Santa Rita II: no habrá desalojos, a pesar de las notificaciones

Más allá de los plazos informados mediante notificaciones a los ocupantes de un plan habitacional tomado en el barrio Santa Rita II, hoy no desalojarán a nadie. El jueves pasado el gobierno provincial dio inicio al cumplimiento de la sentencia judicial que habilita el proceso de desocupación de las viviendas. Ese día comenzó la notificación de un plazo de 48 horas hábiles para el abandono pacífico de los inmuebles tomadas por parte de sus ocupantes.

En la misma resolución legal, la jueza en lo Penal Correccional Sandra Marina Valenti, estableció las obligaciones de las autoridades provinciales para con las familias, y señaló que aquellas que al momento del desalojo “se encuentren en una situación de desamparo absoluto, es decir situación de calle, deberá el gobierno provincial adoptar las medidas necesarias para asignar a dichas familias un lugar provisorio”.

En tal sentido, la magistrada analizó también que la “búsqueda de solución del conflicto refiere a uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, el derecho a una vivienda digna más aun de aquellos que padecen una exclusión social, económica y legal” y comprendió también que si sólo se adoptase el camino del derecho penal quedaría “subsistente el conflicto de base sin dar respuesta a los sectores involucrados”.

La determinación de desamparo debe darse, según la resolución mencionada, previa intervención de la Secretaría de Estado del Hábitat, luego de un relevamiento sobre la situación habitacional de los ocupantes del predio.

Tras la efectiva notificación de la semana pasada, el gobierno comenzó a trabajar en estos últimos puntos resueltos por la jueza Valenti. Es por ello que, en caso de realizarse el desalojo mediante el uso de la fuerza pública (ver recuadro), el mismo se produciría dentro de varios días más.

En diálogo con Diario UNO, el secretario de Estado del Hábitat, Gustavo Leone, expresó que “la sentencia plantea que se notifique un plazo de 48 horas para una opción de desalojo voluntario y que a partir de ahí queda habilitada la opción por uso de la fuerza pública”.

Y continuó: “Nosotros notificamos la sentencia y cumplimos con lo otro que nos pedía la sentencia, que era el relevamiento de cada una de las familias que se encuentran ocupando el predio y la identificación de su situación, o no, de calle”.

Sobre este aspecto, el funcionario indicó que hasta el momento se concertaron 35 entrevistas con grupos familiares y se continuará en forma progresiva con las demás (son alrededor de 170). “A todas las familias les dejamos un número de contacto y les planteamos la posibilidad de llevar adelante una entrevista personal con trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y del área social de la Dirección de Vivienda, para poder evaluar cada una de sus situaciones”, acotó Leone.

—¿Qué soluciones se ofrecerán a aquellos que se encuentren en situación de calle?

—Se plantean distintas opciones. Hay situaciones en las cuales las familias tienen un lugar alternativo donde ir, fundamentalmente casas de familiares. En esos casos estamos viendo cómo los ayudamos para que puedan trasladarse. Para aquellos en situación de calle estamos analizando una ayuda económica, un subsidio, para que puedan alquilar en otro lugar y mientras tanto se inscriban en el Registro Único de Inscripción Permanente de Vivienda (Ruip). Estamos llevando adelante estas entrevistas priorizando territorialmente el inicio por algunas manzanas.

—¿Durante qué plazo se otorgarán los subsidios mencionados?

—No lo establecimos aún, pero se analizará cada situación. Hay familias que manifestaron que pueden construir en el terreno de sus padres, por ejemplo, entonces se les dio la posibilidad de adquirir materiales de construcción para edificar. A las otras familias que no tienen esa opción se les dará el subsidio para alquilar por un plazo determinado, porque la resolución de la jueza aclara que debemos «asignar a dichas familias un lugar provisorio».

“Lo que damos es una opción transitoria y la posibilidad de registrarse en el Ruip, donde muchos no podían ingresar. Algunos ya estaban anotados, pero otros no reunían los requisitos, por lo cual se habilitará un registro de excepción para incluirlos y que participen de un plan especial de viviendas que se desarrolle en la ciudad en los próximos meses. Probablemente se trate de algún sorteo vinculado con suelo en alguna localización en la que estemos llevando adelante urbanizaciones”, expresó el secretario de Estado del Hábitat.

“Cuando tengamos identificadas las situaciones vamos a intentar firmar acuerdos de salida voluntarios. Con la gente que se quede y no quiera entablar diálogo vamos a tener que avanzar con el proceso de desalojo por la fuerza pública”, aseveró el mandatario provincial.