Santa Fe retomó el diálogo directo con la Nación por el tema seguridad

La Casa Rosada retomó ayer el contacto directo con la provincia. Y por un tema complicado: seguridad. Julio Alak, titular de Justicia de la Nación, y Raúl Lamberto, su par de Seguridad de Santa Fe, compartieron un café y una charla de 40 minutos en la sede porteña del ministerio con la idea de bajar cierto clima beligerante que se fue creando entre la Casa Gris y la administración de Cristina Fernández de Kirchner por acusaciones a partir de graves hechos de narcotráfico que golpean a la provincia. Por eso, ambos funcionarios buscaron inaugurar una nueva etapa de colaboración.

"Lo central es restituir el diálogo, que se había cortado desde la última reunión que tuvimos con la procuradora (Alejandra) Gils Carbó", comentó a UNO Medios un satisfecho Lamberto.

Junto al socialista, al despacho de Alak llegaron también el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Juan Lewis, y el secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet.

Una de las preocupaciones que transmitió Lamberto fue la necesidad de que la Nación vuelva a proveer números clave de la Dirección Nacional del Registro Nacional Automotor y Crédito Prendario (DNRPA) para la averiguación sobre chapas patentes de rodados sospechados de intervenir en situaciones delictivas.

Según Lamberto, en enero pasado la Nación dejó de aportar ese instrumento de investigación, complicando las tareas de inteligencia que, necesariamente, debe encarar la policía provincial.

El uso (y abuso) de los números clave por parte de la policía provincial se reveló como una de las prácticas con que altos jefes de esa fuerza ejercían connivencia con delincuentes. En especial de narcotráfico.

Justamente, el manejo discrecional de una (o varias) de esas herramientas llevó al procesamiento y a la cárcel al ex jefe policial Hugo Tognoli. Y desató una crisis política con consecuencias nacionales.

Siempre según la evaluación de Lamberto, Alak se comprometió a proveer nuevamente claves al gobierno santafesino. "Tenemos los datos de los registros (automotores) de la provincia, pero es necesario relevar datos de vehículos radicados en otros distritos que circulan por Santa Fe", abundó el ministro.

La delegación del gobierno de Antonio Bonfatti también llevó la inquietud de restablecer el programa de desarme ciudadano, que ya se aplicó en la provincia. Y con éxito.

El plan de invitar a los vecinos a entregar voluntariamente sus armas de fuego se coordina con un organismo nacional, el Renar (Registro Nacional de Armas), y la idea del gobierno santafesino es restablecerlo y extenderlo en el tiempo y a todo el territorio provincial.

Finalmente, Santa Fe pidió al ministro que la Nación se haga cargo de los gastos que implica la manutención de unos 266 presos federales que hoy se encuentran detenidos en la bota santafesina, 150 de ellos en comisarías.

La expectativa es que la Nación reconozca unos 6 mil pesos mensuales por detenido. Segundas líneas de ambos ministerios seguirán explorando soluciones.