La provincia está más cerca de decomisar bienes de origen ilícito

La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves por unanimidad en general y algunas abstenciones en el artículo 17 al proyecto de ley que prevé la creación de un ente autárquico dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,con asesoramiento del de Economía, que se ocupará de la administración, custodia, disposición y también el eventual decomiso de los bienes secuestrados a individuos o bandas que cometan delitos de competencia provincial. Además, el proyecto contiene modificaciones a varios artículos del Código Procesal Penal para permitir, por ejemplo, la incautación preventiva de armas.

Si la norma es sancionada por el Senado provincial -que ahora debe analizarla en comisiones y tratarla en el recinto- Santa Fe sería la primera provincia argentina en contar con esta herramienta para enfrentar al delito organizado.

El presidente del bloque del Partido Socialista, Rubén Galassi, fue el encargado de presentar la iniciativa en la Cámara. El legislador destacó la creación de la Agencia provincial de registro, administración y destino de bienes como parte de "una estructura jurídica y las herramientas para que desde lo legislativo, el Poder Judicial y el Ejecutivo", el Estado pueda hacerle frente a esa "complejidad delictiva que hoy azota a nuestra sociedad".

"Estamos dando una respuesta a la coyuntura con esta ley, porque no tenemos ninguna duda que golpear en las ganancias que genera el delito en la actividad económica de las bandas organizadas es una tarea imprescindible para poder avanzar en condiciones de seguridad que toda la sociedad santafesina nos está demandando. Pero eso no es una respuesta a las apuradas en coincidencia con una movilización importantísima de todos los santafesinos que reclaman mejor seguridad, defensa de nuestra libertad, de los bienes y de la vida. Sino que es un trabajo estructural que se enlaza con otras medidas que venimos aplicando en la provincia", añadió.

En ese sentido, destacó que desde 2012 se creó un área dentro del Ministerio de Seguridad vinculada a los delitos económicos, la actual Dirección Provincial de Investigación Patrimonial, que empezó a delinear los primeros esbozos para estudiar los delitos complejos y los negocios derivados.

Galassi recordó que la provincia colaboró con Nación en la investigación del caso de Delfín Zacarías y en la causa de Los Monos, donde se pudieron decomisar 55 vehículos, siete propiedades y cinco chapas de taxi. Además, el exministro de Gobierno dijo que año a año van creciendo los requerimientos de datos económicos que en las diferentes investigaciones judiciales, provinciales y federales, llegan a esa dirección provincial.

La norma estipula la confección de un registro digital de todos los bienes que sean controlados por la Agencia, no solo para tener un mejor control de los mismos, sino también para garantizar su conservación y que no haya pérdida ni deterioro para luego darles un fin social.

En cuanto a los cambios en el Código Procesal Penal, se modifica el artículo N° 238 para habilitar al tribunal para que pueda disponer la inscripción como litigiosa de los bienes o derechos patrimoniales relacionados del delito u obtenidos directa o indirectamente de actividades ilícitas. También se modifican los artículos 239, 240 y 242 con aportes del diputado Jorge Henn, para permitir, entre otras cosas, la incautación preventiva de armas.

La polémica

La incorporación del artículo 333 bis prevé las dos instancias de decomiso: con sentencia y sin condena. Los reparos de la oposición tienen que ver con posibles planteos de inconstitucionalidad en el segundo punto. Eso llevó a la abstención del bloque de Cambiemos y el de la UCR. En este punto, el diputado Rubén Giustiniani hizo su aporte para ratificar la constitucionalidad de la ley y para salvar las dudas de terceros ajenos al proceso. "Cualquier ciudadano puede comprar un auto de buena fe y que sea robado", argumentó. El legislador socialista (bloque Igualdad y Participación) también incorporó al proyecto la elaboración de un informe anual que se deberá enviar a la Legislatura para que diputados y senadores puedan tener un control de los bienes que quedan en manos de la Agencia.

Por su parte, Roy López Molina (Cambiemos) aseguró que esta norma "va al corazón del problema", que son las ganancias del narcotráfico y reclamó ir por "el paladar negro del narcotráfico" al preguntarse cómo se va a atacar a los profesionales que lavan el dinero del tráfico de drogas. Mientras que pidió no caer en el error de fortalecer el estado de control que termina vulnerando derechos.

En tanto, Carlos del Frade (FSP) hizo un repaso histórico de la legislación contra el narcotráfico, que siempre estuvo orientado a combatir el consumo. Advirtió que el plan nacional contra el narcotráfico de Mauricio Macri va en ese sentido y que "este es un problema eminentemente social".

El diputado del PDP, Gabriel Real, planteó sus reparos a la llegada de las fuerzas federales y fue muy crítico de los dichos de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, a quien acusó de "pasar un límite" y "atentar contra la seguridad de los santafesinos".

La última exposición fue la de la diputada Silvia Simoncini (FJPV), quien pidió sumar para "reconstruir la confianza en las instituciones de la democracia. La política es la única herramienta para dar soluciones. Si vemos las soluciones en las fuerzas federales, primero será la Gendarmería y después algún trasnochado pensará que puede ser el Ejército. En Santa Fe tenemos la responsabilidad de dar soluciones a los ciudadanos", concluyó.