Piden al Ejecutivo que informe sobre la presunta venta de agua

En noviembre de 2008 Diario UNO dio a conocer que una empresa argentina con oficinas en Buenos Aires y en Miami, Estados Unidos, ofertaba en internet exportar agua dulce del río Paraná. La noticia recorrió todos los medios nacionales y tuvo algunas repercusiones concretas, por ejemplo, en la Legislatura provincial con la sanción de una ley que prohibía la exportación de agua dulce, superficial o subterránea desde la provincia de Santa Fe.

Sin embargo, a principios de año la Universidad Nacional de Rosario solicitó al ministro de Aguas de la provincia, Antonio Ciancio, la intervención en las terminales portuarias por supuesta venta ilegal de agua dulce a buques de carga. Según fuentes de la CGT San Lorenzo, se cobra a razón de 8 dólares la tonelada.

En ese sentido, la semana pasada, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideró y aprobó el Proyecto de Comunicación de autoría de los diputados Silvia De Cesaris y Federico Reutemann que avanza sobre la temática.

Concretamente, la Cámara de Diputados de la provincia solicitó al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, informe “qué medidas ha adoptado esa cartera de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, con respecto a la presentación realizada por el Observatorio del Agua de la Universidad de Rosario ante el Poder Ejecutivo, relacionada con la presunta venta de agua a los buques que operan en los muelles de la zona de la ciudad de San Lorenzo, por parte de empresas agroexportadoras”.

Según el responsable legal del Observatorio del Agua de la UNR, indicó que “circulan fuertes versiones de la venta de agua”, hecho considerado delito mediante la ley 13.036, que prohíbe la comercialización del recurso.

“El agua dulce es un bien estratégico escaso y por otro lado evidentemente cumple una función de exportación y nivelación del barco cuando se descarga”, señalaron.

Por su parte, el dirigente gremial de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, opinó que la venta de agua “no se debería realizar porque es el agua de los santafesinos”.

En ese sentido, añadió que “es parte de lo que venimos denunciando desde el 19 de noviembre de 2011 mientras discutíamos nuestra recomposición salarial”.

Al ser consultado para saber cuál es el fin, Quiroga dijo: “Creo que debe ser para consumo, necesidades del barco y equilibración de bodegas de buque por líquidos”.

No obstante, señalaron que se habla de una tarifa de ocho dólares más IVA por tonelada de agua.

Al respecto, el doctor Aníbal Fascendini, integrante del Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de Rosario recordó que “en el 2009 se sanciona una ley específica en la provincia de Santa Fe que fue vanguardia en el país. Esta ley prohíbe la venta a granel de agua cruda y dulce del río Paraná, tanto para vender como para exportar”.

Al respecto, el profesional expresó que “desde la cátedra del Agua de la UNR, planteamos en virtud de la leyes 13.036 y 13.226, y anteriormente la 11.220, una denuncia de investigación al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Este reclamo lo hacemos ante la situación presunta de que se estarían vendiendo cerca de 500.000 toneladas anuales a nivel de 8 dólares más IVA cada una, es decir 4 millones de dólares por año”.

Además, Fascendini afirmó que “toda esta situación amerita que el Ministerio de Aguas, que es la autoridad de aplicación, intervenga, investigue y sancione si se tiene que sancionar o que dé certeza a la ciudadanía de que no se está vendiendo o exportando el agua”.

Por último, Fascendini explicó: “Nos basamos fundamentalmente en los dichos y planteos que surgieron a partir de un conflicto con Aguas Exportadoras de Puerto San Martín. Uno de los actores denunció públicamente que se realizaba este tipo de maniobras en el lugar”.

Una ley precursora

Por su parte, el senador por el departamento Garay, Ricardo Kaufmann, le dijo a Diario UNO: “Promovimos la ley que prohibía la exportación de agua dulce, superficial o subterránea desde la provincia de Santa Fe, que estaba siendo ofrecida a granel en internet por una multinacional en el mercado mundial”.

El autor de la norma promulgada el 9 de diciembre de 2009 dijo que la ley “fue precursora en establecer el dominio público y la soberanía del agua como principio para preservar el recurso dentro del territorio provincial, postura jurídica que ha sido considerada digna de imitar por las demás”.

En ese sentido, el legislador dijo: “Quien tiene claramente formuladas las normas que demarcan sus recursos naturales, levanta el primer escudo para oponer a su usurpación”.

En noviembre de 2008, Alberto Cholewa, uno de los socios de la empresa Makhena, al ser consultado por Diario UNO sobre si realizaban ese tipo de comercio dijo: “Sí, pero eso lo hacemos a granel y sin procesar. Se exportaría para terminar el tratamiento en el lugar de destino. Este tipo de ventas las hicimos desde 1983 a 1987 y ahora lo estamos tratando de retomar. Porque en su momento no se pudo hacer más por el costo del flete”.

Luego, los legisladores santafesinos tardaron un año en aprobar la ley 13.036, pero finalmente lo hicieron y hoy, en la provincia de Santa Fe, es considerado un delito la venta de agua a granel al exterior.