La firma de Néstor Kirchner fue falsificada en los libros de Hotesur

Las firmas del ex presidente Néstor Kirchner en los libros societarios de la empresa familiar Hotesur son falsas. A esa conclusión se encaminan los peritos calígrafos que convocó la Justicia, quienes decidieron presentar su dictamen.La confirmación de la existencia de esas firmas falsas en los libros de Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate- complicaría aún más la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos. En particular, de Máximo Kirchner, actual diputado nacional y referente de La Cámpora.El dictamen de los peritos terminó de tomar forma el viernes pasado. Pero los expertos oficiales -uno de la Corte Suprema de Justicia, Juan Santiago Rattaro, y otro de la Policía Federal, Alejandro Centofanti-, junto con otro propuesto por la defensa de los Kirchner, José María Buitrago, no avanzaron sobre las fechas en que pudieron falsificarse esas firmas ni sobre las tintas utilizadas para cada rúbrica.El peritaje parecería confirmar la sospecha de la adulteración dolosa de los libros para justificar a posteriori negocios irregulares y un potencial lavado de dinero.Los expertos no precisaron si las firmas pudieron estamparse, todas con la misma birome, tras la muerte del ex presidente, en octubre de 2010.Ésta no sería la primera vez que las firmas de Kirchner quedaran bajo sospecha. En 2004 también se inició una causa penal por su presunta falsificación en los decretos 737/03 y 790/04. En esos textos, el entonces presidente ordenó abrir un sumario militar a tres generales de la dictadura -Reynaldo Bignone, Ramón Díaz Bessone y Albano Harguindeguy-, que habían defendido la represión en un programa televisivo. Pero en esa ocasión las sospechas se diluyeron y la causa terminó en el archivo.Esta vez, la primera en cuestionar la autenticidad de las firmas del ex presidente y de los libros societarios de Hotesur fue la diputada nacional Margarita Stolbizer, a fines de 2015. El fiscal federal Carlos Stornelli compartió estas sospechas y pidió un peritaje caligráfico.Las sospechas se centran en dos episodios concretos. El primero, las horas que siguieron a los allanamientos que ordenó el juez federal Claudio Bonadio en Río Gallegos, el 13 de julio de 2015, cuando colaboradores de la presidenta de Hotesur y sobrina de Néstor Kirchner, Romina Mercado, pidieron 48 horas para entregar los libros societarios o comerciales. ¿Aprovecharon ese tiempo para retocar esos registros?El segundo episodio bajo sospecha ocurrió entre el 3 y el 11 de noviembre de ese año, cuando tras el apartamiento de Bonadio y con la causa Hotesur ya en manos del juez federal Daniel Rafecas, la defensa de Mercado solicitó copias de esos libros. El juez accedió y la defensa retiró los originales de Prefectura -a cargo de su custodia-, sin que se dejara constancia de nada llamativo al llevárselos. Pero cuando los devolvieron el personal de Prefectura indicó que aparecían "enmiendas y tachaduras".¿Esas correcciones eran previas pero no se había dejado constancia de ellas? ¿O los acusados aprovecharon la oportunidad para adulterarlos, como de inmediato sospecharon Stolbizer y el fiscal Stornelli?Rafecas optó por rechazar las acusaciones, pero recién lo hizo tras la feria judicial de enero de este año y dos días después se declaró incompetente, por lo que giró parte de la pesquisa a su colega Julián Ercolini.Para entonces, la familia Kirchner ya había publicado en el Boletín Oficial del 1° de diciembre de 2015 un cambio de autoridades en Hotesur y el contador histórico de la familia, Víctor Manzanares, se presentó ante la IGJ para registrar esa novedad. Según informó, esa renovación habría ocurrido en marzo, pero recién nueve meses después se lo comunicó al organismo.Ya con el cambio de gobierno en marcha, la IGJ optó por no inscribir ese trámite. Por el contrario, consignó múltiples "observaciones". Entre otras, diferencias en "la cantidad de acciones depositadas", "dos montos" de "capital social inscripto", como también "fechas de registros distintos". También señaló que faltaban "datos de inscripción del directorio que convocó a la asamblea" y que la solicitud presentada incumplía con una resolución del organismo.