La Defensoría del Pueblo de Santa Fe presentó un proyecto de ley en la Legislatura para regular los servicios de seguridad privada. Celina Muguruza, abogada de este organismo, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3 contó que la normativa vigente es "obsoleta", ya que impide al Estado controlar la actividad y sancionar cuando hay infracciones.
Proyecto de ley busca regular los servicios de seguridad privada en la provincia
Impulsado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, el proyecto de ley quiere darle facultades al Estado para hacer un control efectivo de la actividad
26 de julio 2023 · 13:19hs
Proyecto de ley busca regular los servicios de seguridad privada en la provincia
La profesional, detalló: "Al día de hoy, Santa Fe es una de las cuatro provincias que no cuenta todavía con una ley que regule estos servicios, con lo cual el control sobre esta actividad por parte del Estado es bastante limitado. Tenemos una normativa, pero quedó totalmente obsoleta, es de 1991, aparte de que no le otorga al Estado facultades para ejercer un control efectivo sobre esta actividad".
"Básicamente al santafesino lo beneficia que pueda saber quién es la persona y la empresa que está vigilando determinado entorno. Esta actividad siempre está regulada por el Estado porque resulta como muy asimilable a servicios de seguridad pública, que deben garantizar de manera uniforme los Estados. Hay organismos de control, generalmente dentro de los ministerios de seguridad, en nuestra provincia es la Dirección Provincial de Control de Agencias, que otorgan las habilitaciones para las empresas y los vigiladores, previo cumplimiento de determinados requisitos como antecedentes penales", explicó.
El problema es que la legislación vigente impide al Estado sancionar o lo hace de forma bastante limitada. "Por lo cual si tenemos gente que no está habilitada y el vecino no sabe quién es el que está vigilando; no sabe si cuenta con antecedentes penales, pasó por el control del Estado; no se tiene registro si esta persona cuenta con formación para la actividad. Y si el Estado constata esta infracción tampoco tiene capacidad para sancionar y para encauzar a que las empresas presten el servicio en condiciones de legalidad", dijo la abogada.
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