La defensa de los policías del Comando de la Costa dice que la causa es "cholulismo"

"Esto es un acto de cholulismo", dijo Marcos Barceló, quien junto con Jorge Qüesta defienden a los seis agentes del Comando Radioeléctrico de la Costa que se encuentran acusados de una multiplicidad de hechos vinculados a torturas, robos y falsos allanamientos en propiedades de vecinos de Colastiné, San José del Rincón y Arroyo Leyes.

Ambos letrados brindaron una conferencia de prensa esta mañana en un bar de Bulevar Gálvez al 1600 y dieron su punto de vista en torno a la causa que es instruida por el fiscal de la Unidad Violencia y Corrupción Institucional, Ezequiel Hernández. En la misma, los agentes Nadia Lucrecia S. (36), Carlos Javier N. (41), Exequiel M. (31), Lucía G. (36), Ariel Alejandro S. (41) y Juan Emilio T. (28) fueron imputados el pasado martes por múltiples delitos: torturas, robos, allanamientos ilegales, apremios, amenazas coactivas, falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad, vejaciones, apremios, abuso de armas y severidades.

Los seis continúan detenidos y el próximo jueves, en horario a definir, se debatirá en tribunales si permanecen detenidos, bajo la medida cautelar de prisión preventiva o si transitan el proceso con alternativas a la cárcel.

Sobre esa situación Barceló y Qüesta se refirieron en la mañana de este viernes y sostuvieron que el fiscal montó un "show mediático" y actuó con "irresponsabilidad absoluta" por lo que logró "angustiar a cientos de personas" que se encuentran alrededor de los efectivos detenidos.

Al cruce de las denuncias

"Cuando nos trajeron el tema nos abocamos al estudio y vimos que es una situación muy grave. Estuvimos todo el tiempo trabajando, analizando si era cierto o no, buscando información y en un momento dado nos dimos cuenta de que nosotros estábamos teniendo una causa jurídica y que desde la Fiscalía se manejaba la misma como si fuera un partido de fútbol", explicó Qüesta apenas dio inicio a la conferencia de prensa.

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En torno al pedido de prórroga para que la audiencia de prisión preventiva se postergue -la cual debía llevarse a cabo en la jornada de este viernes-, los letrados indicaron que recién ayer pudieron tener acceso a los once legajos que forman parte de la pesquisa judicial.

"Llegamos a esta instancia porque nosotros en el día de ayer (por el jueves) recién tuvimos los once legajos que contienen la cantidad de imputaciones delictivas de lo que se habló", destacaron los abogados defensores.

"Es sorprendente e innovadora esta situación que se ha dado en la actividad de la Fiscalía. Nosotros entendemos que se encuentra absolutamente fuera de la norma legal, procesal, que vulnera los principios legales y que tiene algo más grave: miente en forma descarada", resaltó Qüesta.

"Nosotros queremos creer que el fiscal es ingenuo o irresponsable. Va a ser más grave lo que vamos a demostrar que los hechos que se imputan", agregó el letrado que patrocina a los seis agentes presos.

En tanto y en torno a la investigación, Qüesta aclaró que la totalidad de las actuaciones que hicieron los imputados fueron "efectuadas en el marco de la ley y del proceso". A su vez, señaló que las 33 personas que denunciaron a los agentes detenidos "son personas que tienen problemas con este tercio de guardia".

Un aborto en jaque

Los abogados defensores también cuestionaron los dichos del fiscal Hernández, quien el pasado martes, en conferencia de prensa en el Ministerio Público de la Acusación, indicó que una de las víctimas perdió un embarazo de gestación de dos meses luego de haber sido golpeada en una detención en su propiedad.

Sobre ese punto, Barceló se tomó unos minutos y aclaró que desde que asumió la defensa fue el primer tema contemplado. "Esta chica está con un esquema de anticonceptivos inyectables. El hecho fue denunciado el 20 de octubre del 2017 (detenida), luego de que ella sale de estar alojada en Tránsito de la provincia", señaló.

"En septiembre y octubre están los inyectables. No hay referencia a ningún embarazo", explicó el letrado y agregó que "nunca estuvo embarazada, nunca sufrió un aborto y en consecuencia nunca fue atendida por un letrado".

Por otro lado, Barceló recordó que la denunciante "tiene un historial de golpes por su pareja que está cronológicamente registrado en un sistema que sigue la provincia por lo cual van controlando, con el DNI, todas las atenciones que tiene la persona en el sistema de salud", resaltó.

"Me sorprende que vayan a buscar a la denunciante, cinco meses después, para que haga la denuncia que no hizo en su momento", cuestionó.

Los allanamientos, el foco de la pesquisa

En el último tramo de la conferencia, tanto Qüesta como Barceló se refirieron a la situación de los falsos allanamientos que denunció el fiscal Hernández y forman parte de la causa que surgió en octubre del 2017.

"Hay situaciones que cuando hay flagrancia, están justificadas y en cada acta plasmadas", resaltaron.

En este sentido, sostuvieron que sus defendidos "son agentes con una foja de servicios intachables y con ascensos recientes. Es decir, usted cómo hace, investiga a un policía y lo asciende dos meses antes. Es imposible", sentenció Barceló.