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El presidente de Vicentin quedó en libertad y deberá pagar una caución de 500.000 dólares

Omar Scarel fue imputado por presunta desobediencia de una cautelar que prohibía la venta de activos de la empresa Vicentin

Miércoles 08 de Junio de 2022

El juez penal Nicolás Foppiani decidió este miércoles por la tarde que el presidente de Vicentin, Omar Scarel, quede en libertad. El directivo estaba detenido desde el lunes acusado por los fiscales de desobedecer una cautelar judicial que le ordenaba no poder vender activos sin autorización previa al acordar la venta del 33% por ciento de sus acciones en la aceitera Renova la multinacional Viterra.

Scarel quedó imputado y seguirá el proceso en libertad pero avanzará la investigación sobre su presunta desobediencia a la disposición judicial de no innovar. Eso si, Foppiani le puso una cautelar de 500.000 dólares (ampliando la que ya tenía todo el directorio, imputado por estafa por 10 millones de dólares). Como opinión, el juez dijo que le "cuesta creer pensar una maniobra tan burda" como la denunciada "cuando el proceso está a la vista de todos", según lo publicado en el sitio Rosario 3.

La audiencia con los directivos de Vicentin arrancó con el fiscal Sebastián Narvaja mostrando un contrato de venta del 33% de las acciones de Vicentin a Viterra firmado el 2 de abril de este año por 310 millones de dólares. Y denunció que esa operación fue en abierta "desobediencia consumada" de la prohibición de venta de activos de Vicentin firmada por el juez Foppiani el 18 de septiembre de 2020.

A su turno, Omar Scarel tomó la palabra y aseguró que Vicentin no vendió esas acciones. "Fue un acuerdo de transferencia sujeto a condiciones", dijo. Y resaltó que, entre esas condiciones, estaba el levantamiento de las cautelares penales y administrativas.

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Imagen ilustrativa

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Scarel contó que la venta de acciones se pensó para mejorar la oferta de pago a proveedores. Y detalló que esa posibilidad fue informada en el concurso y avalada por directores y por sus accionistas en asamblea. Y enfatizó que tenía plazo hasta la audiencia del 22 de junio para presentar en el concurso toda la oferta condensada, "que incluía la venta para tener más cash inicial, siempre a referéndum de la homologación concursal y el levantamiento de cautelares".

Tras el rechazo de la imputación por parte de Scarel, tomó la palabra el fiscal Miguel Moreno y acusó de "ilusionista" al expresidente de Vicentin por "mostrar cosas que parecen ser otras cosas", y relató toda una serie de maniobras del titular de la defaulteada que "muestra su peligrosidad procesal" y por eso pidió su "encierro cautelar". Scarel fue detenido el lunes y paso toda la audiencia con un policía armado pegado a su lado.

Luego el fiscal Narvaja presentó una serie de documentos (2.500 páginas) sobre la propuesta de pago a acreedores y las compra venta de acciones, entre ellas un texto firmado por Scarel donde se informa "la aceptación irrevocable de la oferta de compra", denunciando que su forma de presentación tuvo como objetivo "generar confusión" ya que la oferta de pago a acreedores y la compra venta de acciones de Renova "son dos instrumentos independientes".

Según detalló el fiscal, el supuesto engaño estuvo centrado en el uso de una fecha de cierre (abril, para la venta de acciones) y un acto de cierre (julio, del concurso) distinto, pero que en su lectura y presentación confusa buscan hacerse pasar por lo mismo. "Se buscó ocultar la compra venta. Según el código, para que haya una compra venta hace falta asumir obligaciones de entrega y pago", agregó.

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Por el contrario, detalló que en otro caso en el que también se proponía vender acciones, cómo fue el caso de Petropack, si está claro que estaba sujeto a condiciones como el levantamiento de cautelares. Narvaja también hizo hincapié en que en las condiciones de la venta a Viterra, que fueron 14, nunca se dijo que estaba sujeto a aprobación concursal. "Hay que ver las cosas como son y no como dice Vicentin que son", dijo finalmente Narvaja.

Y a su turno, el fiscal Moreno comparó el caso de Scarel con el de Cristóbal López, a quien se le dictó la prisión preventiva dejando sin libertad por enajenar acciones de compañías en su poder rigiendo una medida judicial que se lo impedía.

Scarel escuchó toda la imputación sentado juntó sus abogados y escoltado por un policía que estuvo parado siempre a su lado. A la audiencia, que se realiza en el Centro de Justicia Penal, asistieron también importantes exdirectivos de Vicentin en señal de respaldo al titular de la aceitera.

Luego, el abogado Gustavo Feldman, representante de la firma querellante Olsen, hizo referencia a que la maniobra de engaño era imposible de detectar por los acreedores que suscribieron el acuerdo. "Si cinco abogados de la Fiscalía preparados estuvieron semanas leyendo las 2.500 páginas, era obvio que los productores y Acopiadores no lo iban a poder detectar", dijo.

Un tema que sacaron a relucir los querellantes es que mientras que Vicentin vendió el 16 por ciento de Renova (en las horas previas al default) a Viterra en dólares billete, no se entiende como la venta ahora del 33% por ciento se pactó en pesos al tipo de cambio oficial, cuando hay una fuerte brecha cambiaría. En ese sentido, tanto los fiscales comí los querellantes señalaron que si la empresa quiebra, la venta de. 16 por ciento entra en periodo de sospecha y debería ser revisada.

A su turno tomó la palabra la defensa. El abogado Jorge Ilharrescondo, quien denunció que los querellantes, con la aunencia de los fiscales, están buscando trabar la resolución concursal por la vía judicial. "Promueven una investigación penal de una cuestión comercial", dijo. "No es casualidad que se lo detenga a Scarel a 15 días de lograr la adhesión mayoritaria de los acreedores a la propuesta de pago", se quejó. "Los querellantes de la firma Commoditie, que es el grupo Grassi, quieren la prisión preventiva como pena anticipada porque rechazan la oferta y quieren el cram down", enfatizó. "Como no tienen éxito en el proceso concursal, quieren embarrar con el proceso penal como si el fuero penal como una suerte de control al proceso concursal", insistió Jorge Marcelo Ilharrescondo.

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