El gobierno nacional apelará "inmediatamente" el fallo adverso por la estatización de YPF

El Gobierno nacional apelará "inmediatamente" el fallo emitido este viernes por la jueza neoyorquina Loretta Preska en una causa por la estatización de YPF, en el que determinó que la Argentina deberá pagar un resarcimiento cercano a los US$16.000 millones al fondo Burford Capital por la expropiación y recuperación del Estado de la petrolera, ocurrida en 2012.

"El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska", sostuvo hoy la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), ni bien se conoció la sentencia.

"El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", expresó Cerruti.

En la misma línea que lo informado por Cerruti, el estudio de abogados Sullivan & Cromwell, que representa a Argentina en la demanda de Burford Capital, manifestó "su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito" de Nueva York y ratificó "la intención de apelar la sentencia".

Al respecto, el abogado Robert Giuffra, socio del estudio Sullivan & Cromwell, aseguró que "la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable y exacerba otros errores graves de derecho argentino que la corte ya cometió en instancias anteriores del caso".

"Este litigio, que versa sobre los derechos de ex accionistas de una sociedad argentina bajo los estatutos de esa sociedad argentina no debería tramitar en un tribunal de EE.UU., en particular cuando el derecho argentino vigente exige que este tipo de controversias sobre derecho argentino deben ser decididas por los tribunales argentinos", agregó Giuffra en una nota de prensa.

En ese sentido, el abogado ratificó la decisión de apelar la sentencia "ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito" y señaló que "confiamos que corregirán los errores fundamentales de la corte de distrito".

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Litigio

Fundado en 2009 por el ex vicepresidente y director jurídico de Time Warner, Christopher Bogart, el fondo Burford financió el reclamo desde el inicio del litigio, en 2015, y se convirtió en el más duro litigante contra el país.

En julio pasado, la República Argentina solicitó a la justicia de EEUU, a través del estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT, que el reconocimiento de daños en el juicio iniciado por dos fondos buitre por la expropiación de YPF no sea mayor a los 4.920 millones de dólares, según consta en un escrito presentado oportunamente en el tirbunal de Nueva York.

Esa indemnización estaría determinada en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización. Dicho monto puede variar, según estimaciones, entre 4.920 y 16.000 millones de dólares.

En cuanto a la fecha en que la Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación y el interés a pagar previo al juicio, los dos fondos demandantes habían señalado que querían cobrar desde el 16 de abril de 2012, fecha en que se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.

La contraparte, el Estado argentino, había argumentado que los daños económicos previo al juicio debían calcularse tomando como parámetro la fecha del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la Ley 26.741 (que declaró la utilidad pública y la expropiación), ya que fue en ese momento que se comenzó a ejercer el derecho político y económico de las acciones.

En las conclusiones, la Argentina planteó que "el tribunal debe ejercer discreción para no otorgar intereses previos al fallo" y que "el tribunal no debe inflar aún más las enormes ganancias inesperadas de los demandantes con intereses previos al fallo".