La reforma procesal penal que lleva adelante la provincia de Santa Fe acopla proyectos de ley para su optimización. Uno de los últimos fue presentado por el diputado del Bloque Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, y prevé la creación de un organismo de investigación que funcione dentro el ámbito del poder judicial y que dependa directamente del fiscal general.
Presentaron un proyecto de ley para crear una policía judicial
Esta “policía judicial”, tendría funciones de investigación científica que hoy cumplen los agentes de la policía provincial. Entre los beneficios de contar con este nuevo organismo, el presidente de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja santafesina, destacó que va a permitir que “la Justicia oriente todo su esfuerzo y disponga mayores recursos humanos para la investigación criminal”, mientras la policía dependiente del Ejecutivo “podrá abocarse con mayor dedicación a las tareas disuasivas y preventivas, impactando directamente en una mejora de la seguridad ciudadana”.
En la escena del crimen
“Lo que plantea el proyecto es una herramienta para los fiscales. Todas las acciones relacionadas a la investigación criminal estarán bajo la órbita de la policía judicial para que la policía provincial puedan concentrar todos sus recursos en la prevención y la disuación del delito. De esta manera, no sólo se mejora la investigación criminalística de las causas sino que además, va a repercutir sobre la cuestión de la seguridad ya que más agentes de la policía provincial van a poder estar patrullando las calles”, explicó el legislador rosarino.
En la práctica, la policía judicial se encargaría de la preservación de la escena del crimen, de la recolección de pruebas y de su análisis posterior. En cambio, no actuaría en la persecución de delincuentes, por ejemplo, y de esta manera, se evita la superposición de funciones con la policía provincial.
Para definir la organización del organismo, Toniolli tuvo en cuenta la experiencia de la provincia de Córdoba y un anteproyecto que se debate en la provincia de Buenos Aires. “Hace muchos años que en Córdoba funciona una policía como la que queremos crear. Pero nuestro proyecto presenta algunas diferencias que son muy importantes. Lo mismo respecto del proyecto que se está debatiendo en la provincia de Buenos Aires. En nuestro caso, proponemos que este organismo de investigación esté a cargo del fiscal general de la provincia y no a cargo del procurador”.
Y detalló dos motivos que fundamentan esa variación: “En primer lugar creemos que es mejor porque el cargo de fiscal general dura seis años y no se puede renovar en la misma persona. Entonces, evitaríamos darle una fuerza de esas características, con todo el peso que puede tener, a un funcionario de por vida. Pero además, en la reforma procesal penal que lleva adelante Santa Fe, el fiscal general es el responsable de los fiscales, que a su vez son quienes tendrán a su cargo, con un rol mucho más protagónico que el actual, las investigaciones penales. De esta manera, si se les exige más responsabilidades, lo menos que podemos hacer es dotarlos de más y mejores herramientas para desempeñar sus funciones”. Según la estructura diagramada por Toniolli, la capacitación de los agentes de investigación estaría a cargo del propio poder judicial y se deberá crear un instituto de formación y capacitación.
Causas complejas
El diputado rosarino planteó además que “causas complejas como la del triple crimen de villa Moreno, evidencia la necesidad de contar con un cuerpo independiente y capacitado en delitos complejos”. Por último, señaló que “el reclamo social por mayor seguridad ante los hechos delictivos ha sido reducido a una falsa disyuntiva entre el respeto a las garantías constitucionales y la efectividad en la persecución del delito”, y agregó que la superación de esa “falsa disyuntiva” requiere la creación de un organismo que “conjugue criterios racionales y efectivos de investigación y el apego irrestricto a las garantías constitucionales”.
Deterioro de atribuciones
Para Toniolli, la existencia del nuevo organismo es un elemento esencial para la “efectiva división de los poderes del Estado”. “La delegación absoluta de la actividad investigativa en la policía santafesina que se da en los hechos, ha traído como correlato al deterioro de una atribución propia del Poder Judicial”, expresó.
Y agregó que, “el nuevo cuerpo establecerá relaciones institucionales de cooperación y coordinación con las fuerzas de seguridad dependientes del Poder Ejecutivo, sin depender de éstas, ni económica ni operativamente. Si el ministro Lamberto evidencia vocación por avanzar en una férrea conducción política de las fuerzas de seguridad, vamos a estar ahí para aportar ideas e iniciativas parlamentarias en el mismo sentido”.
—¿Cómo analiza los avances de la reforma procesal penal?
—Hay varios aspectos en los cuales hay una mora muy importante. Entre ellos, algo que venimos reclamando desde hace bastante tiempo ya y que es la separación de defensores y de fiscales de la órbita del procurador. En este momento, tanto la acusación como la defensa tienen un mismo jefe, y eso es inadmisible. Nosotros ya hemos presentado proyectos para separarlos y creo que éste es el mejor momento para debatirlo porque justamente hay que analizar un próximo nombramiento. Creo entonces que a la reforma hay que profundizarla, llegó a un punto en el cual está empantanada.
“Lo deseable es que la reforma pueda comenzar a aplicarse en un plazo acotado. No sé cuáles son los tiempos que tiene planteado el gobierno provincial. Pero sí creo que podría haber intentado alguna especie de transición mucho más ordenada que algunas figuras. Hoy por ejemplo, el fiscal general y el defensor general no tienen funcionarios a su cargo, de esa manera, no pueden cumplir sus actividades”, concluyó.












