Supermercados, obligados a sumar a pequeños proveedores a las góndolas

Ningún proveedor o grupo empresario podrá ocupar más del 30% de la extensión de las góndolas –física o virtual– de los supermercados. Además, deberán ser al menos cinco los proveedores por góndola. A su vez, el 25% del espacio deberá reservarse para micro y pequeñas empresas nacionales. Y un 5% de la superficie será destinado a productos que surjan de la economía familiar, campesina, indígena y de la economía popular.

Así surge del corazón de la llamada ley de góndolas que anoche obtuvo sanción definitiva el Senado de la Nación con amplísima mayoría de 56 votos, cuatro abstenciones y ningún voto negativo. De este modo, el Frente de Todos consiguió un instrumento que la Casa Rosada considera valioso para dar pelea a la concentración, y aumento de precios de los alimentos.

Como lo reconocieron la mayoría de los más de 20 expositores, solo la ley no modificará la realidad de creciente concentración de grupos empresarios que dominan la industria alimenticia. La ley se propone abrir un camino inverso que marca “el mercado”. Y será determinante la reglamentación que redacte el Ejecutivo, y la efectividad o no de los controles de agentes estatales para que los centros de comercialización efectivamente cumplan con la letra de la nueva ley.

“La convergencia entre los productores de alimentos y las grandes superficies de comercialización han ido creciendo en la Argentina, también el abuso de la posición dominante. Lo que planteamos es un equilibrio de oportunidades entre los grandes y los más pequeños”, resumió el senador Jorge Taiana (FdT).

Por su parte, la senadora santafesina (FdT) María de los Ángeles Sacnun fundamentó: “Alimentos y medicamentos ya son considerados bienes sociales en el mundo. En el combate contra el hambre, que se ha empeñado nuestro gobierno, la ley de góndolas puede hacer un aporte”.

Sacnun analizó que el modelo de producción y comercialización de alimentos en la Argentina trae adicionalmente el flagelo del desarraigo, en tanto saca de competencia a miles de productores pequeños y familiares que se ven obligados a abandonar los territorios para migrar a las grandes ciudades.

Finalmente, Sacnun, que fue autora de un proyecto de ley similar en 2017, “acceso a los bienes de consumo popular”, que no llegó a tratarse, celebró que una norma conceptualmente similar, finalmente pase la prueba de fuego de las comisiones y recinto de ambas cámaras, y sea ley.

Entre los argumentos favorables a la aprobación de la ley, vertidos por varios senadores, se destacó el perjuicio sanitario, favoreciendo enfermedades como la obesidad y diabetes, entre otras. Flagelos producidos por la industria alimenticia a través de la publicidad engañosa y los ingredientes nocivos que contienen la mayoría de los productos envasados. En ese contexto “los consumidores no elijen los productos con libertad”, destacaron, entre otros, las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Sacnun.

El senador por Formosa Luis Naidenoff, titular del bloque Juntos por el Cambio –que votó favorable–, apuntó que la nueva norma aporta, pero no será una herramienta de solución definitiva, “porque se necesita de un Estado inteligente y eso no es lo que tenemos”.