Caso Maxi Sosa: solicitan que la causa pase a la órbita federal

La fiscala que investiga la desaparición de Maximiliano Sosa de tres años, Emilce Fissore, se declaró incompetente ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria de San Cristóbal, Hugo Tallarico, ya que sostuvo que la causa se trata de un caso de trata de personas por lo cual solicitó que sea la Justicia Federal de Rafaela quien se haga cago de la pesquisa.

El pedido fue realizado en base a ciertas pruebas recolectadas a la largo de la investigación tras la desaparición del menor el 21 de diciembre del 2015 en la localidad de Ceres. Dichas evidencias se basaron en que la abuela del niño -hoy con prisión preventiva- se aprovechó de que su hija -la madre del niño- se encontraba internada y por dar a luz un nuevo hijo.

En este sentido, se detectaron en una serie de allanamientos realizados varios electrodomésticos que no pudieron ser justificados en su compra, por la abuela del niño y su pareja, por lo cual, desde la Fiscalía se sostiene que los imputados sacaron un rédito económico por la desaparición del niño. "No pudieron justificar su origen y son electrodomésticos de un valor económico importante teniendo en cuenta los ingresos que han acreditado o han manifestado", explicó a UNO Fissore.

"Todo ello nos lleva a pensar que tenga que requerir al juez de la Justicia provincial que declare la falta de jurisdicción y que el legajo sea remitido a la Justicia Federal en Rafaela", aclaró la funcionaria del MPA. Hasta el momento las únicas personas que se encuentran detenidas por la desaparición de Sosa son su abuela, Patricia S. y la pareja de esta, Ariel M. Los dos permanecen detenidos bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde agosto de este año, luego de que la investigación determinó, en base a escuchas telefónicas, que los dos adultos nombraron al niño y presuntamente evidenciaron su participación en la desaparición. Al respecto, este viernes la defensa apelará la medida cautelar en la Cámara de Apelaciones de Rafaela.