¿Santa Fe con policía municipal? Qué se necesita para que la ciudad cuente con una fuerza policial autónoma

En el debate de candidatos a intendente que tuvo lugar este lunes por la noche, a la hora de las propuestas en materia de seguridad se puso sobre la mesa la idea de una "policía municipal, con una conducción de parte del intendente de la ciudad debido a que este reconoce de una mejor manera los problemas de los vecinos y los pormenores del territorio".

La propuesta fue dicha por el candidato de Juntos Avancemos, Ignacio Martínez Kerz. La idea puede vincularse con lo que ocurre en la ciudad de Rosario, donde el intendente pidió mayores atribuciones para los intendentes a la hora de diseñar las políticas de seguridad en el territorio, teniendo "voz, voto y vetos" sobre el accionar de las fuerzas policiales, y que los mandatarios locales participen en la designación de las autoridades de las Unidades Regionales.

UNO Santa Fe dialogó con el abogado constitucionalista Oscar Blando para conocer cuáles serían las reformas necesarias para que esta idea se concrete.

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Reforma

"La policía depende del poder ejecutivo de la provincia. El artículo 72, inciso 17, establece que el poder ejecutivo dispone de las fuerzas de seguridad, y quien legisla es la legislatura de la provincia. Es una facultad provincial, no hay duda en este sentido. Ahora bien, esto se ha planteado en muchos lugares, que los municipios de alguna manera coadyuven en la seguridad pública. La discusión es cómo lo puede hacer", comenzó Blando.

"Con el sistema que nosotros tenemos en Santa Fe, en donde no tenemos autonomía provincial, la decisión de establecer una policía municipal dependería de un acuerdo muy claro respecto a cuáles son las facultades y atribuciones que pueda llegar a tener un municipio respecto a la provincia", agregó el jurista.

El abogado constitucionalista indicó que "para tener autonomía municipal es necesaria una reforma constitucional. Si una ciudad se autodeclara autónoma, o dicta una ley de autonomía, van a tener que estar muy claras las facultades que tiene uno u otro, porque la provincia va a delegar determinadas facultades o atribuciones a los municipios".

Blando explicó que "la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que parece una provincia pero en realidad es una ciudad autónoma, tiene un capítulo sobre seguridad. El jefe de gobierno conduce a la policía local, le imparte órdenes y la legislatura de la ciudad de Buenos Aires establece la seguridad pública al sistema penitenciario de policía, entre otras cuestiones".

El letrado recordó que, para que una reforma constitucional ocurra, "debe ser aprobada una ley de reforma por las dos terceras partes de cada una de las cámaras. Por lo tanto, necesita obviamente del acuerdo de la oposición. Esto viene ocurriendo desde siempre, es una mayoría especial. Sin consenso no hay reforma constitucional".

La idea de Javkin

En abril del año pasado, el intendente de Rosario Pablo Javkin anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura santafesina para pedir mayores atribuciones para los intendentes a la hora de diseñar las políticas de seguridad en el territorio.

En concreto, reclamó que los intendentes tengan "voz, voto y vetos" sobre el accionar de las fuerzas policiales, que se armen mesas de coordinación en seguridad y que los mandatarios locales participen en la designación de las autoridades de las Unidades Regionales.

El punto central del proyecto es solicitar que, para la designación de los jefes de Policía de las diferentes unidades regionales, se elabore primero una terna y se ponga a disposición de los intendentes.

En su iniciativa, Javkin solicitó que se creen en el ámbito del Ministerio de Seguridad en Santa Fe "mesas de coordinación en seguridad con gobiernos locales" cuyo objetivo será "la coordinación, análisis, planificación y monitoreo de las acciones multiagenciales de prevención a desarrollar por las fuerzas de seguridad y demás áreas de control competentes, en el ámbito de cada unidad regional". Que haya una de estas mesas por unidad regional, como mínimo, en la que participen representantes de fuerzas de seguridad e intendentes de las ciudades cabecera de departamentos.

También planteó que los intendentes tengan facultades de seguimiento de las acciones que desplieguen fuerzas policiales y de seguridad. Que puedan evaluar desempeños, promover instancias de interacción, dictar recomendaciones para promover la eficiencia de las operaciones en territorio, entre otras cosas.

Entre los fundamentos, el proyecto planteaba que "persiste, al día de hoy, una gran deuda de la política con la ciudadanía: la autonomía municipal". Que "ha quedado demostrado que las fórmulas centralizadoras tienen sus límites y que han sido ineficientes a la hora de hacer frente a las necesidades actuales". Que "los municipios del siglo XXI no pueden ni deben seguir gestionando con las mismas herramientas diseñadas bajo la concepción que los encuadró como simples delegaciones administrativas de los gobiernos provinciales".