Proyecto de reforma penal: endurecimiento de sanciones, nuevas figuras delictivas y fin de la prescripción en casos graves

El Gobierno impulsa una reforma del Código Penal que endurece castigos, incorpora delitos y establece que varios no puedan prescribir. Enviando al Congreso un paquete de modificaciones de gran alcance, el oficialismo presentó formalmente su proyecto de reforma integral normativa penal.

La iniciativa apunta a reemplazar una normativa vigente desde hace más de un siglo y adaptarla a las problemáticas actuales del delito, el avance del crimen organizado y los nuevos escenarios de violencia.

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De acuerdo con lo difundido de manera oficial, el proyecto contempla un endurecimiento amplio de las sanciones para delitos considerados graves, entre ellos homicidios, robos agravados, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.

Uno de los aspectos más destacados es la decisión de eliminar la prescripción en casos como abuso sexual y homicidio agravado. La reforma también hace foco en asegurar que las condenas se cumplan de manera efectiva.

Otro punto relevante es la redefinición de la prisión perpetua. El texto propone que deje de estar sujeta a límites temporales, lo que implica que una condena por homicidio agravado equivalga a un encarcelamiento de por vida.

El envío del nuevo Código Penal se suma a otros cambios impulsados recientemente por el Ejecutivo, como la implementación completa del Sistema Acusatorio —que otorga a los fiscales la responsabilidad de investigar y acelera los procesos judiciales— y la baja de la edad de imputabilidad.

“Cumplimos con el mandato social de terminar con la inseguridad”, expresa el mensaje oficial que acompaña el proyecto. La propuesta coloca el foco en las víctimas y busca una respuesta penal más estricta.

Se anticipa en el Congreso una discusión profunda y extensa, que abordará desde el alcance de la prisión perpetua hasta las reglas de punibilidad en menores, así como la capacidad real del sistema penitenciario y judicial para sostener un esquema más rígido. Se trata de uno de los debates legislativos más trascendentes en materia penal de las últimas décadas.