Pese a la postura de Ginecología, el Iturraspe atendió a mujeres que solicitaron abortos no punibles

Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, el Registro de Objetores de Conciencia se cerró el año pasado, después de que el Ministerio de Salud de la provincia revisara cada una de las solicitudes de los profesionales. Si bien los médicos por determinadas situaciones pueden todavía completar el formulario, el mismo debe ser evaluado antes de que la inscripción quede firme.

En ese sentido, las organizaciones de la comunidad que trabajan en el Iturraspe expresaron su sorpresa porque los únicos médicos del Servicio de Ginecología que no eran objetores decidieron inscribirse en el Registro en el último mes. El mismo mes en el que, casualidad o no, una ONG rosarina presentó una denuncia penal porque se habría realizado un ANP que no correspondía; y en el que se analizó la elevación a juicio de la causa contra los médicos que negaron el ANP y el tratamiento contra el cáncer a Ana María Acevedo.

Al respecto, el Colegio de Médicos de Santa Fe primera Circunscripción expresó su apoyo a los profesionales del Servicio y su preocupación ante “el cuestionamiento de algunos sectores sobre el derecho a la objeción de conciencia” de los médicos, que no aceptan realizar determinados procedimientos “que puedan colisionar con sus principios éticos o religiosos”.Y, en el mismo sentido, ya se había expresado la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) que sostuvo que defiende a los profesionales “sin ánimo de polemizar ni discriminar”.

Por otro lado, es necesario no perder de vista que el ANP está contemplado, como se mencionó, en el Código Penal. Eso implica que, desde 1921, la legislación argentina avala que las mujeres puedan elegir no continuar una gestación frente a dos situaciones: “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre” o si “el embarazo proviene de una violación”.

Durante mucho tiempo la aplicación de ese artículo ha estado sujeta a la voluntad de médicos y jueces, lo que ha provocado dilaciones y muertes. El caso más emblemático para la provincia es el de Ana María Acevedo, la joven de 19 años con tres hijos a quien se le negó la posibilidad de luchar contra su enfermedad para preservar un embarazo de apenas tres o cuatro semanas.

Para evitar nuevos casos como el de la adolescente de Vera, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró un protocolo para la atención de esos casos, el mismo que fue cuestionado por el Episcopado hace algunas semanas, entre otras cosas, porque no avala la objeción de conciencia institucional sino que exige que sea personal. Allí se definen los procedimientos para atender y contener a las mujeres contempladas en el artículo 86 del Código Penal.

Santa Fe fue una de las primeras provincias en adherir a ese procedimiento y establecer la creación del Registro de Objetores de Conciencia con el fin de poder garantizar que todos los hospitales y centros de salud tengan profesionales que realicen esas prácticas y otras vinculadas a la salud sexual y reproductiva.

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el fallo F. A. L., de 2012, que todas las mujeres violadas podrán practicarse un ANP sin que se les requiera una autorización judicial y que tanto ellas como los médicos que las asistan estarán exentos de sanciones. En la actualidad solo basta con completar la declaración jurada que establece el protocolo de Nación.

Definiciones

La postura del Servicio de Ginecología fue definida como “corporativa” por Mariano Figueroa –representante de la comunidad en el Consejo de Administración del nosocomio. Además, todas las organizaciones sociales evaluaron el hecho como un ataque contra los derechos de las mujeres porque es el hospital de referencia, para el centro norte de la provincia, en atención ginecológica; y solicitaron el desplazamiento del jefe del área, Samuel Seiref.

“Estamos analizando el pedido que hicieron las organizaciones de la comunidad junto a un escrito que presentó Seiref en su momento. A todo eso le tenemos que dar una valoración jurídica y otra de gestión”, explicó a Diario UNO Joaquín Gorrochategui, presidente del Consejo de Administración del Iturraspe.

Y agregó: “Desde lo jurídico tenemos que ver si las presentaciones son válidas o no, si están dentro de los plazos legales para hacerlas y si tuvieron el curso correspondiente. Y la evaluación de gestión será analizar cómo se siguen manteniendo las prestaciones a las mujeres. Lo que nosotros tenemos que garantizar es el derecho de las mujeres, entendiendo siempre que somos funcionarios públicos y que hay que cumplir con la ley”.

En ese sentido, indicó que esta semana se conocerá el dictamen del Consejo sobre la presentación de los formularios de objeción de conciencia. “Entre lunes y martes tendremos alguna valoración. Incluso queremos conversar con los profesionales porque hay que encontrar caminos de acuerdo y diálogo”, dijo.

Además Gorrochategui confirmó que en el último mes, desde que los profesionales tomaron esa decisión, se han presentado en el hospital mujeres que solicitaron acceder a una interrupción legal del embarazo.

“Se han presentado situaciones de ANP y, como han sido casos que estaban dentro de los plazos en los que pueden ser asumidos por el primer nivel de atención, se ha coordinado con esos profesionales para garantizar las prácticas”, aclaró el director del Consejo de Administración. Y remarcó: “Es una práctica legal, es una política pública y hay que garantizarla, para eso se coordina con los centros de salud”.

Denuncia y pedido de información

La ONG Ojo Ciudadano realizó hace un mes una denuncia penal porque en el Iturraspe se habría practicado un aborto que no estaba contemplado en el Artículo 86. Sobre el avance de esa investigación Gorrochategui contó: “En un primer momento tuvimos un pedido de una historia clínica, pero la solicitud era confusa y vaga porque no hacía referencia a qué paciente correspondía con lo cual solicitamos que nos den más precisiones”.

Y agregó: “Hace poco tuvimos otra comunicación, ya con una historia clínica identificada y le dimos curso. Le facilitamos todo a la Fiscalía para que tome las medidas correspondiente. Después no tuvimos más información porque el hospital no es parte de la causa”. 

En relación a las características de la actuación legal, sostuvo: “Por lo que nos llegó, es una denuncia que no especifica contra quién es”. Y, por último, indicó que las autoridades del nosocomio se han puesto a disponibilidad de la Justicia en todo lo que se les ha solicitado.

Victoria Rodríguez / [email protected]