La AFA judicializa el pedido de veedores de la IGJ

La Asociación del Fútbol Argentino anunció que recurrirá a la Justicia para frenar la veeduría impulsada por la Inspección General de Justicia, que pretende relevar documentación contable y financiera de la entidad. Desde Viamonte sostienen que la medida es improcedente y anticiparon una ofensiva judicial en todas las instancias.

En un comunicado de tono enérgico, la conducción que encabeza Claudio Tapia rechazó la designación de veedores solicitada al Ministerio de Justicia y advirtió que no aceptará “intromisiones ilegítimas” basadas, según expresaron, en hechos falsos o interpretaciones tergiversadas. La entidad entiende que el requerimiento excede las facultades de fiscalización ordinaria.

Estrategia judicial y antecedentes

La AFA adelantó que presentará recursos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es obtener una resolución que desestime la veeduría y ratifique la autonomía institucional de la asociación civil que rige el fútbol argentino.

En ese marco, la entidad evocó el antecedente del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), vinculado políticamente a Patricia Bullrich, cuya intervención fue anulada por la Sala M de la Cámara Civil por supuestas vulneraciones al debido proceso. Según la AFA, los argumentos utilizados entonces por la IGJ guardan similitudes con los esgrimidos en la actualidad.

Debate de fondo: modelo de gestión

Más allá del expediente administrativo, en Viamonte interpretan que el trasfondo del conflicto remite al modelo de organización del fútbol argentino. La AFA se manifestó históricamente en defensa de las asociaciones civiles y deslizó que existe una intención de avanzar hacia las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un esquema resistido por buena parte del arco dirigencial.

La IGJ, por su parte, aclaró que la designación de veedores no implica intervención ni sanción, sino una instancia informativa destinada a verificar presuntas irregularidades contables. Sin embargo, la AFA sostiene que la medida afecta su normal funcionamiento y vulnera su marco estatutario.

En un escenario de creciente tensión institucional, el conflicto se traslada ahora al terreno judicial, donde se dirimirá si la potestad de control estatal encuentra límites en la autonomía de la entidad que gobierna el fútbol argentino.