En nueve meses fueron apartados 16 efectivos policiales de la URI

En medio de un contexto donde el gobierno provincial y la Presidencia liman sus asperezas en torno a la seguridad, en las unidades regionales de los distintos departamentos sigue habiendo apartamientos de agentes involucrados -o sospechados al menos- con delitos, apremios ilegales o hechos que los vinculan con el mal desempeño de los deberes de funcionario público.

Así lo revela un informe realizado por la Secretaría de Control de la Fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad. En dicho informe, se detecta que en los últimos nueve meses, fueron desplazados de sus puestos de trabajo unos 16 agentes que prestaban servicios en distintas áreas de la Unidad Regional I La Capital con sede en la ciudad de Santa Fe.

La capital provincial se encuentra en segundo lugar, ya que la UR II de Rosario apartó a 46 uniformados, mientras que en tercer lugar, y muy por debajo, se encuentra la UR VIII (departamento General López) con nueve pasados a disponibilidad.

A estos centros, le siguen: UR IV (Caseros) 6; UR VI (Constitución) 5; UR V (Castellanos) 4; UR XIII (San Cristóbal) 2; UR XIV (San Javier) 2; UR XV (San Jerónimo) 2; UR XIX (Vera) 2; UR III (Belgrano) 1; UR IX (Gral. Obligado) 1; UR XI (Las Colonias) 1, y UR XVII (San Lorenzo) 1. Por otro lado, también fueron apartados agentes de otras fuerzas policiales: Policía Comunitaria, 8; Policía de Acción Táctica (PAT), 8; Seguridad Vial, 7; Seguridad Rural Los Pumas, 1; Control y Prevención de Adicciones, 1; TOE, 1; y otros destinos con tres miembros pasados a disponibilidad. En total hay 127 agentes desplazados.

Control y castigo

"Cuando se lo pasa a disponibilidad ya no es más policía, no tiene más su arma y queda en una situación administrativa stand by. Además pierde un porcentaje de su sueldo -25%-. El proceso puede continuar con una destitución total de la fuerza o en el caso que se comprueba vía judicial que era inocente, se le levanta la disponibilidad", explicó a Diario UNO, David Reniero, secretario de Control de la Fuerza, sobre el procedimiento que afronta un agente al estar involucrado en un ilícito. "Es una medida cautelar", agregó.

Consultado por cuáles son el tipo de casos que mayormente se registran, el funcionario indicó que son variables. Desde defraudación al Estado a los apremios ilegales son algunas de las causas que investiga la Justicia sobre estos apartamientos de la fuerza. De todas maneras, hubo ciertos hechos donde los casos fueron determinantes para que sea el propio gobernador quien firme la expulsión del efectivo. "El caso de un suboficial con 32 kilos de cocaína en Clorinda es uno de ellos", destacó.