Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

En una polémica decisión de censura previa, un tribunal de Tucumán dictó una medida cautelar que impide al canal de televisión Compañía de Circuitos Cerrados S. A. (CCC) y a los trabajadores de la empresa a realizar críticas a jueces y fiscales.

La resolución, firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, prohíbe durante seis meses a una de las principales empresas de comunicación de Tucumán a que el canal, sus periodistas, productores y conductores difundan por televisión, radio, plataformas digitales o redes sociales contenidos que “directa o indirectamente, injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación” de fiscales, funcionarios judiciales y magistrados provinciales. Es decir, no podrán realizar críticamente el desempeño del Poder Judicial de Tucumán. Y se advierte que incumplir será penado “bajo apercibimiento de desobediencia judicial”.

El fallo, con fecha del 4 de noviembre, atendió una denuncia presentada por el ministro fiscal de la Corte Suprema Provincial, Edmundo Jesús Jiménez, contra Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, director y presidente de CCC, por un supuesto “entorpecimiento y ofensa al ejercicio de las funciones públicas, coacción institucional e incitación pública a la violencia o al descrédito institucional” por la labor periodística.

El conflicto de fondo apunta al malestar que generó en el jefe de los fiscales tucumanos que, en un marco de recientes entrevistas, opiniones y coberturas en programas que se emiten por la señal de CCC, se cuestionó la actuación de los fiscales que responden a Edmundo Jiménez en diversas causas de trascendencia pública.

Ahora, según la sentencia, el propietario del medio de comunicación “valiéndose de una apariencia de ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”, habría llevado a cabo una “campaña pública de hostigamiento, desprestigio y ataque mediático contra distintos fiscales, en general, contra el sistema de justicia provincial en su totalidad”, a través de programas televisivos, columnas de opinión y publicaciones en redes sociales. El texto agrega que en CCC se compartirían “expresiones tendenciosas, descontextualizadas y maliciosas” con la intención de distorsionar hechos investigados, con el objetivo de “socavar la confianza pública en la administración de justicia”.

Consultado por la prensa sobre la decisión judicial, el gobernador Osvaldo Jaldo respondió: “Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones que toman los poderes. Es una decisión judicial que hay que respetarla. Luego hay instancias para revertirlas”.

Además, consideró que “hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa”. “Tienen la vía judicial que, como se la implantó, se la sancionó, se la puede revertir. Y esto es lo bueno que tiene la democracia y lo bueno es que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”, remarcó.

Cuál es la empresa periodística de Tucumán que tuvo censura

La empresa CCC, actualmente dirigida por Olarte, fue fundada en 1987 por la familia Domínguez y adquirida por su actual propietario a fines del año pasado. Jiménez asumió como ministro fiscal en 2014 y, desde 2003 hasta ese año, se desempeñó como ministro de Gobierno y Justicia de José Alperovich, quien fue condenado a 16 años de prisión por varios delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. Alperovich permanece bajo prisión domiciliaria en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero, desde el 18 de junio de 2024.