Piden que se preserven los vínculos familiares de los presos de toda la provincia

La titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP-, Jaquelina Balangione, junto con el el Defensor Regional de Santa Fe,  Leandro Miró, presentaron una denuncia de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de las personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en unidades penitenciarias muy distantes de sus familiares. Dicha denuncia consideró que la situación de distintos presos de la provincia constituyen "un agravamiento ilegítimo en las formas y condiciones de detención".

Mediante un comunicado oficial, el organismo destacó que el argumento de recurso judicial interpuesto en la Justicia provincial "encuentra sólido respaldo jurídico en las normas previstas tanto en Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, en la Constitución Nacional y en la Ley de Ejecución Penal, como así también en Recomendaciones de Organismos Internacionales y Reglas y Principios sobre personas privadas de su libertad".

Los funcionarios además citaron las disposiciones del decreto provincial 4127/16 que establece el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad. "El decreto reglamentario mencionado refiere a supuestos en que el lugar de alojamiento no coincide con la residencia familiar, admitiendo la posibilidad de traslados. No obstante, de acuerdo a los relevamientos realizados por el SPPDP, se ha comprobado la falta de este tipo de medidas ya que la capacidad de las unidades penitenciarias se encuentran saturadas, por lo que resulta imposible realizar traslados", explicó el comunicado.

En esa linea,  las autoridades de la defensa pública provincial solicitaron a la Justicia que habilite una instancia de diálogo con autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe y con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas a efectos de arribar a una solución permanente al problema denunciado, "previéndose además medidas transitorias que aseguren el vínculo familiar".

"La experiencia diaria refleja el sacrificio y los recursos que los familiares deben destinar para afrontar los gastos de traslados y por ende, generar y/o sostener el vínculo ante la falta de contacto familiar, afectándose otras garantías como el interés superior del niño para el caso de hijas e hijos menores de edad y otras situaciones que hacen trascender la pena del imputado a terceras personas", concluyó el organismo.