Espionaje ilegal: Sain y los otros acusados seguirán el proceso en libertad por acuerdo entre las partes

En los tribunales santafesinos se celebró la audiencia de medidas cautelares contra los imputados en la causa de espionaje ilegal en la que están acusados exfuncionarios de la cartera de seguridad, entre ellos el exministro Marcelo Sain.

Entre querella y defensa se acordó que las partes hubo acuerdo en relación a no aplicar a los acusados la prisión preventiva para el resto del proceso judicial, pudiendo ellos seguir en libertad en lo que resta del proceso. Otra de las resoluciones a las que se dictaminó fue que tanto Sain como Germán Montenegro no podrán salir del país, lo que si podrá realizar Agustina Moulins con autorización.

La audiencia presidida por el Dr. Torres se realizó con la presencia de la representación de cada una de las partes de forma física y todos los acusados estuvieron presentes vía Zoom.

La querella de la causa está conformada por el diputado Maximiliano Pullaro, el empresario Gustavo Scaglione y la provincia de Santa fe en carácter de querellante.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, a las 14.30.

La querellas y la defensas se metieron de lleno en el debate en torno a la prisión preventiva de los imputados. Los patrocinantes de Sain y otros acusados plantearon su continuidad en libertad en lo que resta del proceso. Los planteos continuarán siendo discutidos.

Estructura

La fiscalía sostuvo que la agrupación ilegal funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2021. Que era una organización de estructura piramidal, encabezada por Sain, como jefe, seguido por la entonces directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman, como organizadora, en el Ministerio de Seguridad y la ex directora del Organismo de Investigaciones (perteneciente al Ministerio Público de la Acusación, MPA) Débora Cotichini —destituida ayer durante un juicio disciplinario—, también como organizadora.

Montenegro, el ex subsecretario de Control Diego Rodríguez, el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Alvarez y las empleadas Milagros Bernard y Moulins fueron imputados en carácter de miembros.

En ese sentido, los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Federico Grimberg habían formalizado el miércoles pasado el pedido de audiencia de medidas cautelares ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

Lo hicieron un día después de imputar a Sain y a siete de sus ex colaboradores en Seguridad provincial de conformar una asociación ilícita (en carácter de jefe para el ex ministro).

Para los fiscales, se trata de un presunto grupo criminal que coordinó una estructura que recopilaba ilegalmente información de personas físicas y jurídicas mediante la confección de “perfiles”.

Antes de la audiencia se había especulado con la existencia de un principio de acuerdo entre la fiscalía y la defensa de tres de los imputados (Sain, Germán Montenegro y Moulins) para que transitaran la causa con medidas alternativas a la prisión (fijar domicilio, prohibición de contacto con las víctimas y salida del país).

Hernández y Grimberg le atribuyeron a Sain haber encabezado una asociación ilícita “permanente, estable y organizada”, que fue conformada por funcionarios de la cartera de Seguridad provincial y el Organismo de Investigaciones, los cuales tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas. También por sustracción de fondos reservados, peculado y torturas, transgresiones de peso significativo.

La investigación en la causa de espionaje ilegal comenzó a despuntar luego de dos allanamientos, uno en la sede rosarina del Ministerio de Seguridad y el otro en las oficinas de la cartera en la capital provincial. Allí se secuestraron abundante material y los teléfonos celulares de los colaboradores de Sain.