Preocupación en Santa Fe por los cambios en la Secretaría de Discapacidad de la Nación y la amenaza de nuevos recortes

El recambio de autoridades en la Secretaría de Discapacidad de la Nación encendió alarmas en las instituciones que atienden a personas con discapacidad en la provincia de Santa Fe. Tras la salida del Dr. Vilches —quien asumiera tras la intervención judicial por causas de corrupción que dejaron 19 imputados—, el Poder Ejecutivo nacional designó al frente del organismo a Pablo Di Liscia, dirigente vinculado al ministro de Economía, Luis Caputo.

La noticia fue recibida con profunda inquietud por parte de las organizaciones prestadoras de servicios y las familias. Gabriela Ortolochipi, titular de la Unión de Entidades de Personas con Discapacidad de Santa Fe (UENDISFE), analizó el escenario nacional y manifestó que el perfil de la nueva conducción no genera certezas en un contexto de fuerte desfinanciamiento: "El nuevo secretario es un hombre de confianza del ministro de Economía. Viendo todo lo que venimos pasando desde el área de discapacidad, no nos puede dar mucha tranquilidad".

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Asfixia económica

Desde la entidad que agrupa a 45 instituciones en el territorio provincial señalaron que, si bien el desgaste arancelario y prestacional comenzó a evidenciarse hacia 2018, la coyuntura actual presenta un nivel de asfixia económica inédito, agravado por discursos oficiales que desacreditan a las instituciones y a los propios beneficiarios.

"En esta gestión no solo está la cuestión del desfinanciamiento mucho más marcado y grave, sino acompañado de agresiones, insultos y poner en tela de juicio la condición de discapacidad de algunas personas. Es un sistema que tiene 30 años de funcionamiento", subrayó Gabriela Ortolochipi, presidenta de UENDISFE.

Ley de Emergencia subejecutada y el debate por el Presupuesto

El frente normativo y presupuestario concentra la mayor preocupación de la dirigencia del sector frente al cierre del ejercicio fiscal y las proyecciones para el año entrante:

Bajo nivel de ejecución: pese a haber completado todo el trayecto institucional —aprobación parlamentaria, veto presidencial, ratificación del Congreso y reglamentación por vía judicial—, la Ley de Emergencia en Discapacidad actualmente se ejecuta tan solo en un 20% de su capacidad real.

Amenaza en el Presupuesto: el proyecto de presupuesto incluye artículos que colisionan con la ley de emergencia vigente hasta diciembre. Ante esto, comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación buscan emitir dictamen para prorrogar la emergencia hasta fines de diciembre y frenar la quita de partidas.

Servicios esenciales en riesgo: los atrasos en los aranceles amenazan la continuidad de servicios clave como la atención temprana, el transporte adaptado, los centros de día y los hogares que albergan a personas sin contención familiar.