“No queremos que el aula sea la casa de Gran Hermano”

Tras la conmoción que generó una grabación que dio cuenta de brutales malos tratos a los que eran sometidos bebés y niños en un jardín de infantes porteño, el concejal del bloque Producción y Trabajo, Sebastián Pignata, impulsó un proyecto para instalar cámaras de seguridad en instituciones educativas de nivel inicial y geriátricos. Si bien el proyecto aún está en comisiones, desde el Ejecutivo municipal, expresaron su resistencia ante la iniciativa.

Es que para Rosanna Ingaramo, subsecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, la privacidad y la atmósfera de trabajo de los chicos en el aula, debe ser resguardada: “Existen mecanismos de control y de prevención que se pueden implementar, que son mucho menos invasivos”, expresó. 

“En Santa Fe, casi el 50 por ciento de los jardines son monitoreados y cuentan con un sistema de alarma, pero no tienen cámaras de seguridad. Si bien el municipio cuenta con este sistema de videovigilancia en áreas comerciales, que ha dado muy buenos resultados, creemos que el ámbito escolar, el aula, es un espacio con otro tipo de características. No podemos aplicar las mismas herramientas técnicas para todo.

Creo que lo que generan las filmaciones dentro deun salón de clases es exponer a los chicos y a los docentes a un control muy policial”, argumentó la funcionaria. Si bien en las últimas semanas se conoció el caso del jardín de infantes Tribilín, de San Isidro, Buenos Aires, en el cual fueron los padres de los niños quienes descubrieron las agresiones, mediante una grabación de audio, para Ingaramo existen alternativas factibles de control y prevención menos invasivas que las cámaras de seguridad: “No estamos diciendo que el aula sea un espacio privado, sino que requiere de ciertas condiciones de privacidad para que las clases se desarrollen en las condiciones correspondientes, en un ámbito seguro y amigable. La idea de las cámaras nos remite directamente al Ojo del Gran Hermano, y eso no es lo que queremos para los chicos. 

Además, creemos que cuando existe realmente una problemática de violencia, ésta debe ser resuelta desde la raíz”. 

El jardín Mi Casita 

El último antecedente de violencia en instituciones educativas de nivel inicial, ocurrido en la ciudad de Santa Fe, se produjo a mediados de 2011, cuando inspectores de la Municipalidad de Santa Fe inhabilitaron el funcionamiento del jardín maternal Mi Casita, ubicado en Fray Mamerto Esquiú al 2.600 (a metros de Aristóbulo del Valle) por denuncias de vecinos que daban cuenta de agresiones físicas y psicológicas a los chicos que allí concurrían.

Las decisiones sobre el caso fueron tomadas en forma conjunta entre la Secretaría de Control y la Subsecretaría de Educación dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Según la ordenanza Nº 10.275/98, existe un Centro Interdisciplinario Municipal de Jardines de Infantes (CIMJI) que depende de la Subsecretaría de Educación, constituido por profesionales en la materia, que tiene –entre otras funciones– la tarea de supervisión e inspección de los mismos a fin de hacer cumplir la normativa, “intervenir o dictaminar con respecto a las condiciones de habilitación y funcionamiento de los jardines, así como sugerir a la autoridad en el caso de no cumplimiento de la presente la aplicación de sanciones específicas que se elaboren y decreten al efecto” y difundir las exigencias y sanciones correspondientes.