Un escándalo judicial sacude la quiebra de SanCor. Un síndico denunció al juez del proceso ante la Corte Suprema de Santa Fe por “graves irregularidades” que pondrían en riesgo la transparencia del concurso. La denuncia revela un supuesto plan para concentrar funciones y neutralizar el control independiente.
Denuncian al juez de la quiebra de SanCor por graves irregularidades
Un síndico denunció al juez de la quiebra de Sancor por maniobras para concentrar funciones y neutralizar el control.
Un síndico denunció al juez de la quiebra de Sancor por maniobras para concentrar funciones y neutralizar el control.
La denuncia, presentada por uno de los síndicos, apunta directamente al juez Marcelo Gelcich, de Rafaela. Según el escrito, el magistrado habría montado un mecanismo para obstaculizar el control que la ley otorga a la Sindicatura, reemplazándola por una “coadministración” designada sin sorteo legal, publicó El Monterizo.
La Maniobra
El denunciante sostiene que el juez nombró a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora, eludiendo el sorteo obligatorio del registro de la Corte. Inicialmente, su rol era “asistir” a la Sindicatura ante la reticencia de la empresa a dar información, pero terminó asumiendo funciones exclusivas del síndico, convirtiéndose en un órgano que suprime el control.
Mientras los síndicos Juan Tomat y Oscar Epstein mantenían un control estricto, el tercer integrante, Ignacio Pacheco, se alineó con el juez y la coadministradora. Entre los tres concentraron la administración, explotación y liquidación de activos, relegando al denunciante a tareas accesorias.
Operaciones dudosas y quesos desaparecidos
La denuncia detalla casos concretos. Por ejemplo, la intervención de la Sindicatura “disidente” habría permitido incrementar el precio de una operación en u$s 635.000. Pero el caso más llamativo es la desaparición de 24.640 kg de queso bajo resguardo judicial (warrants), cuyo valor no ingresó a las cuentas del juzgado: un faltante de al menos u$s 209.440. En lugar de investigar, el juez rechazó la denuncia y sancionó a los síndicos que la hicieron.
El síndico denunciante afirma que el juez y la coadministradora “fabricaban incumplimientos” para sancionar a los disidentes, fijando plazos imposibles y transfiriendo tareas a la coadministradora. Por la presión, Epstein renunció, pero su vacante no fue cubierta por sorteo. Ahora, en soledad, el denunciante dice estar hostigado y excluido de etapas clave, como la elaboración del pliego para la venta de unidades productivas.
La denuncia sostiene que este accionar compromete la transparencia del proceso concursal de una empresa emblemática con miles de trabajadores y un pasivo enorme. Se solicita a la Corte Suprema una investigación urgente, medidas preventivas y un sumario administrativo para juzgar la conducta del magistrado.

















