Vacunarse: ¿Un derecho o una obligación de los trabajadores?

Los dichos de Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina, sobre la obligatoriedad a los trabajadores de vacunarse, levantaron las alarmas en diferentes ámbitos de la política, el sector laboral y el derecho.

En diálogo con el programa Ahí Vamos (de 9 a 12 por FM 106.3 La Radio de UNO), Eduardo Massot, expresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), opinó que este debate “deriva un poco de las normas laborales de emergencia que se han ido dictando a raíz de la pandemia y que tratando de dar un orden y protección, también han desordenado un poco el derecho laboral vigente”.

En una rueda de prensa realizada tras la reunión de Junta Directiva, el titular de la UIA opinó sobre la situación de aquellos trabajadores que no deseen vacunarse y expresó que "en esos casos cesa la dispensa y también la remuneración".

"Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. En esos casos, debe cesar la dispensa y la remuneración", afirmó Funes de Rioja, quien comenzó a desempeñarse en el puesto desde el 8 de junio.

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“Es un tema que al menos en el mundo occidental se está planteando con mucha crudeza”, reconoció Eduardo Massot y recordó que en Francia el presidente de ese país presentó un proyecto de ley junto al pase sanitario en el cual pretendía que los trabajadores de la salud que no se vacunen fueran despedidos, aunque luego en el Congreso fue modificado. “En Estados Unidos también está pasando lo mismo, donde trabajadores de la salud son despedidos en algunos sanatorios. Incluso ya han tenido sentencias desfavorables los trabajadores que han querido volver a su trabajo”, dijo el abogado.

Pero aclaró: “Obviamente en Argentina la legislación de emergencia laboral por la pandemia ha sido proteccionista de los trabajadores, de los salarios e incluso prohibiendo los despidos, pero no cabe duda que cierta interpretación de las normas trae un gris”, refiriéndose a la Resolución Conjunta número 4 del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo que indica que pasados los 14 días de la inoculación los empleados tienen que volver a trabajar de forma presencial.

“Allí es donde comienzan las distintas interpretaciones, que es la que trae Funes de Rioja, presidente desde la UIA y abogado laboralista de notable trayectoria a nivel país, donde dice: «Aquellos trabajadores que estaban dispensados de venir a trabajar ¿qué pasa si no lo hacen porque han decidido no vacunarse?» Ahí dice que esa dispensa del trabajo podría acarrear el no pago de los haberes; también por el lado de la ART diciendo que los trabajadores ponen en riesgo al resto de los compañeros de trabajo”, explicó el experto.

Massot reconoció que es una zona gris porque la vacunación de las personas es voluntaria, pero recalcó que “si bien parecería razonable lo que dice Funes de Rioja, la verdad es que legalmente no lo es, porque nadie puede ser obligado a vacunarse y en consecuencia no puede ser sancionado por haber ejercido su derecho”.

“Más allá de algunas interpretaciones forzadas que se están haciendo desde la UIA en este sentido, hoy aquellos trabajadores que toman la decisión de no vacunarse y están en el grupo de riesgo, no van a poder ser obligados con esta normativa que hay, no van a poder ser obligados a reintegrarse, no van a poder ser sancionados con el no pago de los salarios y mucho menos despedidos”, manifestó el abogado.

"En Argentina hoy no sería posible", dijo Massot sobre los despidos por no vacunarse.

La tendencia mundial

Si bien quedó claro que nadie puede perder su trabajo si no quiere vacunarse, hay medidas que promocionan e incentivan de manera indirecta la vacunación que no generan conflictos legales, tanto para el Estado como para las empresas. “Una medida patronal en este sentido, como dijo Funes de Rioja, hoy no creo que tenga un respaldo judicial”, opinó Massot, proponiendo una situación hipotética:

“Vamos a hablar de una persona ya no de riesgo, una persona de 30 años sin ningún tipo de riesgo. No puedo poner como una condición para el ingreso del trabajo que la persona esté vacunada. Pero ¿qué pasaría si yo en mi empresa decido que todos mis trabajadores a partir de ahora tienen que estar vacunados?"

"Ahí empiezan a verse los derechos laborales de las personas, de decir «si vacunarme es un derecho, ¿por qué me vas a imponer vos como empleador una obligación o un impeditivo de ingresar a mi puesto de trabajo, si yo estoy ejerciendo mi derecho? ¿cómo puedo yo ser sancionado si estoy ejerciendo mi derecho?». Y ahí está la posición del empleador de decir: «Yo tengo derecho a contratar o no a personas que estén vacunadas o no».”

La discusión ya ha pasado a nivel internacional, como por ejemplo el multimedio CNN, que dispuso que cada persona que ingrese a trabajar deberá estar vacunada contra el coronavirus. En Alemania, por otro lado, se eliminaron los PCR gratuitos, pero no su obligatoriedad para asistir al trabajo.

“Algunos gobiernos con más sutileza y estudio de la situación van por caminos alternativos, tratando de que las personas se vean motivadas o incentivadas a vacunarse sin llegar a esa confrontación, que solamente va a tener una respuesta definitiva en el ámbito de un proceso judicial”, dijo Massot.

Por otro lado, reconoció que hay muchísimos trabajos que no se pueden realizar desde domicilio, y en ese caso un mayor de 60 años que decide no vacunarse, tendría que seguir quedándose en su casa cobrando su sueldo. “Existen esas situaciones que podrían llegar a ser consideradas injustas y ahí es razonable el análisis que hace Funes de Rioja; pero en realidad no podemos legislar en base a esa excepción, tenemos que legislar de manera colectiva y en base a una situación que está sucediendo en la Argentina y en el mundo”.

Finalmente, remarcó que hoy un trabajador no puede ser discriminado por no vacunarse porque existen “derechos individuales que pueden llegar a ser avasallados”.

“Para adultos mayores la posibilidad es que ellos sigan ejerciendo su dispensa laboral; ellos no están obligados a vacunarse, es un derecho y no pueden verse perjudicados laboralmente, ni por el no pago de su salario ni ser despedidos”, concluyó Massot.

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