Avanza el debate sobre el aborto en Senado

Este martes se llevó adelante la segunda audiencia de debate en el plenario de las comisiones de la Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales, que continuará por la tarde con otros diez expositores. Se desarrolló esta mañana durante cerca de cuatro horas sin contratiempos ni cruces verbales entre los senadores.

La objeción de conciencia de los médicos que deban practicar abortos, la mortalidad de mujeres por el ejercicio clandestino de la interrupción del embarazo y la constitucionalidad de la práctica fueron ejes del plenario de comisiones en el que los senadores buscaron despejar dudas sobre la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, con media sanción de la Cámara de Diputados.

El exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra declaró que "no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto", sostuvo que quienes se oponen a la práctica "personifican u humanizan al proyecto de vida" y remarcó que "el embrión no es una persona ya nacida" y "el derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer" ya que "la vida necesita un desarrollo para nacer".

Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional, aseguró que "no hay ningún tipo de incompatibilidad" entre el proyecto de ley en discusión y la Convención sobre los Derechos del Niño" sino que "por el contrario, con esta iniciativa se está honrando el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes".

Para el abogado Alberto Bianchi, doctor en derecho de UBA, la ley se contrapone en el orden constitucional y con el Código Civil y Comercial, que entienden que hay vida humana desde el momento de la concepción y cuestionó que la ley "pase de despenalizar a la mujer que aborta a penalizar a los médicos que se oponen". En la misma línea estuvieron Ursula Basset, especialista en derecho de familia y el profesor de derecho constitucional Pablo Garat.

Gala Díaz langou, directora de protección social de Cippec, consideró que la iniciativa "puede saldar una deuda y, a la vez, contribuir al desarrollo con equidad" y advirtió que "la criminalización repercute sobre las trayectorias vitales de las personas y afecta a las mujeres más pobres".

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, que ayer se había quejado de aspectos de la ley, elogió el clima de la videoconferencia pero pidió "no increpar" a los expositores en alusión a la senadora Beatriz Mirkin, que interrumpió a uno de los oradores, el abogado Bianchi, en desacuerdo con sus expresiones contrarias al aborto.

La senadora opositora Silvia Elías de Pérez cuestionó, en el turno de las preguntas, aspectos de la normativa que implican consagrar "el derecho al aborto" y reprobó que no se tenga en cuenta en la propuesta "los derechos del padre".

Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, hizo hincapié en el hecho de que la penalización del aborto conlleva "maltratos y discriminación", mientras que Luciana Sánchez, abogada penalista, se refirió a la cantidad de mujeres de bajos recursos en peligro por no poder acceder al misoprostol, el medicamento utilizado para la interrupción del embarazo.