregó que el caso presenta conexiones con otros episodios violentos registrados en el área y confirmó que hay varias personas detenidas con prisión preventiva en el marco de distintas causas vinculadas. Según indicó, se trata de una investigación compleja que no solo abarca la comercialización minorista de estupefacientes, sino también los hechos de violencia asociados a esa actividad.