Cueva financiera en el Puerto: la defensa del imputado pidió que la causa pase a manos de la justicia provincial

En el marco de la causa en la que se investiga la constitución y funcionamiento de una cueva financiera en un departamento en la zona del Puerto santafesino, el abogado defensor del único imputado en la causa pidió la incompetencia del fuero federal solicitando que la causa pase a manos de la justicia provincial.

El Dr. Ignacio Alfonso Garrone, abogado del único imputado hasta la fecha Ángel Yamil Benavidez, emitió dos escritos hacia el juez Aurelio Cuello Murúa en los cuales en el primero pidió que la causa no vaya por la vía del fuero federal y en el otro se solicitó que el allanamiento cometido por oficiales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el inmueble en el que fue hallado el imputado junto con la gran cantidad de dinero y tarjetas de débito sea considerado nulo.

Ambos pedidos simultáneos fueron realizados este lunes, tres días después de que el fiscal federal frente a la causa, Walter Rodríguez, haya pedido ante el juzgado federal N°2 la prisión preventiva para Benavidez por los delitos de lavado de activos y defraudación bajo el uso de tarjetas de débito.

En los fundamentos del escrito elaborado por la defensa a los que accedió UNO se sostiene: "Surge de la Constitución Nacional (arts. 5, 123, 124) que las Provincias por el sistema de Gobierno adoptado, no solo dictan sus propias constituciones, celebran tratados internacionales, reglan su autonomía municipal, crean regiones económicas y sociales, sino que fundamentalmente establecen el orden económico tendiente al progreso mismo y desarrollo humano de su ámbito territorial; a lo que agregamos que en lo que no fuera materia delegada, administran justicia y es su atribución llevar adelante investigaciones sobre los hechos ocurridos en su territorio".

"El máximo tribunal nacional a lo largo de su historia jurisprudencial ha sido harto claro en cuanto a los criterios para la atribución de competencia. Es que más allá de lo previsto en el art. 33 del CPPN y las leyes especiales, la CSJN ha adaptado su doctrina de asignación de competencia al fuero de excepción por la real afectación de intereses federales, aún en los casos donde la normativa indique lo contrario", expresa otro de los fundamentos.

Vínculos con barras

A raíz del dictamen de la fiscalía, se da cuenta de una posible vinculación entre tres de los 39 titulares de las tarjetas de débito halladas en el departamento del puerto santafesino, quienes según el expediente serían hermano, primo y tío respectivamente de Brian Emanuel Ríos, más conocido como "Chucky Ríos". Se trata del líder o exlíder de la barra brava disidente del Club Colón reconocida como la facción de "La Negrada".

La mayoría de las personas entrevistadas provienen de barrios carenciados de la ciudad de Santa Fe y de otras localidades, de donde en primera instancia el imputado recababa datos de diferentes personas, robándole su identidad mediante la captura fotográfica de su DNI y posterior escaneo. Según la fiscalía, este robo de identidad en la mayoría de los casos se daba "mediante maniobras abusivas en perjuicio de personas sumergidas en situaciones de extrema vulnerabilidad social".

Bajo esta tesitura, la fiscalía expresó que dicho robo de identidad no solo fue "para valerse de sus datos personales e imagen individual, sino que además fueron objeto de una perturbación que tuvo impacto en sus intereses económicos al verse comprometidos como consumidores y usuarios de bienes y servicios".

Las cuentas bancarias se crearon a nombre de estas personas que desconocían su accionar, todas provenientes de barrios carenciados de la ciudad entre los que se nombran: seis del barrio Centenario, cuatro del barrio Chalet, tres del barrio San Lorenzo, cuatro de barrio Yapeyú, dos de barrio Adelina de Santo Tomé y nueve en barrio Las Vegas de la misma localidad.

Entre las personas de barrio Centenario se encontrarían los tres sujetos de apellido Ríos apoderados de tres de las 39 cuentas bancarias abiertas por Benavidez.

Sobre el vínculo con personas allegadas directamente con un líder de la barra brava del club Colón, en el dictamen se especifica que "no puede pasarse por alto la existencia de vínculos con sujetos caracterizados por el ejercicio de la violencia según surge de hechos de público y notorio conocimiento ocurridos en la ciudad (identificados en el informe como “barra bravas”), lo cual demuestra que el imputado puede tener a su alcance potencialmente los mecanismos posibles de hostigamiento para desalentar eventuales testimonios en su contra".