Organismos de derechos humanos rechazan una sentencia de los Tribunales Federales en Santa Fe

Este viernes se conoció la sentencia del juicio contra Héctor Melitón Martínez (teniente, militar); Víctor Carlos Nicolás Stahlberg, Ricardo Antonio Olivera, Rodolfo Alberto Gómez Trintinaglia y Elbio Eduardo Picollo (expolicías federales); y Lucindo Delio Benencia (expolicía provincial). El juicio comenzó el 30 de mayo de este año, y continuó todos estos meses con alrededor de 50 testigos. Se juzgó a los imputados por los crímenes sufridos en Santa Fe a 21 personas en 1976: 18 secuestros y detenciones ilegales; los asesinatos de los militantes peronistas Carlos Cattáneo y Fernando Lucio López; y el secuestro, tortura y la muerte del obrero Juan Clemente Chazarreta.

La fiscalía (Martín Suárez Faisal) y la querella de H.I.J.O.S. solicitaron para los ex policías y del Ejército prisión perpetua por el homicidio de los dos militantes durante uno de los operativos. Sin embargo el Tribunal integrado por José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Germán Sutter Schneider los condenó a penas de entre 3 y 9 años de prisión al mismo tiempo que calificó esos hechos como homicidio en riña o agresión.

Desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe denunciaron: "observamos con preocupación e indignación el derrotero que viene describiendo el Tribunal Oral Federal en los sucesivos juicios contra crímenes de lesa humanidad. Estas sentencias parecieran ir, progresivamente, cambiando y contradiciendo los criterios aplicados a lo largo del histórico proceso que comenzara con el Juicio a las Juntas y se retomara luego de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con los juicios a los genocidas que permanecían impunes. Tras esta nueva sentencia, y la anterior del juicio Laguna Paiva, queda evidenciado que ya no existe la misma voluntad de condenar los crímenes aberrantes, al compás de los discursos de odio y de negacionismo que se han abierto camino en la comunicación social".

En esta línea destacaron que calificar de "homicidio en riña" a una persecución de fuerzas conjuntas de ejército, policía federal y policía provincial que culmina con dos muertos (uno de ellos menor de edad) con disparos por la espalda y varias personas heridas, "rompe con la lógica jurídica aplicada en casos similares".

"Al igual que el monto de las condenas por crímenes iguales. Nueve años por dos homicidios por la espalda, agravados por tratarse de persecución a militantes políticos. Lo mismo en otros crímenes sustanciados en éste último juicio, como el caso del militante fallecido, destrozado por las torturas que para el tribunal solo mereció la pena de tres años y medio", reclaman mientras apuntan a que esto no es justicia.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también expresó el sábado “preocupación frente a las penas irrisorias”.

Penas

Martínez ya cumple una condena a 12 años de prisión por “privación ilegal de la libertad agravada” y “tormentos agravados” a tres militantes políticos, desde mayo de 2019. En este juicio, de acuerdo a la sentencia a la que accedió UNO Santa Fe, el ex oficial del Destacamento 122 de Inteligencia del Ejército recibió una pena de 7 años más.

Stalhberg, Piccolo, Olivera y Trintinaglia, ex miembros de la delegación Santa Fe de la Policía Federal, recibieron nueve años de prisión por su responsabilidad en dos homicidios y el secuestro y tormentos contra tres personas. Y el ex policía provincial Lucindo Benencia, quien recibió 3 años y 2 meses de prisión.

Los hechos

Los primeros hechos investigados ocurrieron en enero y febrero de 1976, antes del golpe cívico-militar, que durante varios operativos fueron secuestrados nueve militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y otros dos fueron asesinados, Carlos Cattáneo y Fernando Lucio López. Al mes siguiente, en marzo, fueron secuestrados los militantes peronistas José María Ramat, Carlos Alberto Gorosito y Oscar Roberto Figueredo. Entre fines de octubre y comienzos de noviembre de 1976, otros seis militantes del PRT fueron detenidos ilegalmente en operativos en la provincia de Santa Fe y de Buenos Aires.

Las personas secuestradas fueron llevadas a diferentes centros clandestinos de detención de la zona, como la Comisaría Primera, Comisaría Cuarta y la Jefatura de Policía, donde fueron vejados y torturados. También fue parte del juicio los hechos de los que fue víctima el obrero Juan Clemente Chazarreta, secuestrado el 13 de mayo de 1976 y llevado a la Comisaría Primera, donde fue salvajemente torturado hasta morir y su asesinato intentó hacerse pasar por un suicidio.

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe destacó: "El «Nunca más», los pilares de Memoria, Verdad y Justicia son consensos que enorgullecen a los argentinos: que las acciones del poder judicial no contribuyan a destruirlos y continuaremos en la lucha contra la impunidad como lo hemos hecho a lo largo de los años".

Grave

En diálogo con UNO Santa Fe, Luis Larpin, representante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe adelantó que van a apelar la sentencia. "Lo grave es que esta sentencia se suma a todas las cosas con las que se fueron dilatando estos juicios. Este juicio llevó más de 10 años poder hacer la etapa de instrucción. Y en el momento de empezarlo quitaron del juicio una parte que era el secuestro y desaparición de Roberto Ismael Sorba (responsable del PRT en Santa Fe, visto por última vez en una comisaría de Paraná en 1976). El juicio se extendió cinco meses sin necesidad de que fuera tan largo. Además al principio no nos dejaban entrar a nosotros a la sala con la excusa del Covid", describió.

Asimismo agregó Larpin: "No sólo es que las penas son muy bajas, sino que se cambia la figura o tipo de crimen para que las penas sean bajas. Entonces aparece por primera vez, por lo menos acá en esta zona, esta cuestión de homicidio entre dos personas. Esto no fue una pelea. Hubo un operativo con varias decenas de efectivos organizados que rodearon una manzana para buscar a un grupo de militantes que estaban refugiados en una casa. Ellos se escapan por los hechos y los agarran del otro lado".

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"Todas esas cosas se ventilaron en el juicio. Están suficientemente documentadas por la misma fuerza, porque incluso aparecieron los registros de la Policía Federal donde decía cómo iba a ser operativo y quienes estaban involucrados. Por eso pudieron ser acusados", agregó el referente.

Por último, Larpin reflexionó: "Este ha sido un paso más de todo lo que se estaban dando porque en todo estos últimos dos o tres años o quizás algunos más. Siguen dilatando los juicios, se concedieron muchísimas prisiones domiciliarias. Hoy más del 80 por ciento de los condenados está en domiciliaria e incluso algunos han pedido el beneficio de la libertad condicional, cosa que no corresponde para juicios de lesa humanidad. Acá en nuestra ciudad hace un año que está la orden de revocar la prisión domiciliaria del condenado militar Brusa, y es este Tribunal que debe decidir. Tiene que ver con lo corrompido que está el sistema judicial en Argentina".