Entre Ríos: avanza el megajuicio a Sergio Urribarri

A finales de septiembre comenzó el que puede ser uno de los juicios más relevantes de la historia en el país por hechos de corrupción. En el banquillo de los acusados está el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, hoy embajador del gobierno de Alberto Fernández en Israel y Chipre, llevado a ese cargo por la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El tribunal oral que deberá establecer el veredicto está integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

En síntesis, al dos veces mandatario de Entre Ríos y expresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, en varias causas acumuladas (por eso se habla de “megajuicio”), se le endilga haber desviado unos 6 millones de dólares para su frustrada campaña presidencial en 2015. Los beneficiados de aquellas erogaciones, que salían del estado entrerriano, fueron en gran medida empresas vinculadas a su entorno cercano. Urribarri es juzgado junto a otras 15 personas.

El exgobernador de Entre Ríos ya declaró en este juicio. Lo hizo por videoconferencia, desde Tel Aviv, donde reside actualmente por sus funciones diplomáticas.

En el Palacio de Tribunales de Paraná, los fiscales Patricia Yedo, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano hasta mediados de noviembre, se estima, presentarán testigos y material probatorio para confirmar que Urribarri usó fondos públicos para financiar la campaña presidencial de 2015, que finalmente no sucedió porque Cristina Fernández de Kirchner prefirió a Daniel Scioli, quien finalmente perdió ante Mauricio Macri.

Sergio Urribarri era uno de los gobernadores con más cercanía a Cristina Fernández de Kirchner durante sus mandatos presidenciales.

Son varios los delitos contra los imputados, algunos de gran relevancia en la política entrerriana, además de Sergio Urribarri. Entre las expedientes que se ventilan, hay cinco acumulados que van desde contrataciones oficiales a las imprentas del ex cuñado de Urribarri y ex secretario de la Cámara de Senadores provinciales, Juan Pablo Aguilera, al pago de avisos de campaña con fondos públicos. También otras presuntas desviaciones de fondos públicos para acciones proselitistas.

Este martes hubo audiencia. Declararon tres testigos, entre ellos la dueña de la agencia de publicidad Urbana Vía Pública (de publicidad callejera), Leticia Vieyra, quien supo ser subcontratista de la empresa Formato Urbano, empresa que diseñaba la cartelería pública, mayormente política. Esta mujer señaló que “lo que se decía era que los dueños de Formato Urbano eran Gustavo Pereyra (un empleado del PJ paranaenses) y Aguilera, el excuñado de Sergio Urribarri”.

Las causas contra Sergio Urribarri

Vale señalar que además de Sergio Urribarri, entre los imputados está su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, hombre de estrecha relación con el exgobernador, y quien digitaba la pauta oficial en aquel mandato. También está dentro de los procesados el exministro de Turismo provincial Hugo Marsó.

Pedro Baéz, exmnistro de Sergio Urribarri, y hombre clave de su gestión. Es uno de los acusados.

Juan Manuel Hernández. UNO

Las causas en cuestión comenzaron tras la denuncia que realizó el exdiputado radical Jorge D'Agostino, y que difundió la revista Análisis.

Las causas son varias, como ya se dijo. Una de ellas está contenida en el expediente que llamado “Solicitada contra los fondos buitres”, que en el los tribunales se la conoce como la “Causa Solicitada”. Los fiscales en ella sostienen que Sergio Urribarri y su ex ministro Pedro Báez, entre otros, sustrajeron más de $4 millones para difundir el mensaje titulado “Acuerdo de Compromiso para la Reafirmación Democrática Argentina”, publicado en junio de 2014, que en realidad tenía objetivo “promocionar, con fondos públicos, la precandidatura a Presidente de la Nación Argentina, en las elecciones generales del año 2015, tal y como surge del texto de la misma, el cual versaba sobre compromisos de acciones de gobierno en caso de que Urribarri accediera a la primera dignatura del país”.

Otra de las causas es la llamada “Cumbre del Mercosur”. En ese expediente se investigaron los gastos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014, que contó con la presencia de Nicolás Maduro (Venezuela), José Mujica (Uruguay), Roussef (Brasil), Horacio Cartes (Paraguay) y Evo Morales (Bolivia). Es muy recordada de aquella cumbre un partido de fútbol jugado en la cancha de básquet del club Echagüe, del que participaron Sergio Urribarri y Evo Morales.

Evo Morales y Cristina Fernández de Kirchner, durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Paraná, realizada en 2014. Hay una causa abierta por ese evento.

Yendo a lo que se investiga, los fiscales pusieron la lupa en la contratación por 28,4 millones de pesos a la firma Nelly Entertainment SA, de Jorge “Corcho” Rodríguez, exnovio de Susana Giménez, que supuestamente estaban destinados a financiar cuatro spots publicitarios. Para los acusadores, esa suma “fue aplicada para beneficio personal de Urribarri, a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015″, según escribió en el expediente el Ministerio Público Fiscal. De Corcho Rodríguez, la fiscalía dice que “además de conocer la diversa finalidad de la contratación, contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”.

Otra de las causas del “megajuicio” se centra en la instalación de un parador en una playa de Mar del Plata, que le costó a la provincia de Entre Ríos 14 millones de pesos y que era un elemento de campaña para la fiscalía y un parador de promoción turística para los defensores.

La figura de Sergio Urribarri desplegada en el balneario marplatense de La Perla. También esto forma parte de la acusación.

Sergio Urribarri tiene como abogado defensor a Raúl Barrandeguy, un experimentado abogado, exfiscal de Estado; excandidato a gobernador del Frepaso y exdiputado nacional del “Frente para la Victoria”.

El tribunal deberá resolver sobre un juicio en el que la fiscalía pide 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el actual embajador, y en la que sus defensores reclamarán la absolución por argumentar inexistencia de delitos.