Pago a prestadores de Iapos: Palo Oliver propone que el nomenclador nacional fije el piso de los aranceles

Mediante un proyecto de Ley, el diputado Palo Oliver estructura un mecanismo para el pago, por parte de Iapos, de las prestaciones básicas de atención integral recibidas por las personas con discapacidad, afiliadas a la misma.

En este sentido, la normativa propuesta obligaría a la obra social provincial a ajustarse a lo indicado por el nomenclador nacional. Vale la pena recordar que estas prestaciones son enumeradas por la Ley 24.901 y son de carácter obligatorias.

En la parte dispositiva se establece que "los aranceles que debe abonar el Iapos a los prestadores de servicios para personas con discapacidad, serán los que publique el Ministerio de Salud de la Nación y/o la Agencia Nacional de Discapacidad por medio del Nomenclador Nacional y sus actualizados mensualmente" y "bajo ningún concepto el IAPOS podrá abonar por las prestaciones establecidas en el articulo primero, un arancel que esté por debajo de los valores dinerarios que se establezcan en el Nomenclador publicado por la autoridad nacional, debiendo éste ser considerado como piso para el pago de los mismos".

Por último, el proyecto dispone que "los pagos no podrán exceder el plazo de 30 días".

En los fundamentos, el legislador explica que la intención es "que los montos arancelarios fijados por el nomenclador nacional, constituyan el piso a partir del cual se fije el arancel a pagar por lapos, a fin de evitar que peligre la continuidad de las prestaciones recibidas por las personas con discapacidad, vulnerando sus derechos.

Actualmente, de acuerdo a lo manifestado por distintos colegios profesionales, el pago que realiza IAPOS no se ajusta a los valores del nomenclador nacional y no existe normativa legal o reglamentaria que autorice a la obra social a realizar esos pagos en montos por debajo de lo que establece el mencionado catálogo".

Otro aspecto que aborda el proyecto es el plazo de pago de las prestaciones realizadas: "a nadie escapa la situación de atraso en el pago que deben padecer los prestadores. Esta realidad, en un escenario inflacionario como el que vivimos, complica mucho más el sostenimiento del servicio".

"En síntesis: pretendemos que el nomenclador nacional sea la referencia mínima para los aranceles a pagar por lapos en materia de prestaciones para personas con discapacidad y que el pago no se extienda más allá de los 30 días de realizado el servicio", finalizó el diputado provincial Palo Oliver.