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La historia de una familia entera de Rincón que logró la condena de su padre abusador

Un caso sin precedentes en la provincia en el que se logró condenar a un hombre que abusó de casi todos los miembros de la familia durante casi 40 años. Los tiempos de las víctimas.

Lunes 14 de Junio de 2021

Una reunión de hermanas pudo ponerle palabras, y un final, a más de 36 años de violencia. Hace un tiempo en terapia psicológica, una de ellas con más de 30 años, comenzó a recordar situaciones de abuso que había presenciado de pequeña de parte de su padre. Les pidió a sus hermanas juntarse a hablar para saber si lo que estaba en su memoria había sido así, o eran pesadillas. La charla desembocó en una denuncia en 2019 contra C. A. O, a la que se sumaron seis más, de distintos miembros de la familia. Este mes fue condenado a 16 años de prisión por hechos cometidos entre 1984 y 2015, aunque la violencia trasciende lo que se pudo comprobar en el juicio.

Quienes realizaron las denuncias son la expareja, hijas, hijos, hijastras y nietas de C. A. O. de 57 años. “Él ejercía violencia física, psicológica, económica y sexual sobre todo el grupo familiar”, describe la fiscal a cargo de la investigación, Alejandra Del Río Ayala a UNO Santa Fe. Este medio no da a conocer el nombre del abusador en este caso porque tiene el mismo apellido que las víctimas.

Todo se remonta hasta, por lo menos, 1979 cuando comenzó la relación entre C. A. O. y su expareja que se sostuvo durante 30 años con todo tipo de violencia de género y sexual. En diferentes períodos (1984-1991, 1988-1993, 1992-1999, 1994-1997 y 2014-2015, aproximadamente en cada caso) abusó sexualmente de los niños y niñas de diferentes edades que estaban bajo su cuidado, de acuerdo al fallo condenatorio del 3 de Junio de 2021 al que accedió UNO. Los hechos ocurrieron en los domicilios que compartieron muy cerca de la zona céntrica de Rincón, ubicados en calle de tierra en barrio de casa quintas, y en islas a las que los llevaba con la excusa de pescar. Se presentó además otro caso reciente, que por cuestiones técnicas jurídicas, no se pudo probar.

El camino judicial

Al conocer que se habían realizado las denuncias en abril de 2019, el hombre desapareció de todos los espacios que frecuentaba, incluido en su trabajo en un hogar de cuidado de ancianos. En julio de ese año fue atrapado, Del Río Ayala lo imputó y quedó en prisión preventiva. Con la condena que se determinó este mes por ser autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravada (por la edad de las víctimas y por la guarda), quedaría en libertad en 2035, a los 71 años. La sentencia fue resuelta por los jueces Jorge Patrizi, Sergio Carraro y Leandro Lazzarini.

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Fiscala Alejandra Del Río Ayala.

Fiscala Alejandra Del Río Ayala.

Este caso se destaca no solo por la brutalidad, sino porque es innovador ya que se juzgaron situaciones que ocurrieron hace más de 20 años. “Pasó lo que pasa en la gran mayoría de este tipo de casos donde no se denuncia y donde hay secretos familiares. Los abusos se terminan en algún momento por diferentes razones y la vida sigue. Los abusos se cortan y no siempre hay posibilidades de denunciar, cuesta. De hecho el puntapié inicial es por una de las hermanas que no fue víctima de él, pero que comienza a recordar en su adultez situaciones de abusos que había presenciado. Y ahí comienzan a hablar, se hacen las denuncias. Fue lo que habilitó la palabra”, describe la fiscal.

Del Río Ayala relató a UNO que los abusos fueron cometidos en períodos temporales concretos, “en algunos casos con una violencia sexual muy agresiva, en un contexto muy violento”. Y agregó que con algunas de las víctimas los hechos finalizaron hace más de 20 años. “Los abusos se interrumpieron hace mucho tiempo. La vida siguió con él adentro de la casa. Y lo pudieron denunciar hace poco. De hecho, algunas de las víctimas vivían cerca en la misma ciudad y seguían en contacto hasta que hubo la posibilidad de ponerlo en palabras, de contarlo”.

En tribunales

En relación al proceso judicial, la fiscal contó que luego de la primera audiencia imputativa y de medidas cautelares, la defensa argumentó que cuatro de los hechos estaban prescriptos. “Apelé haciendo una valoración distinta, con una interpretación que tiene en cuenta el antecedente de Ilarraz de Entre Ríos, basado en lo que es el plazo razonable, el acceso a la justicia, las posibilidades de hacer una denuncia en otro contexto y en otra época. La apelación se la asigna al doctor Bruno Netri que como juez revoca la resolución de primera instancia y me acredita de seguir investigando”, sostuvo la fiscal.

Cabe destacar que no todas las víctimas se encuentran en el departamento La Capital, ya que algunas viven desde hace años en otras provincias. “Cuando se terminó la investigación, previo a presentar la acusación. Ahí la defensa dijo que quería hacer un acuerdo para un juicio abreviado. Se habló con las víctimas mayores de edad”, dijo Del Río Ayala. Y agregó: “Se les explicó cuáles eran las posibilidades: que se lo condene por abreviado o que se vaya a un juicio. Dentro de esta decisión que se tomó en conjunto con las víctimas se les explicó el riesgo que existía cerrando un abreviado de que el tribunal vuelva a revisar esto. Por eso me parece destacable que el tribunal condenó tal como se presentó el abreviado. Porque el tribunal de un procedimiento abreviado también tiene posibilidades de revisarlo porque se hacen controles de legalidad y podrían haber dicho que estaban prescritos. Sin embargo, en la audiencia se explicó en qué circunstancia se llegó a este pedido de condena y qué fue lo que se discutió durante la investigación”.

Sobre la condena, Del Río Ayala opinó: “El monto de pena no refleja lo que es el caso. Pero ellas (por las víctimas) estuvieron de acuerdo y se les explicó por qué no se pidió más pena, y que si hubiéramos ido a juicio hubiera sido más alta la pena, pero siempre se les explicó las posibilidades y los riesgos de que se lo termine condenando por dos hechos y no por los seis. En este caso puntual dije a todo o nada. Mi decisión siempre fue respetar lo que ellas decidieran, con la información de todas las posibilidades judiciales que había. Es un caso muy particular y no podía ser de otra forma”.

Las pruebas

En relación a la recolección de pruebas, en el fallo se describe que hay más de una decena de testimonios que acreditaban el contexto junto con llamadas, mensajes y otros registros. En relación a los peritajes, la fiscal precisó: "Se utilizó en este caso, algo que no se puede usar en todos, que son los peritajes de daños físicos. No son los peritajes típicos psicológicos. Son evaluaciones particulares que analizan distintos aspectos de la víctima, que más allá del relato, se van vislumbrando a través de entrevistas y test el impacto, las consecuencias o secuelas de los hechos en la persona. Requieren de los profesionales que realizan estos peritajes una preparación especial. Eso se pudo comprobar con todas las víctimas mayores de edad en este caso".

Los tiempos de las víctimas

Al ser consultada si este caso podría abrir las puertas a otros donde se tarda mucho tiempo en poder realizar la denuncia, la fiscal explicó: “Tenemos un montón de denuncias de víctimas que hoy son adultas y que desde la interpretación tradicional de los plazos los casos estarían prescriptos. No se puede decir que a partir de esto cambió la interpretación, no. Cada caso va a haber que litigar porque no cambia la interpretación, pero es un precedente enorme, importantísimo. Se trata de un caso sin precedentes en la provincia en el que se hizo una interpretación de los plazos de prescripción ajustada a los derechos humanos de las víctimas”.

“Nos da un aliento para luchar por esto que es una realidad, que las víctimas denuncian cuando pueden. En cuanto a sus tiempos subjetivos pero también en su posibilidad de denunciar. Hace 20, 30, 40 años que una niña se presente en una comisaría a denunciar que era víctima de abuso la verdad que no iba a ser escuchada, y aunque lo hiciera probablemente la iban a tratar de loca. Es muy probable que no iba a ser acompañada por el resto de su familia tampoco, no era lo que pasaba. No había condiciones, ni organismos como ahora que puedan escuchar y acompañar. No significa que todos los casos vayan a tener la misma suerte. Hay una realidad, cuando pasan muchos años es muy difícil investigar un abuso. Luego de mucho tiempo es muy difícil, altamente complejo”, indicó.

En relación a cómo recibieron las víctimas de este caso la condena y la resolución del tribunal, Del Río Ayala contó no todas lo vivieron de la misma manera ya que algunas fueron a la última audiencia y otras no: “A unas les costó un montón declarar, y entender que él podía llegar a recibir una sanción penal por estos hechos. Tal vez porque nunca se les había representado que estaba esta posibilidad. Otras consideraban en vano la denuncia y que haya un proceso penal, por lo que fue muy fuerte el proceso en sí. Y algunas, como nunca habían pensado estar inmersas en un proceso penal por estos hechos, cuando vieron que la causa avanzaba y que había posibilidades, por más que siempre advertimos de los riesgos de prescripción, siguieron el caso”.

“Entonces, la primera resolución fue como que se lo esperaban. Fue una sorpresa la segunda instancia y como vieron que la causa avanzaba, esperaban la condena. Cuando fue la audiencia se presentaron, hablaron ante el juez. Le dijeron lo difícil que fue para ellas llegar a esta instancia y lo importante que era. Fue muy fuerte. Pero estuvieron agradecidas y conformes con la resolución”, concluyó la fiscal.

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